Políticamente in/correctos

En noviembre del 2000, tras el colapso del fujimorismo, el abogado Valentín Paniagua, de las filas de Acción Popular, fue electo como presidente del Poder Legislativo y, como manda la Constitución de 1993, el Congreso le encargó la administración de la Presidencia de la República, así como la convocatoria a elecciones generales.

Durante los ocho meses que duró su mandato, Paniagua abrió las puertas para que aquellos que pierdan en los procesos electorales democráticos accedan al poder empleando eufemismos como “sociedad civil” y “organizaciones no gubernamentales”. Es decir, aquellas organizaciones que representan los intereses de quienes los financian, ya sea que actúen en concordancia con los intereses del país que los acoge o en contra, como lamentablemente muchas veces ha sucedido en el Perú. 

Los autonombrados “sociedad civil” dicen representar a los grupos sociales organizados; sin embargo, eso no quiere decir que quienes no se organizan bajo las banderas de estos grupos no tengan interés en el buen funcionamiento de la cosa pública, por lo que emiten un voto delegando su representatividad a ciertas organizaciones políticas. Además, existen otros mecanismos para conocer el sentir de la población, que varía según la agenda que decida proponer –generalmente– el titular del Poder Ejecutivo. 

Los colectivos denominados “sociedad civil” también participan de los procesos electorales democráticos, pero, difícilmente logran el respaldo de la ciudadanía. Entonces, se les podrá escuchar como un ejercicio de las buenas normas y conductas democráticas, pero de allí a atender necesariamente sus pretensiones es un error mayúsculo.

Hace bien el gobierno de la presidente Dina Boluarte al cuestionar las acciones de las oenegés, por supuesto, que exhiban sus cuentas, en qué han gastado los impuestos de ciudadanos de otros países, en qué han contribuido al desarrollo del Perú. Existen organizaciones que se jactan de financiar “capacitaciones” a dirigentes “sociales” para prepararlos con la finalidad de que sean más eficientes en el cumplimiento de los encargos de ciertas oenegés que se han dedicado a boicotear el desarrollo del aparato productivo nacional, sea que se trate de proyectos de infraestructura, fortalecimiento del aparato productivo nacional, etc., etc.

El argumento siempre ha sido el “cuidado del ambiente” pero con ojo de tuerto, inacción frente a la minería ilegal y el desastre ecológico en Madre de Dios y otras zonas del país y, en simultáneo, un activismo boicoteador frente a todo proyecto de envergadura que genere desarrollo. Tengamos presente que con Ollanta Humala, dirigentes de ciertas oenegés abandonaron sus cargos para incorporarse al poder ejecutivo, ¿la silla giratoria onegeista? 

Para maniatar a las iniciativas de emprendedurismo, desde un sector de “la academia”, acuñaron la frase de “responsabilidad social empresarial” (RSE), en adelante, las empresas serían las responsables de solucionar los problemas sociales mientras el estado daba un paso atrás. En el contenido de la frase no expresaban lo que ésta representaba. Algo similar ocurre en la actualidad con la ideología de género, que pretende convencer a la sociedad de que el género es un “constructo social”, una “opción cultural” y no un hecho biológico debidamente demostrado a través del ADN de una persona. Que a algunas personas les atraiga otra de su mismo sexo es diferente a decir que la naturaleza es optativa.

Ante todos estos despropósitos, hubo y sigue habiendo un sector que se denomina “políticamente correcto” o que considera que guardar silencio en situaciones límite es lo adecuado. El abandonar los escenarios donde se legisla a favor o en contra del desarrollo económica del país ha significado que sectores vinculados a actividades delictivas como la tala ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal lleguen a conducir –inclusive– poderes del Estado, desde los cuales –como es obvio– ejecutan acciones políticas en favor de estos grupos, quienes ya ejercieron la primera magistratura y volverán a intentarlo en el 2026 a través del cabecilla de la eufemística “minería artesanal”.

En Latinoamérica, esta “corrección política” ha tenido graves consecuencias, Hugo Chávez que en las elecciones de 1998 contó con el apoyo de algunos empresarios venezolanos, quienes creyeron en su discurso “nacionalista”. Desde entonces, el chavismo sigue en el poder reeligiéndose sucesivamente. Tras el fallecimiento de Chávez, lo reemplazó Nicolás Maduro, quien ofreció un proceso democrático libre para las elecciones del pasado 28 de julio, por supuesto…siempre que él sea el ganador. Daniel Ortega en Nicaragua, Diaz Canel en Cuba, Evo Morales en Bolivia, entre otros que, ¡Oh casualidad!, han respaldado la elección del sátrapa venezolano. ¿Cuándo se percatarán los políticamente correctos que, en verdad, son políticamente incorrectos?