Pacta sum servanda. La palabra empeñada

 

Mediante diversa investigaciones y publicaciones, desde hace varios años se ha venido gestando en el país una corriente discreta, pero creciente, que propugna —con evidencia y data de respaldo— la necesidad de emprender un profundo proceso de reformas en el Perú. Esta exigencia, sin duda, está dirigida especialmente a la clase política de nuestro país. Al respecto, hace pocos meses el Banco Central de Reserva (BCR) ha publicado una investigación que detalla cómo las reformas gestadas a inicios de los años noventa vienen teniendo menor efecto en el crecimiento del país; por ello, recomiendan iniciar una nueva etapa de reformas, acordes con la demandas actuales de la institucionalidad.

Así, en la última semana diversos columnistas —como lo señala claramente hoy Juan Paredes Castro en el editorial de El Comercio— coinciden en ver en la “encumbrada autoridad del presidente Vizcarra” un desajuste entre su aprobación y lo que debiera ser su Gobierno. Bajo esa misma apreciación, pero en el sentido opuesto de baja aprobación, al Congreso de la República, hasta la fecha le ha sido difícil conectar en los temas de interés de la sociedad, emprendiendo diversas reformas que, en forma silenciosa, han sido aprobadas en las legislaturas transcurridas. Creemos que la más importante justamente tiene que ver con la (verdadera) lucha contra la corrupción, eliminando la impunidad ante un hecho de esta naturaleza. Hablo de la aprobación de la Reforma Constitucional que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

No pretendemos en este artículo defender la actual gestión del Congreso de la República. Han sido dos años y medio de circunstancias muy complejas, debido a crisis políticas muy profundas. Pero aun en este escenario se han impulsado determinadas reformas, seguramente en forma tímida. Y varios de estos temas relevantes hay que procurar, concretarlos en Leyes.

Para eso, diversas bancadas y varios congresistas independientes, a iniciativa de Fuerza Popular presentamos una moción multipartidaria para crear una Comisión Especial en el Congreso de la República, con el objeto de “promover el diálogo entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, hacer el seguimiento, analizar, debatir y proponer recomendaciones técnicas para la priorización de la agenda de reformas de interés nacionales hasta la aprobación correspondiente”.

Se ha señalado en forma abierta y explicita que esta Comisión tendrá como misión fundamental la de coadyuvar a cambiarle la vida al ciudadano, articulando esfuerzos entre los diferentes partidos políticos, congresistas (incluso los independientes) y, evidentemente, el Poder Ejecutivo. Esa Comisión impulsaría las reformas que el país demanda y que no hemos sido capaces de siquiera comenzar a hacer; reformas fundamentales para los ciudadanos más necesitados.

Lamentablemente, pese a la suscripción de la referida moción por parte de los propios voceros de las fuerzas políticas, fueron varios los que pretendieron cambiar el acuerdo político adoptado, así como las reglas planteadas para generar el consenso necesario que nos permita alcanzar los fines descritos. Consideramos que esta iniciativa puede ser el espacio para gestar las grandes reformas del país, y para ello las fuerza políticas debemos explorar diversas formas, como la alternancia de la presidencia y otros mecanismos procedimentales. Pero estos aspectos de menor rango no pueden detener la imperiosa necesidad de emprender reformas importantes en el Congreso de la República.

En línea con lo señalado, los proponentes —Fuerza Popular— cedieron la proporcionalidad a la que tienen derecho, como la fuerza política mayoritaria del parlamento, con el propósito de que los demás actores (partidos políticos y congresistas independientes) lograran tener espacio en dicha instancia de consenso. Lamentablemente, al momento de la votación se les exigió a los proponentes una nueva concesión adicional a la renuncia de tener mayoría; esta vez la exigencia consistía en ceder la presidencia de la Comisión. Un requerimiento ante el cual podremos, sin duda, encontrar mecanismos de solución, como aquel planteado en el párrafo precedente, pero que de ninguna manera puede detener el trabajo que debemos iniciar ante la inminencia del cierre de la legislatura actual.

Más allá de lo que finalmente decida la bancada de Fuerza Popular o el pleno en su conjunto, consideramos de suma importancia que todos los congresistas —independientemente de nuestra opción y posición política— acudamos al llamado de consenso que se hace desde esta Comisión. Es el único mecanismo viable, y así está demostrado, para encaminar el desarrollo del país.

Hay que destacar la necesidad de expedir leyes de promoción de inversiones, así como de implementación de servicios básicos. Se requieren reformas de alcance transversal en aspectos fundamentales que ya se encuentran debidamente identificados y hasta priorizados: salud, educación, seguridad, lucha contra la informalidad y la ansiada reforma laboral. Son algunos de los tópicos que debemos sin duda abordar. Sin estas reformas los peruanos que menos tienen se encuentran condenados a la pobreza y al subdesarrollo.

Hagamos historia, respetemos nuestra palabra y logremos el consenso que tanto requiere y demanda el Perú. Ojalá se pueda concretar, y que este Congreso tenga la capacidad de enmendar y atender lo que demanda realmente la población. ¡No permitamos que los odiadores de siempre, los que desean el caos y el radicalismo, saboteen este nuevo esfuerzo de consenso!