Pandora Papers y la moral política

Evadir el pago de impuestos es censurable desde todo punto de vista. Quienes lo hacen coluden contra las responsabilidades de los Estados en favor de los más necesitados porque con la recaudación de los tributos se construyen hospitales, escuelas, carreteras, puentes, etc. Por tanto, sacarle la vuelta al Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada, es decir, todos los ciudadanos organizados por normas jurídicas, es un completo acto inmoral y debe ser censurado por la denominada moral política, y por supuesto, sancionado por el derecho al quedar constituido en delito, lo que supone ir a la cárcel como sucedió a Alphonse Gabriel Capone (1899-1947), más conocido como Al Capone, el más famoso gánster de todos los tiempos, que fuera el terror de Chicago durante las primeras décadas del siglo XX, y que asociado a sobornos y asesinatos sin que la justicia pudiera imputarlo por evidencias concretas, finalmente pudo ser depositado entre las rejas por el delito de evasión de impuestos, lo que en el imaginario de la sociedad estadounidense es considerado el mayor acto criminal, precisamente porque atenta contra el Estado y la sociedad en su conjunto, dada la vil conducta engañosa y dolosa. 

En nuestra región, donde siguen dominando sociedades con democracias adolescentes, históricos caudillismos al por mayor y algunas dictaduras, ese nivel de aprehensión como límite respecto de una conducta prohibida que configura la referida conducta engañosa, que en derecho internacional privado denominamos fraude, que no es otra cosa que sacarle la vuelta a la ley con la propia ley, sigue aún en pañales. Pero el escándalo que impacta de modo relevante en la axiología política que yace por los suelos, lo será más si quienes actúan bajo la mesa y con las luces apagadas, son las mismas autoridades políticas, es decir, quienes tienen en sus manos la administración del poder político y económico, principalmente, en sus países. 

En ese marco, la revelación por filtración de más de 12 millones de documentos que han decantado, colocaciones de millones de dólares en los denominados paraísos fiscales, es el nuevo escándalo que remece a América Latina y a otras partes del mundo. Aunque de naturaleza distinta por su carga de imputaciones de carácter delictivo de comienzo a fin, pero igual en el fondo, con objetivos ilícitos, al caso de la corrupción brasileña lo creímos el mayor escándalo en nuestros países en los últimos tiempos. Eso no ha sido así. La lista de personalidades o individuos, como quieran verlo en perspectiva de admiración o desilusión, que un especializado y enorme equipo periodístico acaba de descubrir esta semana que se va -no es ninguna cortina de humo como están querido insinuar las estrategias de atenuación persuasiva de las últimas horas-, sin duda que concentra la atención de todos.

La pregunta que salta a la vista es la siguiente: ¿Es ilegal colocar dineros en el extranjero? La respuesta que no resiste mayor esfuerzo para un estudiante del primer año de la carrera de leyes, es evidentemente que no. La gente tiene todo el derecho de colocar sus fondos donde lo considere, creyéndolo más seguro, frente a las enormes inestabilidades que crean los propios gobiernos. Una segunda pregunta sería ¿Es creíble y fiable de buena fe la conducta de una persona con poder en un país de colocar secretamente inmensas cantidades de dinero en el extranjero? Por supuesto que no. Aquí hay dos elementos básicos que, a mi juicio, configuran el derecho para iniciar procesos judiciales a quienes han sido identificados en los referidos paraísos fiscales. De un lado, que son personas relevantes en sus países con acto facultativo para disponer del tesoro público en las mil formas que pudiéramos imaginarnos -incluidas las legales, por supuesto-, y el segundo, la detección de que han recurrido a una práctica totalmente extraña e irregular, impropia de quienes deben mantener o conservar una conducta en todo momento transparente. La censura, entonces, no pasa solamente por el caso de evasión de impuestos. ¡No! Estamos frente a una acción que busca colocar grandes cantidades de dinero sin que nadie lo sepa lo que podría crear la legítima hipótesis de la ilicitud de la proveniencia del dinero y esa línea de la conducta, tremendamente censurable, es lo que podría terminar configurando delito. Así como lo lee. Las revelaciones de los Pandora Papers es solo el comienzo de lo que será en adelante la activación de investigaciones que sin que dejen de ser periodísticas se volverán judiciales. Veremos la dimensión de las consecuencias que producirá, las que veo de afectación política inevitable. A estas alturas de la agenda de nuestros países que se esfuerzan por ganar a la pandemia, la axiología política en el hemisferio está desprestigiada y desde otros espacios del Globo se nos mira con desdén o recelo creando una coraza a la confianza y a la inversión que costará reconstruir. Esa será la mayor factura que, como siempre, pagarán los más vulnerables.