Mentira y política

En el Perú, la mentira ha sido empleada como un instrumento de la actividad política para atacar y desacreditar la validez de los argumentos esgrimidos por quienes se oponen a determinados puntos de vista. En la actualidad, el escenario político gira en torno a la necesidad o no de una nueva constitución. Quienes señalan que es indispensable para alcanzar un “nuevo pacto social”, en función al reclamo de un sector de la ciudadanía, señalan que nos encontramos en un momento de refundación de la nación, que la actual Carta Magna es expresión de un régimen autoritario, olvidando –al parecer– que las constituciones previas tuvieron similar origen y que, ante la interrupción de un período democratizador, quien consolidó un nuevo orden buscó garantizar dicho proceso a través de la redacción de una nueva carta constitucional. 

La Constitución de 1933 surge como respuesta al colapso del gobierno presidido por Augusto Bernardino Leguía. La constitución de 1979 emerge bajo la tutela del denominado gobierno revolucionario encabezado por el Gral. Juan Velasco Alvarado entre 1968-1975 y, continuado por el Gral. Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este último convocó a las elecciones para elegir representantes ante la Asamblea Constituyente de 1979, la misma que tuvo como presidente al fundador del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre y que, las izquierdas de entonces se negaron a suscribir; pero, después de la renuncia-vacancia de Alberto Fujimori en el 2000, pidieron reiteradamente el restablecimiento de la Carta de 1979, ¿contradicción u oportunismo político? 

Estos son hechos que registra la historia republicana del Perú, así que argumentar que la Carta Constitucional de 1993 carece de legitimidad por el hecho de haber sido redactada durante el gobierno de Fujimori resulta una fundamentación endeble. Sobre todo, porque la constitución vigente es la única que fue sometida a ratificación por la ciudadanía. Se menciona que uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un voto singular; es decir, contrario al criterio de la mayoría de sus integrantes, lo cual es legítimo. Pero, como su nombre lo indica, es singular y no representa ni convierte en ilegítimos los puntos de vista mayoritarios asumidos por el colegiado. Porque de ser así, también podría argumentarse que el voto singular de Luis Arce Córdova, magistrado del JNE en el 2021, relacionado a la no ampliación de plazo de presentación de solicitudes de anulación de mesas de votación implicó necesariamente un fraude a favor de Pedro Castillo Terrones y, por lo tanto, su mandato carecía de legitimidad. O la mentira también está jugando un rol activo en el análisis político. 

Por otro lado, se señala que la constitución vigente tuvo legitimidad entre 1993 y el 2018, en referencia a las acciones violentas que ocurrieron tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y que culminaron con la renuncia de Manuel Merino, quien asumió la presidencia en estricto cumplimiento de la sucesión prevista en la Carta Magna. Recordemos que la violencia del 2018 se sustentó en otra mentira, quienes hoy ponen en tela de juicio la constitución del 93 acuñaron la frase: “Merino no me representa”; no obstante que, en el 2000, tras la caída del fujimorismo y el ascenso de Valentín Paniagua a la presidencia del Congreso de la República, seguido de asunción de la primera magistratura, no recibió cuestionamiento alguno. ¿Reflexión u oportuno reacomodo de la argumentación?

En 2018, tras la renuncia de Merino, a quien le correspondía asumir la presidencia de la república era a Rocío Silva Santistevan, quien lideraba la mesa directiva del Congreso de la República; sin embargo, el mismo grupo político que la cobijó y que luego obtuvo un ínfimo respaldo electoral de la ciudadanía, logró imponer una recomposición de la directiva congresal bajo el argumento que “la calle –en alusión a las protestas– no se iba a calmar”. Quien emergió por entonces como presidente del poder legislativo y posteriormente de la república fue Francisco Sagasti (miembro del partido Morado fundado por Julio Guzmán, cuya representatividad para el período congresal 2021-2026 alcanzó tan sólo tres representantes de un total de 130 legisladores). ¿Opción política con legitimidad y respaldo ciudadano?

En la actualidad, quienes señalan que es indispensable un cambio constitucional para “refundar la república” proponen la fórmula del 2018 para “acabar con la violencia” siempre que se siga su guion: primero, renuncia de la presidente Dina Boluarte quien asume por ser vicepresidente en la plancha electoral del partido de Perú Libre de Vladimir Cerrón, en cumplimiento de la sucesión constitucional; segundo, recomposición de la mesa directiva del congreso para que no se haga cargo de la presidencia el Gral. José Williams y elegir a otro que “calme las protestas” y que coincida con el planteamiento de nueva constitución. ¿Coincidencia? ¿Casualidades de la política peruana u otra farsa que pretende imponerse en la azarosa vida republicana?

Que exista descontento por la corrupción de la que han sido partícipes gobiernos apoyados por la izquierda es un hecho, recordemos por quienes apoyaron a Alejandro Toledo en el 2021, hoy retenido en los Estados Unidos por corrupción en agravio del estado; Alan García fue acusado innumerables veces, pero su suicidio extinguió la causa, por lo que no se ha podido establecer judicialmente su inocencia o culpabilidad; Ollanta Humala, respaldado por el Foro de Sao Paulo y Nicolás Maduro; Pedro Pablo Kuczynski contó con el apoyo entusiasta de Verónika Mendoza; como también el investigado Martín Vizcarra; y, Pedro Castillo.

En consecuencia, correlacionar la corrupción existente con un eventual cambio constitución más parece otra farsa que cumple un objetivo político siniestro. Tengamos presente que la Constitución de 1993 sentó las bases para atraer inversión nacional y extranjera directa, generar empleo y emprender la mejora de la calidad de vida de millones de peruanos que hoy engrosan la clase media, esa que repudia el comunismo/socialismo criollo e internacional, aquellos que se niegan a aceptar lo evidente, el fracaso de los regímenes de Cuba ,Bolivia, Venezuela y Nicaragua, principalmente.