Nuevo ataque a niños y familias por sectores antiderechos

La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República ha aprobado el PL 7579/2023-CR presentado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo que faculta a los padres de familia a exonerar a sus hijos del adoctrinamiento de género de la denominada “Educación Sexual Integral – ESI”. La iniciativa parlamentaria ha suscitado que distintas personas y grupos se manifiesten en contra diciendo que es una ofensiva de grupos “antiderechos”. Un medio local dice, incluso, que se trata de un “proyecto antiderechos” (La República). Si contrastamos estas opiniones con el encabezado del proyecto legislativo —“Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”— salta a la vista que estamos ante algo tan propio de la batalla cultural que vivimos: la lucha por dotar de contenido términos que son fundamentales y a partir de ellos generar corriente de opinión. Lo que para unos es una propuesta antiderechos, para otros, más bien, tutela un derecho.  

Hagamos el ejercicio de analizar de qué derechos se trata y en qué están sustentados.

¿Existe un derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI)?

Para considerar el PL como una iniciativa “antiderechos” tendría que demostrarse que existe un derecho de recibir Educación Sexual Integral (ESI). Y esto no es así. No existe en ningún instrumento vinculante para el Estado peruano una frase que diga que la “educación sexual integral” es un derecho humano. Esto es una falacia. Lo que sí está protegido es que los niños reciban una educación que tenga por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La Constitución del Perú reconoce el acceso a una educación adecuada (art. 16), libertad de enseñanza (art. 13), libre elección del centro docente (art. 13), educación religiosa y respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes (art. 14), respeto a la identidad de los educandos, así como el buen trato psicológico y físico (art. 15), libertad de cátedra (art. 18), y libertad de creación de centros docentes y universidades (arts. 17 y 18).

Por tanto, equiparar ESI con educación sexual de los niños es una inferencia equivocada. Y lo es más decir que quien cuestiona la ESI es un antiderechos. 

Un mínimo análisis muestra que la Educación Sexual Integral (ESI) no es sinónimo de educación sexual. La ESI es una pedagogía determinada para enseñar sexualidad basada en el llamado enfoque de género. El género parte de la premisa de que el ser humano no es sexualmente binario (hombre y mujer) y que la identidad sexual se construye de acuerdo a la autopercepción. Por tanto, la ESI se basa en un enfoque constructivista. Para muchos especialistas esta aproximación es anticientífica. 

Además, la ESI —como su vasta bibliografía proclama— se basa en los “derechos sexuales y reproductivos”. Estos “derechos” parten de la premisa de que toda persona, sin importar la edad, tiene DERECHO a tener relaciones sexuales mientras sean seguras, consentidas y placenteras. Por tanto, como se ha demostrado innumerables veces con pruebas sustantadas en los manuales y textos ESI de distintas instituciones y países, esta pedagogía promueve la actividad sexual en niños y adolescentes como algo normal mientras sea consentido. Inclusive llegan a postular que los padres de familia no deben opinar sobre la vida íntima de sus hijos menores de edad. 

Por otro lado, para controlar las consecuencias evidentes de un ejercicio precoz y activo de la sexualidad, difunden el uso de métodos anticonceptivos, sin permiso o autorización de los padres. Por ejemplo, en el Perú actualmente hay un proyecto de ley (PL 989) en el Congreso que busca que sea obligatorio que todo colegio público contrate a un profesional obstetra como personal de planta para que, entre otros, reparta anticonceptivos a los adolescentes dentro de la escuela sin permiso de sus padres. 

Entonces, se puede afirmar que todo niño tiene derecho a recibir una educación sexual como parte del desarrollo de su personalidad, pero no hay razón alguna —ni jurídica ni de sentido común— que permita sustentar que esa educación debe ser la ESI y que cualquiera que lo cuestione es un antiderecho. Otro problema, y no es materia de este artículo, es explicar por qué esta forma determinada de educar en sexualidad ha sido impuesta como la única aplicable a nuestro sistema educativo.

