Pegado con babas

Desde hace ya 40 años, probablemente por la influencia del trabajo de las escuelas de administración en microeconomía, los economistas han abrazado el lenguaje de ese pensamiento filosófico nacido de la empresa privada. Fue la reacción natural del liberalismo del Consenso de Washington de los años ochenta contra la economía política, a la que se juzgó parcializada ideológicamente, politizada.

El precio de ese nuevo marco filosófico fue que el Estado fuera percibido como una especie de megaempresa. La idea fuerza de ese giro estuvo plasmada en el lenguaje. Las palabras claves desde entonces fueron “productividad” y “competitividad”. No en balde aparecen ambas incluso en el nombre mismo de los últimos planes elaborados por el Estado peruano, anteriores a la pandemia, para retomar un crecimiento económico ya decaído para entonces, al debilitarse la defensa política del modelo económico que trajo prosperidad al Perú.

Desde entonces los economistas adocenados repiten como loros esos dos conceptos –productividad y competitividad– y los recetan cual chamanes para todos los males económicos públicos y privados. Solo que hay en nuestro medio una falla de raíz para poder aplicar con éxito esa receta. El remedio es prematuro. Da por resueltas premisas que no existen. Para poder desarrollar la productividad y la competitividad antes tiene que haber propiedad. Y esta no existe realmente. Es la falla en la base de la economía de los países emergentes de todo el planeta.

Es algo tan elemental que se pierde de vista fácilmente. Tomamos la propiedad como un hecho dado, y pasamos la página. Quizá pasaba lo mismo con la mano invisible de Adam Smith como el mejor mecanismo para asignar los recursos y organizar las economías. Viviendo en la Inglaterra del siglo XVIII, donde los temas institucionales de registro y titulación ya estaban resueltos, podía darse por supuesta y sobreentendida la existencia de la propiedad, a tal punto que resultaba ocioso ocuparse de discutir la cuestión. Tal vez no imaginó o no necesitó considerar siquiera que en el resto del mundo, fuera de Europa, la propiedad no era sino un papel, una especie de arrugado título nobiliario sin valor en el mercado financiero.

La propiedad se basa ante todo en la seguridad jurídica. En ausencia de ambas, el intento de inyectar productividad y competitividad a una economía está de antemano condenado al fracaso. El caso es pan de cada día: hoy mismo se lleva a cabo en Lima un importante congreso denominado “de competitividad minera y sostenibilidad social”. ¿De qué sostenibilidad social vamos a hablar donde no hay propiedad? Y, nuevamente, ¿de qué competitividad, más allá de la que aporta la tecnología, si no existe propiedad firme?

La propiedad de la tierra es lo que primero importa. No basta con la ficción de creer asegurada la concesión, otorgada por el Estado, de los recursos naturales del subsuelo a una empresa privada. Ya no es suficiente para que un proyecto minero sea confiable desde el punto de vista de quien invierte. Porque ese título ya no asegura que el recurso podrá ser físicamente extraído y que la operación no será bloqueada por quienes ocupan la superficie.

Hace poco, un gran minero peruano me confesaba, en una conversación privada, que en un determinado proyecto minero había tenido que comprar cinco veces la misma tierra sin poder adquirir realmente la propiedad. Terminó pagando más de lo que le hubiera costado adquirirla a precios de mercado global una sola vez, en lugar de cinco en un mercado local inexistente.

Si no hay propiedad, todo es posesión precaria, todo está hilvanado, sin coser. Todo está pactado con palabras que se lleva el viento; todo pegado con babas, en suma. Ese es el primer problema de la economía del Perú, lo que la limita y no le permite crecer y ser libre, lo que hace posible subordinarla a un Estado fallido.

Pero el gran evento minero no habla del tema. Como diría Vallejo, es un estruendo mudo.