Protesta o subversión

A la presidente Dina Boluarte se le atribuye la responsabilidad por las muertes ocurridas entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Se afirma que estos hechos respondieron a la acción de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en contra de quienes ejercían la protesta y que ella es la jefe suprema de ambas instituciones.

Las consecuencias fatales de las acciones violentas respondieron a acciones de “protesta”. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española existen seis acepciones de las cuales se aplicarían las siguientes a) Declarar o proclamar un propósito, b) Dicho de una persona: Expresar, generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad, c) Aseverar con ahínco y con firmeza, d) Expresar la oposición a alguien o a algo.

Ninguna de las connotaciones del verbo protestar hace referencia a destruir la propiedad pública o privada. Tampoco a amenazar, desafiar, atacar a las fuerzas del orden, que están autorizadas para hacer uso de la fuerza pública cuando así se lo requieran las autoridades.

Debe quedar en claro que no hubo protestas. Analicemos lo sucedido, los “manifestantes” argüían que expresaban su respaldo al responsable de un hecho delictivo en contra del orden constitucional. Específicamente a favor de Pedro Castillo, quien habiendo asumido legalmente la presidencia de la República –según los organismos electorales– decide llevar a cabo un golpe de Estado y quebrantar el estado de derecho.

Que una o más personas, desinformadas, engañadas o partícipes conscientes de acciones de violencia a favor de un delincuente no los convierte en protestantes, sino en un grupo de personas que se dejó llevar por cabecillas que actuaban bajo una consigna: imponer una situación de hecho y no de derecho. Y las situaciones de hecho no están amparadas por la Constitución del Estado.

La decisión de restablecer el orden, rechazando a quienes habían organizado el ataque a activos críticos de la nación, como aeropuertos, establecimientos del poder judicial, comisarías entre otros debía ser repelida. Más ún si la acción en banda ocasiona la muerte de soldados que estaban cumpliendo su función en defensa de la ley, así como también el asesinato cruel de un efectivo de la PNP.

Para quienes afirman que las fuerzas del orden cometieron asesinato durante las “protestas,” ¿cuáles hubiesen sido las acciones idóneas para evitar la destrucción de la propiedad pública y privada? ¿Cuál hubiese sido la respuesta idónea ante quienes lanzan elementos contundentes capaz de ocasionar daño y hasta la pérdida de la vida de efectivos de las fuerzas del estado? ¿Dejarse agredir y entregar sus armas para que se repitan las acciones de la subversión de los años ochenta y noventa del siglo XX?

La presidente Boluarte cumplió con su deber de restablecer el orden público, el estado de Derecho y contó, como corresponde, con el respaldo de las instituciones tutelares de la república, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estas últimas defienden el orden constitucional y no al mandatario de turno. Cumplieron con su deber al rechazar el golpe de Castillo, así como también al contrarrestar la acción de los cabecillas de las mal llamadas protestas.

La Constitución garantiza en su Título I: de la persona y de la sociedad, en su capítulo I referido a Derechos Fundamentales de la Persona en su artículo 2, numerales 12: “A reunirse pacíficamente sin armas (…)”, 20: “A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente (…)”. Ninguno de los dos fue cumplido por los “protestantes”, 22: “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso (…)”, este derecho fue vulnerado por quienes llevaron a cabo acciones violentas, y, 23:” A la legítima defensa”, fue precisamente lo que ejercieron las FF.AA. y PNP.