Los peligros del Acuerdo de Escazú

La acalorada discusión política de los últimos días nos ha distraído de cualquier otro asunto que no guarde relación con la crisis del gabinete o las bajezas de Pedro Cateriano y compañía. Por eso, es necesario recordar que el Congreso tiene pendiente un tema neurálgico para el país: el Acuerdo de Escazú. Un tratado que intenta disfrazarse de defensa del medio ambiente; pero que en realidad busca favorecer intereses globalistas, cuya ratificación se quiso hacer pasar desapercibida y que, de haberse logrado ese cometido, se hubiera lamentado cuando ya estuviera en vigor y produciendo estragos en el Perú.

Como siempre, la información veraz y objetiva al respecto no ha sido accesible para el grueso de la población, principalmente porque la mayoría se aferra a los medios de comunicación tradicionales para mantenerse “informados”. Pero una vez más, estos no han cumplido con su labor informativa, ya que la mayoría ha hecho mutis sobre este asunto.

Este acuerdo no es novedoso ni único en su género, como lo publicitan algunos de sus defensores, ya que se basa en el Convenio de Aarhus, firmado por todos los países de la Unión Europea, que a pesar de tener más de 15 años en vigor, no resuelve aún la problemática para la que fue creado; al contrario, su aplicación presenta deficiencias y en muchos casos tiene poco impacto en la toma de decisiones. Sus incumplimientos son constantemente denunciados por diversas oenegés –como el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente– ante las Naciones Unidas, lo que genera que los países europeos se enfrenten frecuentemente a organismos supranacionales para resolver cuestiones que solo atañen a sus estados.

En el Perú ocurriría lo mismo, ya que oenegés como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental vienen insistiendo en la ratificación de este acuerdo, a través de visitas frecuentes a los congresistas, invitaciones a desayunos, etc. Pero ¿por qué las oenegés con intereses o financiamientos extranjeros deberían tener derecho a participar en decisiones que comprometen a nuestro país? Los peruanos somos los más interesados en la preservación de nuestro medio ambiente, y no podemos aceptar que organizaciones que tienen sus propias agendas tomen las decisiones sobre nuestros recursos. Mantener nuestra soberanía será el principal problema de ratificarse este acuerdo, pues deja casi la totalidad de nuestro territorio a merced de la normativa y los intereses internacionales, quitándonos el derecho a decidir sobre las materias que el acuerdo recoge.

Países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay no han ratificado o son reacios a ratificar el acuerdo, pues lo consideran lesivo a los intereses de sus naciones. Por lo tanto, su aplicación no sería efectiva, pues su razón de ser es la confluencia de todos los países de la región.

Es importante resaltar que en el Perú la Ley General del Ambiente ya contempla las tres materias que sustenta Escazú. Entonces ¿para qué necesitamos un acuerdo internacional que vuelva a legislar sobre eso? Los derechos de acceso a la información, a la participación pública en la gestión y a la justicia ambiental están en los artículos II, III y IV respectivamente. Además, el Perú cuenta con sistemas de gestión que, entre otras cosas, brindan información que permite la vigilancia ambiental, el desarrollo y la protección del país; algo que se vería afectado con la firma de este acuerdo, pues nos conmina a entregar dicha información. Asuntos tan importantes como la seguridad y defensa nacional no pueden ajustarse a principios como el de “rendición de cuentas”; pues para poder ejercerlos, necesitamos aplicar sin restricciones nuestra soberanía.

Es deber de nuestras autoridades defender al Perú de la intromisión globalista ¡No al Acuerdo de Escazú!