¿Pintados?

 

El rol de un servidor público puede ser honorable. Ejercer en forma capaz, decente e implacable como empleado público en las tareas de ofertar servicios judiciales, médicos, educativos, de defensa nacional o de mantenimiento del orden implica un honor. No por lo mucho o poco de gollerías u ostentación que pudiera implicar el puesto (desde presidente de la República, congresista de la Nación o magistrado del Tribunal Constitucional hasta chofer, vigilante o profesor), sino por el valor de servir en un país donde el desempleo, la desatención y la pobreza golpean a tantos.

No ayuda nada en este panorama que el grueso de nuestra gente espere —aunque infundadamente, por supuesto— recibir servicios impecables de todo tipo, en salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, et al. Pero debemos reconocer que la pobreza peruana no es un mito. Es real. Aunque eliminásemos las rampantes incapacidades y corrupción burocrática que caracteriza casi generalizadamente a nuestros estamentos gubernamentales, dado nuestro exiguo ingreso per cápita, carecemos de los recursos para financiar masivamente los estándares de una oferta pública competitiva —y hasta acaso aceptable— en rubros básicos.

Frente a esta realidad impera la negación y la resistencia politiquera al vocablo privatización. Y es que desde los hogares hasta las escuelas —desde la educación universitaria hasta la inicial— nos han hecho creer que somos ricos. Pero la realidad es otra y distinta: ni con ángeles iluminados en cada puesto de nuestra burocracia alcanzaría para brindar servicios públicos de cobertura y calidad aceptables. Requerimos crecer a un ritmo alto por varias décadas antes de sonreír con fundamento.

Por todo esto es que resulta crucial reconocer que los empleos estatales ni son ni botines ni programas de subsidio masivo. Por el contrario, un burócrata no capacitado, negligente o corrupto (léase coimero, comprado o tolerante ciego-sordo-y-mudo a la ilegalidad) es una verdadera desgracia nacional. Alguien a quien hay que encarcelar implacablemente, aunque los infractores hoy sean muchos miles, y que las leyes peruanas estén construidas para que esto no pase oportunamente.

Con este prólogo ya podemos enfocar un asunto serio. Uno que involucra tanto al indefendible Congreso de la República como los responsables políticos de tres de las llamadas “islas de excelencia” de la administración pública peruana de estos tiempos. Me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos Previsionales (SBS). Aquí vale enfatizar un punto: no me refiero a las instituciones per se ni a sus funcionarios de planta, sino a sus responsables políticos.

El asunto sobre el que deseo puntualizar aquí describe un flagrante fracaso regulatorio. Para comprenderlo sirve de mucho revisar los antecedentes. Y es que desde los años setenta hasta principios de los noventa, sucesivas administraciones peruanas dibujaron un caso concreto de cleptocracia estatal, al esquilmar inflacionariamente los ahorros previsionales de una generación en el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Frente a este cuadro se creó el Sistema Previsional Privado. La idea optada y copiada de Chile implicaba lo opuesto. Que tanto la gente sea dueña de sus aportes (en cuentas individuales en las AFP), cuanto quitar de las manos de un viejo ladrón las jubilaciones de los trabajadores.

Han pasado más de cinco quinquenios desde entonces, y hoy las cifras lucen razonables. A diciembre pasado el saldo de los ahorros compulsivos de los trabajadores en el sistema previsional privado supera ya los US$ 50,000 millones (el colchón financiero más grande de la historia económica peruana), equivalente al 22.1% del PBI. Mientras que el fondo promedio de un sistema de 6.7 millones de aportantes es de US$ 7,264 a abril pasado.

Esto ha sido posible a pesar de una regulación —responsabilidad simultánea del Congreso, el BCR, la SBS y el MEF— muy contradictoria. Hoy no solo se impide la plena diversificación global de los fondos de los trabajadores y se subastan los flujos bianuales de nuevos aportantes, sino que se han alineado las reglas, descuidando detalles básicos en la regulación de sistemas previsionales. A través de la regulación se usan los ahorros de los trabajadores para financiar gasto burocrático mientras se (1) bloquea la diversificación global de los ahorros y (2) se trata de inflar las rentabilidades (asumiendo un nivel de riesgo poco recomendable). Despreciando criterios de regulación prudencial elementales, la regulación ha inducido a concentrar el 65.4% de los montos invertidos (a modo de respaldo de las jubilaciones de los trabajadores) en dos instrumentos de alto riesgo: en fondos mutuos en el exterior (42%) y en bonos de un Gobierno que paga una tasa de interés implícita de 6%-7% anual (23%).

Que pocos congresistas peruanos sepan hoy que un control de precios es una fuente comprobada de desabastecimiento y corrupción, no resulta algo sorprendente. Pero que la SBS, el BCR y el MEF sean los responsables regulatorios de esta situación sí implica algo que merece ser enfocado. A ellos les pagamos para que la regulación sea cuidadosa.

Mucho se puede discutir sobre cómo construir una mezcla de riesgo y retorno previsional. Pero lo concreto aquí implica ponderar —ceteris paribus— los riesgos latentes de algún enervamiento súbito del estrés fiscal peruano o de la economía global, y cómo éste podría afectar severa y negativamente tanto el valor real de los ahorros previsionales de millones de trabajadores cuanto al conjunto de la economía nacional.

A los chicos del MEF, BCR y SBS no les pagamos tan bien para que estén pintados. Ni para ceder a las presiones del Gobierno en aras de financiar sus gastos burocráticos y de publicidad (exposición que ya bordea los US$ 11,249 millones en abril pasado), ni para no ser lo suficientemente celosos con la exposición de riesgo en fondos mutuos. Y no lo olvidemos, el problema aquí no es el sistema previsional privado per se, sino la arbitrariedad y voracidad estatal reflejada en una torpísima regulación y en —digamos— un celo burocrático deficiente.