Que el mercado diga cuánto vale

Titulizar es más que titular. Securitización financiera es más que seguridad jurídica. Se trata de dar a la tierra (o a cualquier otro bien) un valor de mercado que pueda ser aceptado en el mercado global. Solo de esta manera ese bien encontrará un comprador al precio de mercado, porque se ha establecido la confiabilidad. Si el bien está fuera del mercado, en cambio, vale algo solo para los que están cerca, el precio se forma entre pocos, y si una de las partes tiene información privilegiada la usará en perjuicio de los otros.

El mercado —el juego libre de la oferta y la demanda, que incluye la transparencia de la información—, entonces, es el único modo de establecer de manera objetiva cuánto vale la tierra debajo de la cual hay o puede haber recursos naturales. Si la superficie no está en el mercado, en cambio, las partes nunca podrán ponerse de acuerdo sobre su precio, y los recursos dentro de ella se quedarán donde están, dentro de la tierra. Para contento del interés político que quiere que se queden allí hasta capturar el poder, y permitir solo entonces el acceso, bajo reglas monopólicas.

Solo en el Perú hay US$ 800,000 millones bloqueados porque la empresa a la que el Estado peruano ha concesionado el subsuelo no puede ponerse de acuerdo con quienes, con título o sin él, controlan la superficie. No hay manera de entenderse de manera informada y libre porque no hay un tercero que pueda determinar cuánto vale la superficie. Solo el mercado puede hacerlo, no el Estado.

La única forma, sin embargo, de saber el precio de mercado es titulizar esa tierra para ponerla en el mercado global. No basta titularla. Títulos y certificaciones de toda índole los extienden una vasta lista de entidades del Estado peruano, desde la municipalidad distrital hasta el registro del Gobierno central. Esos papeles no valen nada en el mercado global y casi nada en el mercado local. La tierra entonces termina vendiéndose a vil precio.

El mercado global es un referente confiable del valor de esa tierra, porque solo en ese mercado será público y conocido por todos cuánto vale realmente lo que hay debajo de ella. Si la información es privilegiada, en cambio, y se halla —por ejemplo— solo en el poder de la empresa, pero no de la comunidad, no habrá contrato. O habrá un contrato legal sin legitimidad alguna, que no será firme ni duradero y estará rodeado siempre de la incertidumbre y el recelo. Esto —con el interés político siempre al acecho— minará el contrato, lo incumplirá, lo desconocerá y aparecerá la violencia. 

Solo el día en que el comunero pueda ver con sus propios ojos que el precio de su tierra en el mercado y las acciones de la empresa en la bolsa suben juntos o se caen juntos, cuando la operación progresa o se interrumpe, su interés objetivo será el mismo de la empresa.

Es indispensable que el mercado —no la empresa ni el Estado— diga cuánto vale en justicia no solo el recurso del subsuelo, sino la superficie sobre ella. Para esto no basta titular, hay que titulizar. No basta la seguridad jurídica, hace falta la securitización financiera. No importa cuánto tiempo tome. No hay otro camino legítimo.