Quiebre constitucional

El presidente Pedro Castillo ha propuesto preguntarle a la ciudadanía, mediante referéndum, si desea o no que se redacte una nueva constitución en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo. Es evidente que la finalidad del mandatario es justificar su incapacidad para gobernar, señalando que la actual Constitución no lo deja actuar a favor del pueblo. ¡Nada más falso!

Castillo sabe que su iniciativa es inconstitucional y que el Congreso se opondrá;, pero logra posicionar otro espacio de confrontación contra la representación nacional. Perú Libre  –mejor dicho, Perú Sin Libertad– no tiene previsto respetar la Constitución vigente, ni se está con miramientos democráticos. Por eso, la respuesta desde la otra orilla del espectro político también tiene que ir en ese sentido. Recogiendo el guante lanzado por Castillo Terrones, la oposición bien podría enarbolar la bandera: “Si el Gobierno quiere conocer el sentir del pueblo, que también se pregunte si el pueblo respalda la continuidad del Gobierno de Perú Sin Libertad y sus acompañantes de las izquierdas criollas y otros topos”. 

Por su parte, Francisco Sagasti del partido Morado, ha vuelto a reactivar su propuesta de adelanto de las elecciones. Sin embargo, las huestes del moradismo siempre suman sus votos para evitar la vacancia presidencial, que es uno de los mecanismos constitucionales para conseguir que la iniciativa de adelanto de las elecciones presidenciales se lleve a cabo. Otro camino es la renuncia, pero sucede que Castillo manifiesta estar aprendiendo a gobernar. A la fecha, todo indica que sus maestros lo están reprobando de manera sistemática.

El gobierno de “Perú Sin Libertad”, “Juntos Por el Poder” y “Viejo Perú” no da la talla, pese a que gozan de beneficios históricamente altos por la mayor producción minera y el incremento de los precios de los metales, lo que les permitiría hacer un excelente gobierno. Pero no, siguen obsesionados con la captura del poder, con el quiebre de las instituciones tutelares de la nación, como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, los poderes electorales y hasta el clero, según expresó su líder Vladimir Cerrón.

El poder dictatorial o delictivo es el que se impone por la fuerza, por eso rechazan las convicciones democráticas, a las que denominan “pelotudeces”.  La captura del poder en la Venezuela chavista y la continuidad del madurismo responden a ello.  Apelan en todos sus discursos al “pueblo”, pero en la práctica lo soslayan y les interesa muy poco el impacto que sus políticas le ocasionan a la ciudadanía.

El proyecto de ley para que se someta a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente, suscrito por Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres, es antidemocrático porque otorga poderes al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (al cual controlan) para que sean sus miembros quienes decidan a quienes otorgan más representatividad.  En adelante, el principio democrático de: “un ciudadano, un voto” es lanzado al tacho para imponer una nueva Constitución al estilo venezolano.

El quiebre constitucional está en marcha.