Megaencuesta y poder de la desinformación

La revelación que hizo Hernando de Soto, en una entrevista con Beto Ortiz, acerca de la existencia de una megaencuesta periódica de opinión pública hecha por el Estado, y cuyo contenido es mantenido en estricto secreto, es el punto de inflexión de un problema de vieja data. Se trata nada menos que de la confiabilidad de las encuestas privadas de opinión pública que, desde hace muchas elecciones, han ido creciendo en sofisticación y manejo, hasta el punto de no solo informar sino de influir decisivamente sobre los resultados. Porque la desinformación es el poder.

El método es sencillo: mientras crece un candidato que provoca miedo en el electorado, se mantiene en segundo lugar al favorito de la cátedra, que iniciará su arremetida recién en la recta final. El lenguaje hípico es deliberado. Las campañas electorales se han vuelto tan confiables como los hipódromos. Tal vez menos. Y no solo acá, hay que conceder eso. El caso Trump versus Biden y las acusaciones contra Cambridge Analytica, en el caso del Brexit y en la propia campaña norteamericana de cuatro años atrás, fueron campanazos que no han sido escuchados.

En lo que a nosotros concierne, la revelación de De Soto contiene una salida y una solución relativamente eficiente a esta vieja trampa. Es la afirmación valiente y oportuna, de fuentes bien informadas, acerca de la existencia efectiva de este punto de referencia, un telón de fondo de información masiva. Con esa información se puede contrastar a lo largo y ancho de la campaña electoral los resultados de las diferentes encuestas privadas, que suelen discrepar abismalmente entre sí sin que sea posible hasta hoy discriminar quién se acerca más a la realidad. Los resultados de la megaencuesta, realizada de manera permanente y periódica por el Estado, permitiría a cada uno formarse un criterio independiente respecto de lo que realmente está pasando en la opinión pública.

No es que se trate de una información confiable tampoco. Ciertamente podría ser manipulada también por el Gobierno de turno. Pero la vigilancia de la prensa y de las encuestadoras privadas permitirá tener un referente común. Y esta información solo la tiene hoy el Presidente de la República, sin embargo. Y es su deber y nuestro derecho que sea dada a conocer.

Se trata acá de un asunto de interés público, que no puede ceder al interés privado de las encuestadoras, que bien pueden libremente vender su información a quien crean conveniente. Para eso son empresas privadas. Pero esa es una información que podría ser validada por cualquier ciudadano comparándola con los resultados que arroja la megaencuesta, aunque sea inexacta, bajo vigilancia.

Es una función regulatoria y de fiscalización que involucra desde el Indecopi hasta el Defensor del Pueblo. Y que resulta indispensable para dejar atrás toda sombra de duda sobre la manipulación política de la opinión pública. Manipulación contra la que venimos perdiendo la guerra desde hace demasiado tiempo.