Política exterior para las 200 millas del mar de Grau

Es un error ejecutar la política exterior del Estado según el sentir de las grandes mayorías; es decir, no hay política exterior para las tribunas. Muchas veces la política exterior, que siempre debe hacerse conforme los intereses nacionales, no es popular y, por tanto, carece del aplauso de las grandes masas sociales; pero ni siquiera porque tengan conciencia de rechazo fundado, sino por haber sido ganados por el desconocimiento (muchas veces es lo más probable). 

No es que, llevándose adelante la política exterior, aun con la claridad de su impopularidad, debe creerse que carezca de legitimidad. Por ejemplo, el Perú es un país marítimo por excelencia aun cuando nuestras riquezas marinas no le generen al país los mayores ingresos, como pasa con la minería. Teniendo un largo litoral y con plena soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que se encuentran en la orilla del mar, en cuarenta años transcurridos, en acto marginal a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, los gobiernos sucesivos decidieron postergar la decisión de incorporarnos al derecho internacional del mar vigente y han conseguido, seguramente sin proponérselo, mantener al Perú realmente como parte de los muy pocos países -24 países de 193 que cuenta el globo- que sorprendentemente sigue en acto marginal de impacto fuera de la Convemar.

Los gobernantes que hemos tenido en las referidas cuatro décadas prefirieron no afrontar la poco popular medida por temor a sufrir un proceso político que pudiera poner en riesgo sus permanencias en el poder. Así pasó con Fernando Belaunde Terry, que dio un paso atrás en 1982, instruyendo a nuestros diplomáticos no suscribir la Convención del Mar. Y más bien, para que quede un recodo de esperanza el ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado precisando que la decisión de la firma se postergaba con la idea de efectuar nuevos estudios conducentes hacia dicha decisión. Eso se postergó para las calendas griegas, apagando el descollante trabajo de nuestros negociadores en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que luego de nueve años –en 1982– llegaba a su fin, precisamente dando a luz al tratado que Javier Pérez de Cuéllar en su calidad de secretario general de la ONU llegó a llamar la “Constitución de los Océanos”. 

Esta semana se han cumplido 28 años de la entrada en vigor de la Convemar. Fue precisamente un 16 de noviembre de 1994 en que habiéndose contado la sexagésima ratificación exigida por el tratado, pues comenzó a ser vigente para los sesenta Estados parte, es decir, para aquellos que aceptaron obligarse a su cumplimiento y que hoy llegan a 169. 

Un gobierno, entonces, jamás debe decidir su política exterior según la opinión de la mayoría, pues si la población erradamente no está de acuerdo, no corresponde a quienes tienen el ejercicio del poder político, seguir los antojos de una mayoría equivocada. Hacerlo podría suponer incluso poner en riesgo los grandes intereses nacionales. Precisamente los gobernantes son los primeros que tienen el deber de actuar pensando en lo que más convenga a la patria y solamente en esa actitud es que recién se pueden convertir en serios candidatos a la condición de estadistas.

Un gobierno debe ser consciente de que no debe actuar como esclavo de la opinión pública porque así creerlo lo reduce al mínimo perdiendo fuerza frente a la propia población. Debe por el contrario dirigirla y asumir con claridad que su rol histórico y por antonomasia es ir en la dirección de lo que conviene a la Nación y no como han hecho algunos por los sinuosos caminos de la demagogia. Lo anterior supone que el gobernante debe tener carácter para hacer todo con firmeza y convencido de que es lo mejor para el pueblo, aunque –repito– sea impopular. 

Ahora bien, no es solamente una necesidad que el gobierno oriente a la opinión publica y la encauce por los caminos de la conveniencia para el propio Estado. No. Es muy importante que el gobierno efectúe una evaluación del frente externo del propio Estado y concluya que dicho ámbito se halle de lado o sea compatible con sus intereses nacionales. En el momento actual la tendencia planetaria es a seguir aumentando el número de adhesiones a la Convención del Mar lo que significa que cada vez será un número más abrumador de países que han optado soberanamente en su relación vinculante con la Convemar. No es que el Perú, entonces, pudiera actuar a contracorriente de la comunidad internacional. Todo lo contrario, y esa es una realidad que debería recordarse a los cuatro vientos a la población peruana. 

Como bien dice Hans J. Morgenthau en su formidable “La lucha por el poder y por la paz” no perdamos de vista de que “una población numerosa –léase una mayoría– es un elemento de debilidad más que de potencia”, y por eso un gobierno debe valorar con propiedad aquello que sea conveniente para todos. Lo anterior confirma que muchas veces las mayorías se pueden equivocar y que por esa razón la democracia, aunque altamente apreciada –para mi gusto sigue siendo el mejor y más idóneo sistema político de gobierno que cuenta la humanidad– es también imperfecta. De allí que debemos mirar con mucho cuidado a las recientes tendencias a prefigurar una completa exacerbación al referéndum o plebiscito como una solución a los problemas de carácter decisional en el destino de los pueblos.

