Rigor con el corrupto

La Ley 31751 –Ley Soto, Ley Cerrón o lo que fuera, y así hasta el infinito– favorece a los políticos salvándolos de una condena, pero también dándoles continuidad. Por desgracia, la vieja casta política (de todos los colores) tiene la facultad de legislar para sí misma, y una forma de favorecerse es acortar la prescripción y que la persecución penal contra ellos dé ya a su fin. 

Muchos piden un Bukele contra la criminalidad organizada; bien, pero ¿por qué también uno con vigor contra los corruptos? ¿Por qué de paso no crear una legislación anticorrupción rigurosa con un régimen especial? Quien se corrompe debería ser inhabilitado de por vida para cualquier cargo público y, como prevención, mientras sean procesados desde la acusación debieran ser suspendidos de toda participación pública, por si las dudas y salvando la disciplina de un justo juicio. Desde luego que la puridad de los juristas se sentirá mancillada y “el debido proceso” será el cliché para que los sedientos del botín accedan al poder.

Por concurso o por elección, quien fue condenado por meter mano en las arcas estatales no merece perdón ni amnistía ni beneficio alguno. Ojalá el Tribunal Constitucional enmendara su error ingenuo sobre la rehabilitación. Más aún, la prescripción es más impunidad que garantía cuando quien se mantuvo lejos de las garras de la justicia vuelve una vez vencido el calendario, y vuelve todavía a las arcas del poder.

En realidad, si hay una condena, el delito no debería desaparecer con el tiempo, como no muere la memoria. Mientras se sea permisivo con los políticos en razón del garantismo penal, se repetirá el ciclo interminable de la corrupción que bien nos describiera el historiador Alfonso Quiróz en Historia de la corrupción en el Perú. Quien lo lea entenderá que la política desde el virreinato hasta hoy es del dominio de una casta patrimonialista, desde el peluquín a la banda presidencial.

El patrimonialismo es la condición por la cual quien ejerce algún tipo de poder se cree dueño de lo que administra. Hasta el legislador, que no tiene iniciativa de gasto, puede llevarse una tajada negociando obras o robándole al asesor. El patrimonialismo es también una práctica de las grandes empresas que contratan con el Estado. Los contribuyentes son solo los que solventan con su sacrificio el enriquecimiento de los que creen que nuestros impuestos son su botín. La regionalización no sirvió para purificar, empeoró las cosas. Y ya que juegan con nuestro dinero ¡quiénes más indignados que los ciudadanos! Cuando opera la corrupción, el representado es el tonto en urnas. 

Aún no se resuelve si Vladimir Cerrón será habilitado; pero no debiera serlo, porque habilitarlo después de lo que sabemos de Junín es dar carta blanca para que cualquier advenedizo se levante en peso al país. Un país que forjamos nosotros, los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos para que el que no tiene vivienda la tenga sin trafa, para que quien no tenga alimentos tenga qué llevarse a la boca, para que las pistas y las hidroeléctricas sean funcionales y para que los jueces sean magisterio de la ley (y no funcionales a la impunidad).

Antauro Humala promete fusilar a los “presidelincuentes”, pero la sangre no resuelve y la política corrupta no se agota en un puñado de gobernantes; son cientos de funcionarios que han hecho del Estado una charca. Y tanto que admira a Velasco, bien haría en preguntarse si los uniformes angélicos nacionalistas de los 70 gobernaron tan puros sin juez avizor, sin prensa, sin cámara espía y sin control. ¿Una legislación anticorrupción draconiana a partir de un anteproyecto? Sí, pero mejor fuera que una comisión no política de honrados juristas recibiera tal histórico encargo.