Proceso competencial y fraude electoral

I

Tal como lo advertí en el artículo anterior a la disolución del Congreso, la batalla por el TC era decisiva para la democracia peruana. Así quedó demostrado. El golpe de Estado no sobrevino por la reforma judicial ni por la reforma política, mucho menos por la reforma electoral. Fue descerrajado por la elección de un solo magistrado constitucional, que era lo único que se necesitaba para terminar con el nefasto dominio que, prácticamente desde su elección, impusieron cuatro magistrados constitucionales de clara, aunque insistentemente negada, cercanía al comunismo caviar.

Vizcarra y sus cómplices y aliados comunistas sabían muy bien que, de cambiar la correlación de fuerzas en el TC, su proyecto totalitario era inviable. Con el órgano de control de la constitucionalidad fuera de las manos de quienes carecen del sentido de la dignidad del cargo, sus embates contra el Congreso de la República estaban condenados al fracaso y quedaba muy lejos de la impunidad con que hoy ha logrado imponer su inconstitucional voracidad de poder.

II

Por eso es que la sesión de pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC) realizada el martes pasado ha sido la primera gran desgracia institucional después del zarpazo contra la democracia. La mayoría progobiernista en el TC logró dilatar el ingreso de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Una decisión que les asegura, a los cuatro que forman la mayoría progobiernista, mantenerse en sus puestos hasta la llegada del próximo Congreso, por lo menos.

Por otra parte, también consiguieron derrotar al presidente del TC, quien había preparado una ponencia favorable a la admisión de la demanda de proceso competencial planteada por el presidente del Congreso contra la cuestión de confianza para suspender la elección de los magistrados constitucionales –el ejercicio de una competencia obligatoria del Congreso, conforme al diseño del constituyente–, la caprichosa interpretación del voto de confianza en sentido contrario y la disolución del Congreso fuera del supuesto de hecho previsto en el artículo 134 de la Constitución.

Sin el menor atisbo de vergüenza y protegidos por el coro mediático que domina nuestra escena política, los magistrados constitucionales con vocación de permanencia decidieron encargarle la ponencia a uno de los suyos. Pero no a cualquiera. Le dieron el encargo al que adelantó opinión favorable al golpe de estado y carece del pudor suficiente para apartarse del caso.

III

No hay que ser un zahorí para saber que viene el rechazo de la demanda presentada por el presidente del Congreso. El leguleyo argumento de que no ha sido autorizada por el Pleno del Legislativo, que saben imposible, será esgrimido para crear, contra la homogénea doctrina del TC, una zona exenta de control constitucional.

Obviamente, si por el decreto de disolución el Pleno del Congreso queda impedido de reunirse y no se reconoce que la Comisión Permanente del Congreso asume la condición temporal de órgano plenario, cualquier presidente de la República en el futuro podrá dictar, con razón o sin ella, la disolución del Congreso a sabiendas de que su decisión, por inconstitucional que sea, no podrá ser discutida ante el TC.

El problema que tiene el plan de los cuatro magistrados constitucionales que sueñan con perpetuarse como sea en el cargo es que su decisión no pondrá fin a la discusión. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual deberá pronunciarse en última y definitiva instancia sobre la demanda de acción popular interpuesta contra el decreto de disolución y las que puedan acumularse a ella. Los demandantes y sus abogados deben exigir que el caso sea resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema, como lo permite la Ley Orgánica del Poder Judicial para casos especialmente relevantes.

IV

Los cuatro magistrados constitucionales –de algún modo hay que llamarlos– conocen muy bien los riesgos de su apuesta. Si el próximo Congreso es, como esperan ellos, los oficialistas y su incansable coro mediático, de mayoría gobiernista, seguirán en sus puestos por otro tiempo extra. O, en el peor de los casos, serán reemplazados por magistrados constitucionales afines que se negarán a revisar sus cuestionables decisiones.

El problema surgirá, si esto no se diera así. En tal caso tendrían que rendir cuentas ante el nuevo Parlamento. Así, una correlación de fuerzas adversa al comunismo vizcarrista sería la ruina de los cuatro magistrados constitucionales que se niegan a partir y, obviamente, del gobierno de facto en pleno.

Ésa es la razón por la cual se avecina un fraude electoral. Sea que quieran entenderlo o no los ingenuos, nadie da un golpe de estado para dejar el poder, del mismo modo que nadie vuela la bóveda de un banco para no robar algo. Vizcarra, sus cómplices y aliados del comunismo saben que, si pierden las elecciones parlamentarias, les esperan horas amargas y harán todo lo que esté en su poder para postergarlas y, de ser posible, impedirlas su llegada para siempre.

Así que ya todos sabemos lo que viene. Solo falta ver si estaremos dispuestos a tolerarlo y a salvar nuestro país y lo que queda de nuestra democracia. O nos hundiremos silenciosa e irremediablemente en la oscuridad. Ya veremos.