OEA: sordos y sin ganas de escuchar

La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó al Perú y partió tan rápido como alma en pena. Se trataba de cumplir con una misión gracias a la invocación de la Carta Democrática, que preveía la intervención de esta organización para emitir opinión si se estaban o no vulnerando los principios de la democracia.

Lo cierto es que no existe vulneración alguna si es que se están cumpliendo los requisitos previamente establecidos en la Carta Constitucional de la República del Perú para investigar al primer mandatario de la nación. Cabe mencionar que el mandatario es quien sirve a la nación y no el que manda ni el que se sirve de la nación. Quizás allí radica la confusión del presidente Pedro Castillo y sus asesores, cuando los trascendidos en la prensa señalan que habría preguntado si podían detener a su hija-cuñada e inclusive a su esposa. Si no entiende lo que señala el texto constitucional, ello no lo exime de responsabilidad. Tampoco sería admisible que se declarara inimputable.

A Castillo parece no gustarle que la oposición o las instituciones autónomas, como la Fiscalía o el Poder Judicial, hagan su trabajo ante los múltiples hechos de corrupción en los que estaría involucrado. Sí se le puede investigar y dejar en evidencia que existen suficientes actos que constituirían la comisión de uno o más delitos en agravio del Estado. Presuponer que el mandatario cuenta con inmunidad durante su mandato para hacer lo que le venga en gana es absurdo, sería aceptar la ejecución de delitos continuados por cinco años sin que nadie esté en la posibilidad de impedir semejante daño a la nación.

La Fiscalía se dirigió al parlamento para presentar lo avanzado en sus investigaciones y solicitar al Poder Legislativo tomar cartas en el asunto. Es decir, tomar una decisión y sancionar políticamente al mandatario si así lo estima conveniente. Todo ello es perfectamente legal y legítima la decisión de los parlamentarios de emitir un voto a favor de la vacancia o decidir mantener a buen recaudo al presidente, pese a la contundencia de las investigaciones y el riesgo que ello implica para el país.

No obstante, la semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a la carga con su proyecto de derogatoria de la ley que especifica cuáles son los motivos por el cual el Poder Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza. Esos motivos ya han sido especificados, y el Tribunal Constitucional ha emitido opinión acerca de la constitucionalidad de la norma que permite un mayor desarrollo de la cuestión de confianza. 

En consecuencia, cabe preguntarse si la Comisión de la OEA ha llegado con un único objetivo: justificar el accionar del presidente Castillo, quien denunció discriminación en su contra y la existencia de una nueva manera de golpe de Estado para sacarlo del poder. O lo que parece meridianamente cierto, ejerce el poder con la finalidad de coparlo, cerrar el Congreso de la República, acallar a todas las voces de la oposición e implantar una nueva dictadura latinoamericana de corte comunista, que le permita a él y su grupo perpetuarse en el poder y aprovecharse del aparato del Estado.