Los pobladores del Valle de Tambo son los abandonados a su suerte

Recientemente otro colaborador de El Montonero reflexionaba acerca del abandono en que se encuentra el proyecto minero Tía María por parte del Gobierno. Pero más allá de la importante inversión que representa (US$ 1,400 millones) y su impacto en la recuperación de la confianza de los agentes económicos internacionales, está la población del Valle de Tambo y de la provincia de Islay, en la región Arequipa.

El Valle de Tambo está conformado por tres distritos: a) Cocachacra, en cuyo desierto se ubica el proyecto de cobre Tía María, con 8,984 pobladores; b) Deán Valdivia, con 6,619 pobladores y c) Punta de Bombón, con 6,477 pobladores. En todos los casos, según la información disponible en la web del INEI, actualizada al 2015.

Las tres circunscripciones carecen de plantas de tratamiento de agua potable. En la actualidad sus pobladores consumen agua de plantas antiguas, que no emplean tecnología adecuada para retirar los contaminantes de origen natural, como el boro y el arsénico. Ambos elementos están presentes en las aguas del río Tambo, que abastece las viviendas de los pobladores.

La provincia de Islay en su conjunto tiene 52,630 pobladores, quienes también consumen agua de dichas plantas, con los eventuales efectos adversos para la salud. Es decir, en adición a los tres distritos antes mencionados tenemos a Mollendo, Islay y Mejía. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los abandonados a su suerte?

Si los gobiernos que ejercieron mandato desde el 2008 al 2017 hubiesen sacado adelante el proyecto Tía María, el monto acumulado por canon y regalía minera para el distrito de Cocachacra y para la provincia de Islay hubiesen superado los S/ 790 millones. Actualmente se estima que el costo de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable para toda la provincia ascendería aproximadamente a S/ 700 millones; pero si se hubiese construido años atrás, el monto habría sido menor y los pobladores ya estuviesen disfrutando de agua de mejor calidad. Las enfermedades gastrointestinales hubiesen disminuido radicalmente, así como la desnutrición infantil y la esperanza de vida hubiera aumentado, tal como sucede en zonas consolidadas que cuentan con operaciones mineras formales de gran envergadura.

El Valle de Tambo realmente ha sido abandonado a su suerte. No cuenta con buenos servicios para la atención de la población en lo referente a calidad educativa, atención de la salud ni infraestructura hídrica moderna que garantice contar con agua suficiente para atender la demanda de los cultivos en época de estiaje.

El Valle de Tambo ha sido abandonado porque existiendo la posibilidad real, concreta, efectiva y próxima, de contar con un elemento que impulse la economía local, esa posibilidad se ha visto postergada por indecisiones en la cúspide del poder. Y del otro lado, por la decidida construcción de mensajes carentes de veracidad, capaces de infundir temor respecto de una actividad que —como todas— evoluciona, se actualiza e incorpora tecnología de punta para evitar impactos negativos en el ambiente.

Quienes pierden con la dilación son los pobladores, que ven sus anhelos de desarrollo postergados. Y también las autoridades que, por su omisión, podrían verse sumidas en la orfandad.