Secuestrados por la informalidad política

La informalidad es un concepto generalmente asociado a la actividad económico-productiva. Se utiliza para describir a empresas, trabajadores y ocupaciones que operan al margen de los marcos legales y regulatorios o fuera de la economía moderna. Esto repercute negativamente en el crecimiento económico del país, debido a su limitada contribución al Estado en términos de recaudación fiscal. Sin embargo, su presencia y permanencia, al “solucionar” parcialmente el problema del desempleo, contribuyen a mantener una relativa “tranquilidad” en la población.

No obstante, la informalidad ha trascendido su impacto inicial en la economía y actualmente afecta a toda la sociedad peruana, manifestándose en diversas actividades de la vida cotidiana. Se encuentra presente en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte, la salud e incluso en el funcionamiento del propio Estado. En tiempos recientes, este fenómeno ha cobrado fuerza en la actividad política, lo que incide directamente en el funcionamiento y la consolidación de la democracia. Además, intensifica la preocupación e incertidumbre de la ciudadanía ante el aumento de la corrupción, la ilegalidad y la inseguridad. Asimismo, agrava el distanciamiento de los poderes del Estado respecto a su compromiso con la gobernanza, entendida como el “arte o manera de gobernar que busca lograr un desarrollo económico, social e institucional sostenible, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado”.

La expansión de la informalidad en el ámbito político, al estar vinculada al sistema de gobierno y comprometer a los partidos políticos, debe llamar nuestra atención. Tiempo atrás, los ciudadanos se alineaban con los partidos, reconociendo la importancia de participar en la vida política del país a través de estas organizaciones. Esto implicaba asumir roles como militantes, quienes difundían los lineamientos y propuestas programáticas de sus partidos, o como simpatizantes, quienes brindaban un apoyo más pasivo, limitándose a expresar su preferencia en las urnas.

Con el paso del tiempo, los partidos políticos perdieron influencia, enfrentándose a una crisis de representación. Esto ocurrió debido a un progresivo distanciamiento de la ciudadanía respecto a su responsabilidad cívica, bajo la percepción de que el sistema democrático electoral podía operar sin su involucramiento directo. En este contexto, surgieron diversas agrupaciones —familiares, económicas, fundamentalistas, barriales, entre otras— sin planes ni programas que promovieran una mejora económica y social para el país. Estas agrupaciones canalizaron descontentos y resentimientos, adoptando un discurso marcadamente antisistema. El resultado de este proceso se ha reflejado en la elección y desempeño de los gobiernos de las últimas dos décadas.

En la actualidad, los partidos políticos serios y sólidos, con estructuras organizativas definidas y militantes comprometidos con sus propuestas programáticas, prácticamente han desaparecido. En su lugar, predominan organizaciones programático-personalistas que han desvirtuado la calidad de la representación y la rendición de cuentas. Este problema se agrava con el creciente número de agrupaciones inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en los próximos comicios generales y regionales: a la fecha, 39 ya están inscritas y 30 más están en proceso. Esto genera una “oferta” excesiva de opciones para un electorado que enfrenta serias limitaciones de información y poca experiencia en el ejercicio responsable de su ciudadanía. Esta situación evidencia el arraigo de la informalidad política en la vida de los peruanos.

Así, no hace falta mucho esfuerzo para comprender que nos encontramos a las puertas de una experiencia democrática limitada, donde la elección de representantes para el Ejecutivo y el Legislativo, por sus posibles resultados, podría poner en riesgo el desarrollo del país. Frente a esta realidad, los partidos políticos que aún conservan una esencia democrática tienen el deber de iniciar una cruzada ideológica. Esta debería estar orientada a explicar a los peruanos las consecuencias de la irresponsabilidad política actual, convocándolos a un proceso de reconstrucción democrática al servicio del progreso nacional.

En este esfuerzo no debe haber lugar para exclusiones, sino para acercamientos en torno a propósitos comunes. Es un momento para sumar voluntades y construir alianzas. Resulta oportuno recordar la afirmación de Martin Luther King: “Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”. Este sueño puede hacerse nuestro para convocar al trabajo político colectivo y romper las redes de la informalidad política que hoy nos tienen atrapados.