Aunque podría referirme a diversos casos en el mundo en los que la aplicación del referéndum realmente podría ser al tiempo que imprudente realmente fatal –es el caso de la pretensión del Polisario de llevarlo adelante a cualquier precio en el pueblo saharaui a pesar de las nulas condiciones que garanticen un mínimo de circunstancias para un resultado serio y justo–, para no desentonar con el objeto de mi artículo, diré con preocupación que la pretendida posibilidad de someter a una consulta popular por referéndum la Convención del Mar entre los peruanos, está decantado que será el fin de este instrumento para los intereses nacionales en el Mar de Grau.

No será difícil confundir más a la gente de lo que con buena fe ya lo está. Sabiendo muchos que jamás hemos tenido un mar territorial de 200 millas porque ni siquiera las hubo en la historia del derecho del mar que las contó hasta solamente tres millas en el pasado, si la población peruana fuera consultada en el sentido de qué preferirá, es decir, el referido más territorial de 200 millas que reitero no existe y el Perú oficialmente jamás la ha referido o las 12 millas del espacio marítimo pegado a la costa del Estado que efectivamente está así referido en la Convención del Mar como uno de los varios que en conjunto suman las 200 millas de soberanía y jurisdicción totales que cuenta el Estado, está claro que la gente va a decir que las 200 millas de mar territorial porque así visto es también evidente de que 200 millas son más que 12 millas y sumergido el pueblo peruano en la trampa, nuestra esperanza de adherir a la Convención del Mar se habrá esfumado para siempre.

Los gobiernos que ha tenido el Perú en los últimos cuarenta años –y mucho menos en las décadas anteriores en que se inició la revolucionaria etapa del denominado Nuevo Derecho del Mar en que fuera formulada la tesis de las 200 millas, primero por Chile y luego por el Perú, en 1947– se esforzaron por introducir en la currícula escolar que la tesis real y verdadera de las 200 millas significa de que el Estado costero cuenta con soberanía y jurisdicción totales sobre sus recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) en toda esa distancia sin condiciones de ninguna clase. Y que dicha soberanía está consagrada de manera intacta en la actual Convención del Mar consagrando, además, la libertad de navegación o sobrevuelo en ese espacio lo que en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú se denomina libertad de comunicación

Existe libertad para que naves extranjeras puedan navegar por el Mar de Grau o aviones sobrevolar esa distancia también gozando del principio de libertad de desplazamiento aéreo como exactamente el mismo derecho le asiste a las embarcaciones peruanas por las 200 millas de los demás países de la comunidad internacional o a los aviones que trasladen a peruanos cruzando los cielos de otras naciones del mundo y en ningún caso el Estado pierde su calidad soberana sobre los recursos -es el carácter socioeconómico que hoy predomina en el derecho del mar contemporáneo. Es decir, que ningún otro Estado podría explotar los recursos que se hallen en las 200 millas sin consentimiento del Estado costero (Perú). Ha sido una completa demagogia atemorizar a la gente diciéndole irresponsablemente que naves extranjeras ingresarán a saquear los recursos en aguas nacionales. 

La política exterior debe ser formulada con responsabilidad. No es posible que los gobiernos no piensen en las decisiones según el interés nacional. Será realmente en vano seguir reflexionando sobre nuestra política marítima nacional si el Perú continúa sin ser parte de la Convención del Mar y conminando nuestras participaciones internacionales a solamente contar a veces con derecho de voz y nunca con derecho de voto, habiendo sido en el pasado la postura o parecer del Perú realmente autorizada y esperada. Nuestros intereses marítimos están desprotegidos y eso es imperdonable. 

La política exterior debe significar una apuesta con carácter y poniéndose los pantalones que se exige a quienes conducen los destinos del país y sin cálculo político. Pronto, el 10 de diciembre de 2022, se cumplirán cuarenta años desde que se abrió a la firma la Convención del Mar, en Montego Bay, Jamaica, y alguien debería insistir al presidente del Perú que la política exterior exige que nuestro país ingrese en el mayor sistema jurídico del derecho del mar que cuenta la humanidad pensando en lo que más conviene al país que es lo mismo que pensando en los auténticos intereses nacionales y en cuyo proceso de construcción el Perú tuvo con sus diplomáticos, internacionalistas, juristas, marinos, militares y otros académicos y expertos, una participación pionera, destacada y con indiscutible liderazgo.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Excanciller de la República