SIDH: lejos de los extremos

El tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se encuentra en el candelero. Y ello debido a que ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han generado fastidio y repulsa en nuestro país, por no ser acordes con los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos que, dentro de la OEA, siendo autónoma la Comisión al igual que la Corte del mismo nombre, son duramente cuestionados y con toda razón.

La situación expuesta, como se sabe, ha producido que se presenten diversos proyectos en el Parlamento, ya sea para el retiro de la competencia contenciosa de la Corte o para el retiro total de la Convención. Un asunto que se viene tratando en la Comisión de Constitución del Congreso, a la que han concurrido algunos expertos en la temática de Derechos Humanos para emitir sus opiniones.

En este debate hay posiciones extremas, como también alguna otra que trata de buscar soluciones para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos haga rectificaciones en su normatividad. E incluso en la composición de la Comisión y Corte y el procedimiento para nombrar a comisionados y magistrados que sean imparciales, sin sesgos en sus pronunciamientos.

Las dos posiciones extremas a las que nos referimos son el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos o su permanecer en ella. Ambas posiciones tienen argumentos atendibles, pero con ninguna de esas posiciones se logra lo pretendido. Lo que se desea es que el Sistema se modifique para bien, tanto en su normatividad como en el perfil de los comisionados y magistrados, lo que no se lograría ni con la permanencia del Perú dentro del Sistema –es decir, sin cambios–, como tampoco con el retiro de nuestro Estado.

No olvidemos que el SIDH, tiene por finalidad proteger a los ciudadanos de los excesos en que puedan incurrir los Estados atentando contra los Derechos Humanos, como cuando se producen golpes de Estado y la población queda desguarnecida respecto a los excesos del poder. Ya lo hemos sufrido en épocas pretéritas, como las de Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado, en que sin ton ni son se apresaba a ciudadanos, se les encarcelaba e incluso se les deportaba, entre muchos otros abusos.

La solución podría ser el nombramiento de una comisión de expertos que, en un plazo razonable, haga el análisis situacional, ubique las normas que deberían modificarse, incluyendo la propia Convención Americana sobre DD.HH., así como estatutos y reglamentos de la Comisión y Corte, haciendo al unísono las propuestas rectificatorias, anunciando que si en plazo apropiado no se atienden los requerimiento del Perú, se vería precisado a retirarse del Sistema. Para esto habría también que conseguir el apoyo de otros países integrantes de la OEA, a fin  que respalden la posición peruana.

Es conveniente precisar que ya a partir del año 2007 y gracias al liderazgo peruano, se logró en la OEA ciertos adelantos que, aunque incompletos, nos hacen ver que ese camino es el conveniente.