Perú: último bastión de la democracia sudamericana

Desde hace algunas décadas, y tras la publicación de la tesis The end of history and the last man (1992), de Francis Fukuyama –referida al triunfo ideológico de la democracia liberal, posguerra fría– se observó en Latinoamérica el renacimiento de un nuevo socialismo, reinventado sobre la base de un lenguaje progresista, inclusivo y populista, que se empoderó con Hugo Chávez y se fortaleció con el Foro de Sao Paulo. Esta fusión castrochavista, disfrazada de justicia social, entiende que la idea de progreso empieza sobre la base de una reforma estructural y constitucional del Estado (causante de la inequidad e injusticia social) así como de una estrategia populista, que plantea la redistribución de la riqueza acumulada por el Estado, tras el crecimiento económico promovido por la libre empresa. Un extraordinario negocio político, que busca repartir los excedentes de la bonanza y la estructura histórica de acumulación de capital, en pro de un Estado subsidiario, expropiador y estatista, perturba hoy la estabilidad política y social de las democracias y las economías sudamericanas. 

El modelo de socialismo impuesto por Hugo Chávez y el Foro de Sao Paulo en Venezuela, ha demostrado que no promueve equidad ni justicia social, y que limita la igualdad de oportunidades. Venezuela, cuya esperanza económica se sustenta en el petróleo, ha visto a 5.4 millones de sus pobladores huir de su país; 54% de su PEA está sin trabajo y tiene 3,000% de hiperinflación, además de ser considerado como uno de los países más corruptos de Sudamérica. 

Tras la fiebre expropiadora chavista, por citar un ejemplo, el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ordenó al gobierno de Venezuela pagar por la expropiación de la naviera petrolera norteamericana Tidewater US$ 46.4 millones, más intereses por la nacionalización de sus activos en el país. Esto se suma a otras acreencias que ascienden a casi US$ 3,000 millones, incluyendo la deuda con Exxon Mobil y con Owen Illinois. El régimen de Chavéz expropió además a la multinacional cementera Cemex (de México), y expropió tierras y equipos a los empresarios agroindustriales, generando una indemnización no pagada de US$ 450 millones dólares aproximadamente. Hace poco, en el 2020, la empresa DirecTV sufrió un abuso similar y decidió salir de Venezuela. Toda esta deuda la tendrá que pagar tarde o temprano el pueblo venezolano; como en su momento el Perú pagó las expropiaciones y abusos del socialismo velasquista y aprista. 

El Plan de Gobierno de Perú Libre y su candidato Pedro Castillo propone el mismo modelo de Chávez y del Foro de Sao Paulo. No importa cuántas veces cambie de argumento y propuestas, o firme compromisos, lo evidente es que trata de disfrazar su propuesta para ganar la confianza del electorado. El equipo técnico de Perú Libre”está diseñado para gastar y endeudar, no para planificar y gerenciar la hacienda. Pretende convertirnos en la despensa de Cuba y Venezuela. 

Por esta razón los candidatos del balotaje tendrán que ser puntuales y explícitos sobre los seis ejes temáticos propuestos por el JNE que son: reforma del Estado; recuperación económica y reducción de la pobreza; salud y manejo de la pandemia; infraestructura, desarrollo regional y descentralización; seguridad ciudadana y orden interno; y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

El Perú, podría ser el último recodo de la democracia sudamericana para la inversión privada. El 6 de junio no solo será una fecha de elecciones peruanas en Sudamérica, sino geopolíticamente el día “D” para el futuro de las inversiones y capitales procedentes de Chile y Argentina, que podrían buscar refugio en tierras peruanas, generándonos divisas y empleo.