Sumas que restan

Un mal economista —en palabras de Bastiat— es aquel que solo observa las consecuencias visibles de una medida política en la economía; por el contrario, un buen economista es el que puede observar y describir las consecuencias que una medida política puede tener no solo en la inmediatez de su aplicación, sino también en el largo plazo. Y como usualmente pasa, todas y cada una de las medidas que los gobiernos toman en la esfera económica presentan consecuencias en el largo plazo, y no es una casualidad que estas sean, en su mayoría, negativas. El problema con el incremento del salario mínimo está en que solo observamos lo visible, nos quedamos con el efecto inmediato y olvidamos lo importante que es la visión de largo plazo en la economía. Antes de analizar las posibles consecuencias de esta medida es imperativo comprender qué es un salario y cómo es que se determina.

Para comenzar, debemos tener claro que un salario es un precio y, como tal, su determinación depende del mercado. Depende de la relación contractual que establezcan los agentes involucrados en base a diversos criterios, criterios que solo pueden definir el empleado y el empleador, no los políticos desde una oficina. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener que el Estado, no contento con haber establecido ya un salario mínimo, ahora esté pensando en incrementarlo una vez más? Ante esta pregunta, cualquier persona solo se fijaría en lo que puede ver; y lo que se puede ver es que se trata de una medida “positiva” para el trabajador, porque ahora podrá ganar más dinero que antes y podrá satisfacer mejor las necesidades que tiene. Sin embargo, esto no pasa de ser solo verso político, demagogia y populismo.

Si analizamos la evidencia y las lecciones que nos ha dejado la economía, vamos a encontrar que el incremento del salario mínimo no solo no funciona para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino que —contrario a lo que busca— termina generando un problema para el propio trabajador. Si un empleador tiene que pagarle más a sus empleados solo porque la ley lo dice —excluyendo factores como la productividad marginal, especialización, la experiencia, etc.—, termina siendo una carga que soporta el mismo trabajador.

El salario mínimo y sus cada vez más recurrentes incrementos es una de las tantas barreras de entrada que las empresas tienen que superar hoy para competir en el mercado y contratar a más trabajadores. Si el Estado entorpece la actividad económica a través de este tipo de medidas, lo natural es que las empresas o se extingan porque no pueden sobrevivir ante los costos de un salario mínimo cada vez más grande y todos los costos de transacción que implica la formalidad en nuestro país; o solo se vean condenadas a vivir en la informalidad, lo que implica una imposibilidad de crecimiento tanto para las empresas como para los trabajadores.

En cualquier caso, el trabajador es el que termina siendo más perjudicado con las medidas que, en el verso de la clase política y el Estado, solo buscan mejorar sus condiciones laborales. Para infortunio de populistas y demagogos, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones; así que lo último que debemos tener en cuenta en el análisis de estos temas son las intenciones detrás las medidas. Porque, al fin y al cabo, no se trata de la “bondad” del político que se preocupa por el “pobre trabajador”, sino de resultados. Y los resultados son muy claros: elevar el salario mínimo condena al trabajador, en el mejor de los casos, a la informalidad; y en el peor, directamente al desempleo.

En este sentido, habiendo dejado claro que el salario mínimo termina siendo una suma que resta, nuestro horizonte debería ser Suiza, sin salario mínimo y con una regulación laboral casi inexistente, donde el salario medio del trabajador supera los 4,000 euros; y no Venezuela, con salario mínimo y una regulación laboral que persigue a las empresas, donde el salario mínimo no alcanza para las tres comidas del día.