Socavando la democracia

Muchos peruanos se preguntan ¿cómo es que llegamos a esta situación? Y efectivamente surgen muchas respuestas. Pero lo cierto es que, más allá de las debilidades de la democracia, sigue siendo el mejor sistema de gobierno porque implica la participación activa de la ciudadanía en un espacio de diálogo y concertación que debe desenvolverse dentro de cánones previamente establecidos. En este caso, la Constitución del Estado.

Pero si se pretende emplear el sistema democrático para dinamitarlo por dentro, lo que se está haciendo es desconocer el espacio de diálogo y concertación que debe ser empleado como sistema de transmisión de demandas sociales para que el debate político se dé en este escenario. Empero, ello requiere de una cultura cívica que respalde la democracia y la sostenga a lo largo del tiempo.

La democracia como sistema de gobierno en el Perú no es la que ha fallado, han fallado los actores políticos, que es diferente.  Falla Ollanta Humala, quien enarbola la dicotomía entre el agua o el oro con la finalidad de ser elegido, logrando ahuyentar la inversión para el desarrollo de nuevos proyectos (mineros o no mineros), lo que ocasionó que el ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) pasara de 8% a 4% anual como promedio.  

Pero, ¿qué significa en términos sociales la caída del PBI? Menos empleo formal, menores oportunidades de generación de bienestar, mayor insatisfacción y el reforzamiento de la errónea percepción de que la democracia no funciona; ergo, no satisface las expectativas de un segmento creciente de la población. Cuando la pobreza deja de disminuir, el discurso reivindicativo encuentra eco y las opciones políticas que se acrecientan son aquellas que enarbolan la exclusión.

Fallan Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, quienes tuvieron la oportunidad enorme de remontar la desconfianza en el sistema democrático mediante la promoción de la inversión para fortalecer el desarrollo económico, pese a los actos de corrupción obviamente cuestionables (pero a la fecha no ha existido gobierno en el mundo exento de esta lacra).

Fallan Martín Vizcarra, las encuestadoras y los medios de comunicación. El primero, por socavar la legislación que regula el funcionamiento de los partidos políticos y que son los que participan, sostienen y consolidan el sistema democrático.  Lo hace porque quería ejercer el poder sin institución alguna que fiscalice sus actos de gobierno.  En otras palabras, la instauración de una dictadura con fachada democrática que afirma falsamente que el congreso es obstruccionista, cuando lo que hace es cumplir con una de las facultades que le otorga la Constitución para supervisar los actos del Poder Ejecutivo y evitar o disminuir el riesgo que el erario nacional sea víctima de la corrupción.

En resumen, el Parlamento representa a todas las expresiones políticas de la ciudadanía; por lo tanto, su tarea es compleja y difícil porque demanda un gran esfuerzo de concertación y negociación para alcanzar consensos, que por su propia naturaleza toman tiempo. La finalidad del parlamento también es mantener el equilibrio de poderes. 

Recordemos que el quiebre constitucional empezó con las propuestas contenidas en el referéndum del 2018:

1. a) Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y su sustitución por la Junta Nacional de Justicia (¿a quienes representaban? Al mismo Poder Ejecutivo (de manera directa o indirecta).
2. b) Bicameralidad (todos aspiran a instituir un nuevo Senado, pero la coyuntura de desprestigio del Parlamento lo hace inviable a la fecha).
3. c) No reelección de congresistas. Esto ha dado como resultado que, por lo general, quienes llegan al parlamento busquen enriquecerse negociando sus votos a favor o en contra o en abstención, porque se les ha privado de la posibilidad de ganar experiencia y desarrollar una carrera política que trascienda. Ese es el motivo fundamental de la mediocridad –cada vez mayor– de la representación congresal. Muchos candidatos buscan incorporar en sus listas parlamentarias a personajes con mínima calificación con la finalidad de que simplemente hagan lo que se les indica y estén prestos a recibir prebendas a cambio de votos.
4. d) Prohibición de financiamiento anónimo de partidos políticos. En un país donde la democracia está en proceso de consolidación, y que muchas veces ha sido violentada por el revanchismo político, es lógico que los aportantes a campañas electorales deseen mantener el anonimato.  Si la democracia se fortalece, el revanchismo político disminuye porque se va consolidando el respeto a la norma fundacional, que es la Constitución del Estado.

El vizcarrismo le ha hecho un daño enorme a la democracia y su estocada final fue la “negación fáctica de la confianza”, porque empleó este argumento antijurídico para cerrar el Congreso.  Luego, el Congreso que él convocó decidió vacarlo de la presidencia, en estricto cumplimento de la sucesión constitucional.

