¿Quién pone en riesgo la democracia?

 

El jurista austriaco Hans Kelsen afirmaba que detrás de toda norma existía una “norma supuesta”. ¿Cuál es la norma supuesta? Aquella que representa la voluntad de las partes, a la cual confluyen en forma libre, sin coacción alguna. Es decir, un grupo humano, una organización social considera que una norma es legítima y, por lo tanto, está dispuesta a acatarla, cumplirla y respetarla.

En el Perú, durante los últimos cuatro gobiernos —uno con dos presidentes— el ejercicio de la democracia no se consolida porque esta no resuelve los problemas de la ciudadanía. Por eso su descrédito y también el aprovechamiento que quieren hacer algunos sectores que alzan sus voces reclamando el cierre de ciertas instituciones propias de la democracia, la cual estipula la separación de poderes y la existencia de organismos autónomos para la administración de justicia (Fiscalía y Poder Judicial) y los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Promover la prescindencia de alguna de estas instituciones, la elevación de las críticas al nivel de pretender la inoperatividad de alguna de ellas o el sometimiento a los designios de otro poder del estado es socavar la democracia. Son las autoridades las responsables de la reputación de las instituciones, y no son estas últimas las que per se actúan de manera inapropiada, por lo decir lo menos.

El ejercicio de la autoridad legítima proviene de la delegación del poder de la ciudadanía mediante procesos electorales sucesivos, establecidos en la constitución. Y también del ejercicio democrático y no excluyente del poder. No obstante, quienes resulten elegidos para ejercer el Poder Ejecutivo son los responsables de llevar a cabo las decisiones de hacia dónde priorizar y disponer el gasto de los recursos del Estado.

De la sabiduría en la aplicación de dichas decisiones se obtienen dos resultados: satisfacción de la ciudadanía y aprobación de la gestión de gobierno, así como la consolidación de la democracia. Un gobierno poco eficiente en la función pública retrasa innecesariamente las oportunidades de inversión; en consecuencia, no genera empleo productivo y, subsecuentemente, tampoco contribuye a la reducción de la pobreza. Todo ello ocasiona que los indicadores sociales empiecen a retroceder y los índices de aprobación sigan sus pasos.

Emitir pronunciamientos —ya sea a favor o en contra— sobre la labor que desarrollan tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial genera un impacto político en la opinión pública, que ciertamente está indignada ante los hechos de corrupción. Pero ello no implica auparse a los réditos alcanzados por las dos instituciones antes mencionadas.

La judicialización de los hechos de corrupción no corresponde al Ejecutivo. Eso entorpece los procesos de investigación y se brinda —sin proponérselo— argumentos que favorecen a los denunciados, cuando estos señalan que el sistema de justicia en el Perú carece de independencia respecto del Poder Ejecutivo. Por esas expresiones es que la justicia española no aprobó la deportación de César Hinostroza, exmagistrado de la Corte Suprema, y le concedió libertad provisional hasta que concluya el proceso de extradición. Algo similar argumenta el ex presidente Alejandro Toledo.

¿Qué le corresponde al Poder Ejecutivo? Preocuparse por la inversión pública, cuyas estimaciones al primer trimestre señalan que se ha contraído (-0.8%), en tanto que la inversión privada se expandió en 6.9%. Eso explica el crecimiento de la recaudación tributaria y, en consecuencia, los ingresos corrientes del gobierno.

Si los principales ingresos del gobierno se sustentan en el desempeño de la actividad privada, lo lógico es estimular la inversión que realiza este sector para poder contar con más ingresos e invertirlos en infraestructura socio-productiva a favor de la ciudadanía. Por el contrario, si hay más ingresos para el Estado y, al mismo tiempo, menos inversión pública, lo que se demuestra es que hay ineficiencias que deben ser superadas.

Si analizamos la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos cuatro años —y más— veremos que es el PBI primario el que jala a los sectores no primarios, lo que demuestra cierta correlación y complementariedad entre ambos. Si para el caso peruano esto resulta un hecho incontrovertible, cabe preguntarse ¿por qué detener la ejecución de proyectos mineros que consolidan el desarrollo regional y cuyos inversionistas están dispuestos a ejecutarlos en el menor plazo posible?

Ciertamente, resulta incomprensible que se siga dilatando la ejecución de diversos proyectos mineros. Uno de ellos es Tía María.