Mentiras en torno a la inmunidad

Con Manuel López Obrador, actual Presidente de México, cabe discrepar en muchos asuntos; pero su entereza moral es incontestable. Honrando su palabra, presentó un proyecto para que el Congreso azteca eliminara su inmunidad presidencial. ¡Qué diferencia con el mandatario peruano! Exige que los parlamentarios renuncien a sus fueros; más apenas cuestionan el suyo, se angustia hasta el delirio y muestra una doblez monumental.

El pánico oficialista ante la decisión inesperada del Legislativo –que por un instante se rebeló contra la presión gubernamental– les ha hecho perder el quicio. Sus voceros rezongan tonterías y anuncian el fin del mundo. Pero ocultan que la pérdida de la inmunidad del presidente de México no provocó ninguna catástrofe. 

Es mentira que la nueva regla afectaría las funciones jurisdiccionales o administrativas, o que se obstruiría la actuación de los poderes del Estado. Falso en absoluto. Lo que se ha eliminado es el llamado antejuicio (Art. 99º de la Constitución), por el cual el Congreso debía autorizar o no el enjuiciamiento de los altos funcionarios, incluido los parlamentarios, imputados por delitos de función. Esto significa que, ratificada la reforma, la justicia actuará directamente, sin requerir permiso del Parlamento. Como acontece con los ciudadanos.

Estamos en desacuerdo principista con esta desprotección para todos. Sin embargo, demandamos salir del ambiente febril y recurrir a la coherencia. Si el Congreso ya no impedirá el proceso judicial a los congresistas, ¿por qué hacerlo con el presidente, ministros, jueces y fiscales supremos, miembros del TC, defensor del Pueblo, etc.? Si los congresistas acusados se someterán al examen de la Corte Suprema de la República, ¿por qué los dignatarios nombrados no siguen igual suerte? ¿Cuál es el fundamento lógico y jurídico para conservar el privilegio del antejuicio parlamentario?

Si el país recuperara la sindéresis, el debate sobre las inmunidades se circunscribiría al marco de esas interrogantes. Sería obligatorio, por ejemplo, analizar con racionalidad y sin prejuicios la peregrina tesis gubernamental: “Es bueno que los congresistas no gocen de inmunidad; pero es malo, malísimo, que los demás la pierdan”. ¿Se justifica esta diferencia? O, ¿quizá solo se pretende congresistas disminuidos en relación al Gobierno y demás poderes?

Pero entretanto la alevosía enloquezca la esfera pública, los que berreaban contra el Congreso por el supuesto blindaje al fiscal Chávarry y al vocal Hinostroza, ahora defienden con ardor el mecanismo ayer condenado, sin inmutarse siquiera. ¡La falta de coherencia parece no tener límites! Es inconmensurable.