¿Tienen los padres de familia derecho a elegir la educación de sus hijos?

La estrategia que usan los promotores de la ESI para instalar su narrativa es llamar “antiderechos” a todos los que se oponen a que este tipo de educación sexual sea obligatoria para todos los niños peruanos. Sin embargo, son ellos quienes al oponerse a este proyecto de ley se están oponiendo a que los padres de familia puedan elegir el tipo de educación sexual para sus hijos. Preguntémonos ahora, ¿qué derecho asiste a los padres de familia para ser ellos quienes elijan la educación para sus hijos?

Existe el principio de que los padres son los primeros educadores de sus hijos y tienen un deber y un derecho primario de velar por ellos, educarlos y procurarles todo lo necesario para el pleno desarrollo de su personalidad y para que puedan tener una vida digna. (Art. 6 de la Constitución Política del Perú).  Este derecho primario los faculta a escoger las escuelas y participar en el proceso educativo. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Art. 26,3).

Es importante explicitar que la educación sexual es de tipo moral y ética. ¿Por qué? Porque son materias que forman la conciencia de la persona y les enseñan a ejercer la libertad de acuerdo a ciertos valores y principios. Por tanto, los padres de familia, al ser los primeros educadores de sus hijos en materias de esa índole, tienen todo el derecho de opinar y escoger si sus hijos van a recibir o no una educación sexual determinada. Así como pueden exonerar a sus hijos de los cursos de religión, podrían perfectamente hacerlo de materias que consideren que se oponen a los principios en los cuales quieren educar a sus hijos. Y la educación sexual es una de ellas.

En resumen, los derechos promovidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y distintos instrumentos de derechos humanos (oficiales) sustentan que los padres tienen la libertad y el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que tienen la facultad de ejercer este derecho en las escuelas públicas y privadas.

Vistos ambos puntos en la contienda “antiderechos”, la pregunta que se debe plantear es: ¿quiénes son los verdaderos antiderechos? ¿Aquellos que promueven y protegen el derecho de los padres de familia o aquellos que se oponen a ello mostrándose a favor de la imposición de un tipo de educación sexual (ESI)? 

Sobre el PL 7579

El PL 7579/2023-CR es promovido por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, actualmente presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Este PL, que ha sido aprobado en dicha comisión y que pronto debería pasar al pleno, facultaría a los padres de familia a exonerar a sus hijos de recibir la ESI que en la actualidad, y a pesar de ser anticonstitucional, es obligatoría según el Currículo Nacional de Educación Básica Escolar. No es, como los grupos de antiderechos vienen diciendo, una prohibición. Al contrario, le da a los padres la posibilidad de poder librarse de una imposición que pretende que todos los niños peruanos reciban únicamente este tipo de educación sexual. 

Esta forma de operar no es nueva. Todas las normas o proyectos de ley vinculadas a la agenda de género —que incluye ESI, aborto, identidad de género, distribución de anticonceptivos a menores de edad, entre otros— tienen como línea transversal común la vulneración de la patria potestad. De hecho, la gran batalla que se viene dando a nivel mundial es la de convertir a los niños en “ciudadanos”. Y para que queden merced del Estado o de cualquier otra institución los primero que debe hacerse es quitar del medio a sus padres. Esto, desafortunadamente, ya se logró en muchos países. 

Felizmente en el Perú los padres de familia están librando una feroz resistencia desde hace varios años. Y los grupos antiderechos lo saben. No en vano hace unas semanas el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú - UNFPA lanzó una convocatoria para agencias de publicidad para hacer una campaña a favor de la ESI debido a que había mucha resistencia por parte de los padres de familia. Esta campaña la harán para apoyar a una coalición de ONG nacionales —promotoras del aborto y del género— que está buscando promover una ley para que la ESI sea obligatoria. ¿Algo más antiderechos que obligar a que todos los niños reciban una sola educación de tipo moral y ética?