Salvo el poder, todo es ilusión

 

Vladimir Ilich Lenin solía emplear esta frase. No obstante, pese a haber transcurrido más de cien años desde que se produjo la Revolución Rusa (1917), un sector de la clase política se resiste a entender que sus propuestas han fracasado. Que la aspiración de la población no es el retorno y fortalecimiento del estatismo, sino la consolidación de un sistema democrático que confíe en el emprendimiento de sus ciudadanos, que no es otra cosa que la convicción en la libre iniciativa privada.

¿Por qué la libre iniciativa privada? Porque la calidad de vida es mejor en los países donde se reconocen las libres interacciones que realizan sus ciudadanos. En ellos, las personas interiorizan libremente sus usos y costumbres, y algunos alcanzan rango de ley. En esas sociedades, las normas se encuentran legitimadas y, por consiguiente, son reconocidas, respaldadas y respetadas.

El reconocimiento y la valoración del respeto implica, en sí mismo, una conducta ética; en consecuencia, una sociedad que se sustenta en valores rechaza la corrupción. El desarrollo económico es el reflejo de un conjunto de interacciones que recrean la libertad, el valor universal más importante después del derecho a la vida. Y, la libertad económica tiene como expresión política el ejercicio de la democracia. La ecuación es la siguiente: la libertad de las personas promueve los valores, genera desarrollo económico y fortalece la democracia.

Cuando algún segmento de la clase política clama por el cambio constitucional, trepándose a la ola de la indignación ciudadana —que compartimos—, lo que realmente busca es retornar al régimen anterior. Se presentan como “la alternativa” y pretenden borrar de la memoria colectiva su paso por el ejercicio del poder. En consecuencia, conocer qué es lo que sucedía en los últimos 50 años nos entrega una perspectiva histórica más equilibrada y razonable para que cada quien forme su propio juicio de valor.

Un indicador que muestra de manera indubitable en qué períodos mejoró o empeoró la calidad de vida de los peruanos es la tasa de inflación anual, expresada en porcentajes por el Banco Central de Reserva del Perú, institución que ha sido calificada como una de las más eficientes del país. Además, se sabe que la inflación —en el Perú y el mundo— constituye un impuesto ciego que es pagado principalmente por los menos favorecidos, a través de impuestos indirectos. Uno de ellos es el Impuesto General a las Ventas.

En 1968, la inflación promedio fue 19.2%. Por entonces, el general Juan Velasco Alvarado asumió el poder mediante un golpe de Estado, derrocó al arq. Fernando Belaunde Terry e inició un programa de reformas en el que predominó la intervención del Estado en la economía. Hasta el año 1980, en las dos fases del Gobierno militar, la participación ciudadana en los procesos democráticos fue suspendida (en 1978 se eligió a una Asamblea Constituyente que produjo la Constitución de 1979, que empezó a regir en 1980). Subsecuentemente, casi todas las interacciones económicas dependían de la decisión de un funcionario del Estado, decisiones que no estuvieron exentas de corrupción. El resultado de las políticas estatales fue que la inflación promedio alcanzó 59.2%.

En 1980, el arq. Fernando Belaunde asume el poder democráticamente, pero mantiene los lineamientos de la Constitución de 1979, caracterizada por respaldar las políticas intervencionistas del Gobierno militar. El resultado al concluir su mandato (1985) fue 163.4% de inflación promedio. A lo que habría que adicionar los estragos producidos por el Fenómeno de El Niño de 1983 (que contrajo el Producto Bruto Interno en –11.8%) y el surgimiento de los grupos terroristas que consolidaron su accionar en dicho período.

En 1985, el primer Gobierno de Alan García mantuvo y profundizó las políticas estatistas. El resultado de no implementar un profundo programa de reformas constitucionales y económicas fue que la inflación promedio alcanzó 7,481.7%. También fueron los años en que el terrorismo, la versión extrema del estatismo, desafió la supervivencia del Estado nacional.

En 1990 el Perú inicia un profundo programa de reformas orientado hacia la libertad económica (que algunos denominan liberal y otros neoliberal), el cual es reconocido jurídicamente por la Constitución de 1993. El año 2000, la inflación fue 3.8% y el 2018 fue 2.19%. El estatismo en el Perú hizo que la pobreza alcance a más del 60% de la población entre 1981 y 1990, cuando el PBI promedio anual registró -0.6%. Anualmente, entre 1991-2000, el PBI creció 4.0%; entre el 2001-2006, el PBI creció 4.8%; del 2006 al 2011, creció 7.0% anual. Libertad económica, expansión del PBI, generación de empleo y reducción de la pobreza a 20%. Entre 2011-2016 retornó un manejo estatista al Gobierno, las consecuencias han sido que la pobreza se elevó en aproximadamente 1%.

Condenar y combatir la corrupción es importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; pero evitemos el tráfico que pretenden los estatistas cuando señalan que hay que cambiar el modelo. Asirse al poder —mediante la participación en procesos electorales— es la verdadera razón que los anima; por ello ahora apuntan sus dardos en contra de la Constitución. Al culminar esta lectura, fije en su mente que la Constitución de 1979 expandió la pobreza por encima de 60%, mientras que la de 1993 la llevó a alrededor de 20%.