Política sin política

La crisis que sufre el Perú no comenzó hoy ni terminará mañana. El Perú padece de un mal sistémico y son demasiados los actores involucrados. El problema central es el desconocimiento de la realidad peruana, sumado a una clase política en ejercicio que no entiende su función, ni las implicancias de la responsabilidad que asumieron al ocupar sus cargos. El egoísmo y la ignorancia son una constante.

¿Cómo garantizar la protección de los derechos y libertades individuales, promover el bienestar económico y social de la población, sin transparencia y responsabilidad? ¿Cómo lograr la paz y tranquilidad que reclama la población si los actores políticos actúan movidos por sus propias agendas y sin intención de ceder a favor del bienestar de los peruanos?

La crisis de hoy es el resultado de una “bola de nieve” que empieza a rodar en 2016; y que se agrava con Martin Vizcarra, la pandemia, el cierre del Congreso de 2020, la actuación de Francisco Sagasti, las elecciones presidenciales en 2021 plagadas de irregularidades, el nefasto Gobierno de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte.

El reclamo de grupos minoritarios pone de cabeza al país y se resume en cuatro demandas: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. Pero la realidad es que buscan un solo objetivo: implantar el modelo del Socialismo del Siglo XXI, practicado por los países que rechazan las medidas asumidas por Perú, cuestionando nuestras decisiones democráticas. Rechazamos la injerencia de esos países en asuntos que competen solo al Perú, pero ellos insisten en ese modelo fracasado en todos los países en los que ha sido implantado. Un modelo que genera pobreza extrema, descontento, éxodos masivos de poblaciones que huyen de la miseria y la ausencia de libertades individuales.

Así, en la región la izquierda forma coaliciones, y hoy los países que saludaron la decisión democrática sobre el nombramiento de Dina Boluarte, retroceden cuestionando las decisiones peruanas en un acto de injerencia sin precedentes, hecho evidenciado en la VII reunión de la CELAC.

Pero a nivel interno son muchos los actores que intervienen, desde los movimientos del Runasur de Evo Morales en la frontera Perú-Bolivia –causando desestabilidad no solo en el Perú, sino también temor en el país vecino–, hasta todo tipo de actores que encuentran un terreno propicio para desencadenar la ola de terror y destrucción que vivimos.

Los actos subversivos fueron organizados y avalados por Pedro Castillo, quien convocó a propios y ajenos dispuestos a contribuir con el caos. Así es como se reactivan los organismos generados por Sendero Luminoso, grupos de extrema izquierda, etnocaceristas, movimientos locales, la minería ilegal, narcotráfico, reservistas descontentos y muchos más. Son tantos actores que resulta difícil trazar un mapa para entender lo que verdaderamente ocurre. Lo que resulta evidente es que sostener la logística de la subversión requiere de ingentes fuentes de financiamiento, y está demostrado que las fuerzas insurgentes no tienen ideales políticos, son actores a sueldo para cumplir con los planes orquestados por una cúpula cuya agenda no es nacional.

Finalmente, los perdedores siempre serán los grupos más desfavorecidos. El pueblo peruano es pacífico y busca trabajar, mejorar sus condiciones de vida; pero son los perjudicados con los cierres de carreteras, cuando su producción agrícola se pudre sin llegar a destino; esos peruanos amenazados por grupos subversivos por intentar vender sus productos y no acogerse a los paros; peruanos que organizan marchas pacíficas porque reclaman el regreso a eso que llamamos normalidad.

En este dramático escenario, las fuerzas del orden se enfrentan a ese vandalismo que no respeta la vida humana. Los policías cumplen con su rol, que es proteger a la sociedad y mantener el orden público, saliendo al frente dispuestos a sacrificar sus vidas para defender a 33 millones de peruanos, buscando mantener el orden, la paz y la seguridad. 

Irónica o dramáticamente, son estos agentes del orden, tan humanos como todos, quienes reciben las peores calificaciones, acusados injustamente por muchos, sin entender que ellos solo buscan defendernos. Un error de la policía es denunciado, magnificado y utilizado para desinformar a la población por aquellos que son justamente los que dirigen la insurrección, el vandalismo y terrorismo que sufrimos.

Información es poder. Necesitamos informes sobre las circunstancias y causas de cada uno de las muertes y heridos; sobre las más de 20 comisarías siniestradas, las ambulancias atacadas; los daños causados; detalle de los bloqueos y sus consecuencias, entre tantos hechos hoy usados para tergiversar la realidad. El Gobierno tiene la obligación de informar sobre todo lo que acontece y esa información oficial debe difundirse también a nivel internacional; para que periodistas irresponsables dejen de dañar aún más la alicaída imagen de nuestro país.