¡Resiste, Perú!

Fueron muchos los discursos de odio, rencor y desprecio repetidos una y mil veces para despertar ese malestar, hoy convertido en barbarie. No somos testigos de manifestaciones de protesta; lo que hoy presenciamos son movimientos organizados por agitadores profesionales, remanentes de los movimientos que aterrorizaron al Perú durante los años ochenta con verdaderos actos de terrorismo. Estos atentados son dirigidos por no más de 8,000 rebeldes, son actos terroristas organizados por operadores que utilizan a la población azuzándola y enervándola para ser usarla como fuerza de choque. Pedro Castillo nunca dejó de pensar y actuar como sindicalista radical, tampoco se desligó de los personajes vinculados con los organismos de fachada de Sendero Luminoso, por ello –además de las redes de corrupción– el país estuvo a la deriva.

Dina Boluarte afirma que “nunca abracé el ideario de Perú Libre a pesar de participar en el Gobierno de Pedro Castillo como vicepresidenta y ministra”, lo que motivó su expulsión del partido. A pesar de ello se desligó del régimen solo 12 días antes del final del gobierno de los 497 días. Un año antes de la vacancia de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2021 declaró “Si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él”. Pero fueron solo palabras.

Todo parece demostrar que la aceptación no será uno de los ingredientes que acompañarán al Gobierno de Dina Boluarte. No tiene partido político, tampoco una bancada en el Congreso, las Fuerzas Armadas se han enfrentado a enfurecidos manifestantes sin su apoyo y el pueblo la repudia. Padece además las consecuencias de la permanente agitación de masas de su antecesor, actos a los que ella también contribuyó; pero nadie sabe para quién trabaja.

Mientras tanto Pedro Castillo ha recibido más de 25 visitantes diarios –abogados, congresistas y diversos personajes– aprovechando a las turbas para promover la agitación entre los pobladores apostados frente a la Dinoes, donde el exmandatario está recluido. Luego de los siete días de detención preliminar, la Fiscal de la Nación ha formalizado la investigación preparatoria solicitando 18 meses de prisión preventiva ante el Juzgado Supremo de Investigación. En ese escenario, los presuntos coautores por delito de rebelión y conspiración vienen dando sus testimonios sobre los hechos y la fiscal de la nación ha incluido a Aníbal Torres en la investigación presentada ante el juez.

La pregunta es: ¿quién se beneficia con todo este vandalismo? La vehemencia y los extraños argumentos sobre una supuesta pérdida de memoria o una posible intoxicación de Castillo para obligarlo a leer el discurso golpista –tesis promovida por Guido Bellido, Guillermo Bermejo y la misma Betssy Chávez– solo despiertan sospechas. Estos relatos descabellados con los que incitan a la población parecen tener por objetivo evitar que Castillo hable, confiese sus crímenes y con ello acuse a quienes fueron sus cómplices. 

El resultado son los graves levantamientos en Apurímac, Arequipa, Ica, Cusco, Puno, Tacna, Ucayali, La Libertad y Lima. Pero es justamente en Andahuaylas, la tierra natal de Dina Boluarte, donde se inician los disturbios en el aeropuerto de dicha localidad. Dina ha tenido que hacer frente al rechazo de sus propios paisanos, tomar conciencia de la gravedad de los atentados, lo que ya tiene por resultado siete muertos (entre ellos menores de edad) y numerosos policías gravemente heridos. Tal vez ello ha sido el detonante para dar marcha atrás en su intención de permanecer en el Gobierno hasta el 2026 y reflexionar sobre la necesidad de un adelanto de elecciones. Pero una vez más caemos en manos del Congreso.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado condenando la violencia y “llaman a las instituciones del Estado y a los sectores sociales a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural, crucial para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos”. Una vez más, tanto los desaterrizados miembros de la CIDH como la OEA tienen una lectura errónea sobre la verdadera situación del Perú, no entienden la gravedad del conflicto.