Relojes y publicidad estatal: beneficios indebidos

La presidenta Dina Boluarte ha sido acusada constitucionalmente por Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, por cohecho pasivo impropio. Corrupción, en cristiano. Después del proceso judicial se sabrá si, en efecto, siendo funcionaria pública “recibió, solicitó, directa o indirectamente, donativo o beneficio indebido para hacer un acto propio de su cargo”. En simple, si fue sobornada, coimeada o “aceitada”. 

Boluarte, siendo ministra de la Mujer, habría favorecido indirectamente a Wilfredo Oscorima, presidente regional de Ayacucho, por intermedio de contratos públicos otorgados a personas cercanas a su entorno. He allí, según la tesis fiscal, la razón de los relojes obsequiados.

Está dinámica de cohecho pasivo impropio no es nueva. Es común en las instituciones públicas controladas por la progresía mafiosa. Por ejemplo, durante la gestión del muy “renombrado” Jaime Saavedra, las consultorías y asesorías crecieron exponencialmente en el Ministerio de Educación. Desde entonces, los textos escolares también fueron groseramente adulterados. El dichoso susodicho recibió a cambio –por “acto propio de su cargo”– la gloria, el estrellato, la talla de superministro impulsado por medios de comunicación privilegiados con millonarios contratos de publicidad estatal. Presupuesto de todos los peruanos gastados en avisos con los que los favorecidos habrán comprado los relojes de sus sueños. Cohecho pasivo impropio que nadie investiga. Los medios deberían demoler a los atrevidos, publicar sus audios o videos.

En este escenario caótico vale recordar ciertos dichos tan comunes en las instituciones nacionales, sobre todo en la fiscalía tomada por la progresía: “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley” y “todo en contra tuya si no eres de los míos”. De esto hay ejemplos. Recientemente, la investigación sobre las pruebas rápidas para detectar el covid, contra Martín Vizcarra –por quien más de 200,000 perdieron la vida durante la pandemia–, fue desestimada por “falta de indicios” según el fiscal de la Nación. Desvergonzada impunidad. 

De ninguna manera disculpamos a Dina Boluarte. Repetimos, “si no eres de los nuestros, todo irá en contra tuya”. Y Boluarte no es de ellos, menos Keiko Fujimori, Alan García y los que para ellos –la progresía, el marxismo del siglo XXI– son de la derecha neoliberal. La política real es, entonces, cada vez más dura y desalmada. Peor todavía cuando es judicializada. Perdona y olvida o acusa y encarcela de acuerdo a las directivas seguidas a pie juntillas por los operadores políticos dentro de la fiscalía y Poder Judicial. 

El futuro de Boluarte, de Perú Libre, está marcado. Empeñada en quedar muy mal, no optó por el silencio ni el perfil bajo que engrandecen a quienes carecen de locuacidad e intelecto. No será la última protagonista de episodios destinados a dañar la democracia, la institucionalidad y la sociedad. Seamos realistas: no acontecen cambios sustantivos para bien en el comportamiento de la población. Las autoridades surgen del voto popular, de gente que no interioriza conceptos básicos de civismo y ética. 

Cuesta decirlo: Boluarte será presidenta hasta el 2026. La continuidad presidencial debe respetarse. Ya veremos, conociendo sus vaivenes, qué se les ocurrirá después a los administradores de la justicia. Mientras tanto, el país no puede continuar a la deriva. Con voluntad férrea se debe activar mecanismos de concertación política para alejar a Boluarte del manejo del Estado y establecer un Gabinete respetable y con autoridad. ¿Será esto posible?