Fue la oclocracia y una juventud engañada la que atemorizaron a Manuel Merino, encargado constitucionalmente de la presidencia de la república en función al ordenamiento constitucional vigente.  Fue el reacomodo del establishment político que decide una nueva elección de la Junta Directiva del Congreso para que Rocío Silva Santistevan, quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento una vez que Merino se trasladó a Palacio de Gobierno, quien tuvo que dejar dicho cargo para que el nuevo presidente del Congreso sea Francisco Sagasti y, por consiguiente, él asuma la presidencia de la república.

Fallan las encuestadoras, porque le hacen el juego a la antidemocracia al preguntar por la percepción de la población respecto del funcionamiento del parlamento, cuando saben perfectamente que este poder del Estado carece de facultades ejecutivas y, subsecuentemente, no pueden responder por la inejecución de los presupuestos de los organismos del estado que dilatan y postergan innecesariamente la satisfacción de las expectativas de la población.  Fortalecer la democracia implica que todos asumamos las responsabilidades que les corresponden.  

En la actualidad, cuando ciertos analistas políticos dicen que cómo va a ser posible que un poder del Estado que no cuenta con respaldo ciudadano va a asumir la presidencia de la república, ante una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte.  Por supuesto, también fallan los medios de comunicación que hacen eco de este despropósito constitucional.

En el fondo, solo están demostrando estar al servicio de quienes quieren asumir o reasumir el poder y ejercerlo de manera dictatorial bajo un “paraguas de democracia”.  Saben que si renuncia Boluarte le correspondería constitucionalmente ejercer la encargatura de la presidencia al Gral. José Willams, actual presidente del Congreso. Sucede que él, por su formación militar y experiencia en la lucha antisubversiva, tiene mucho más conocimiento y capacidad de decisión operativa como para pacificar el país en el menor plazo posible, consciente que los violentistas buscarán que se produzca un mayor número de fallecidos en las revueltas que promueven.

Falla Francisco Sagasti cuando en una conferencia se anuncia el sinceramiento de las cifras de fallecidos por el COVID-19 y pasamos de aproximadamente 40,000 a 200,000 muertes. Cabría preguntarse, ¿qué acciones tomó para esclarecer lo sucedido? ¿Ordenó alguna investigación? ¿Pidió el esclarecimiento respectivo a los funcionarios de entonces? También, cuando aprovecha su cargo para disminuir los requisitos necesarios para que un funcionario asuma la secretaría de Palacio de Gobierno y facilite el ascenso de Bruno Pacheco, hoy colaborador eficaz en contra de Pedro Castillo. Claro que todo ello causa malestar e insatisfacción ciudadana con la democracia porque los peruanos ven a sus autoridades como quienes personifican la democracia que les resulta imperfecta. 

Finalmente, Pedro Castillo, el sindicalista básico (en palabras de Guido Bellido), 

falla porque personifica otra decepción para quienes lo auparon al poder: la subversión que hoy muestra su cara más violenta, el narcotráfico y la minería ilegal –sus aliados–, que quieren seguir operando con la mayor impunidad posible.  Ellos llegan al poder tras las alecciones más cuestionadas de la historia reciente. Dicen que no hubo fraude, pero permitieron la inscripción de una plancha presidencial incompleta, Pedro Castillo y Dina Boluarte, cuando debían ser tres.  La exclusión de Vladimir Cerrón implicaba la caída de la plancha de Perú Libre, pero el Jurado de Salas Arenas la validó. ¿Cuál es la justificación legal para ello? Ninguna, solo que había la decisión política que ganase cualquiera que no represente al fujimorismo. El vizcarrismo, aliado con el establishment político, decidió entregar al Perú a las fauces de la subversión con tal de acallar a quienes denunciaban los actos de corrupción en que se encontraba comprometido.

Movadef, Conare, Fenatep, etc. socaban la democracia por dentro.  Buscan implosionar la democracia desde el aparato estatal, al cual quieren volver imponiendo un adelanto de las elecciones que pasa por la renuncia de la actual presidente para que luego se convoque a una asamblea constituyente, teniendo como árbitros del próxima proceso electoral al actual Jurado Nacional de Elecciones y a una Oficina Nacional de Procesos Electorales que lo único que garantizan es la continuidad del establishment para seguir engañando a la ciudadanía y dejar sin libertad a todos los peruanos.