Ley de Armas: un reglamento polémico

Añade exigencias y restricciones que no contempla la ley

En sus postrimerías, el gobierno de Humala ha publicado finalmente el Decreto Supremo que reglamenta y pone en vigencia la ley sobre armas, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil, promulgada hace más de un año por el Congreso. En el entorno de inseguridad que vivimos, la demora deliberada de tan importante herramienta, que llevaba tres meses listo en la PCM, resulta inadmisible.

Pese a la demora, la norma publicada contiene disposiciones que contrarían abiertamente lo dispuesto por la ley que reglamenta, añadiendo exigencias y restricciones distintas a las que expresamente contemplaba la ley, y que fueron expresamente desestimadas en el Congreso, luego de un largo debate, como puede verificarse revisando el diario de debates. Aparentemente la vena totalitaria o el compromiso con terceros pesó más que la formación jurídica de algún funcionario palaciego que, emulando a otro hoy preso en el Callao, parece creer que su voluntad es fuente de derecho, buscando imponerla por encima de la voluntad soberana del Congreso.

Otro grave exceso en dicho reglamento, es el establecimiento de inmensas facultades discrecionales para que SUCAMEC —entre otras cosas— pueda sancionar, mediante una confusa metodología subjetiva (puerta inmensa al abuso y la corrupción) y un cuadro de sanciones, con duplicidad de penas y multas, en una actitud que llama poderosamente la atención. No solo se evidencia desconocimiento de la materia que se reglamenta, también se evidencia una mentalidad draconiana, propia de los más oscuros tiempos del totalitarismo estatista.

Con este reglamento se afecta al usuario y se establece una espada de Damocles sobre la actividad empresarial ligada a la seguridad privada y el comercio de explosivos. Y debemos recordar que ambas actividades son imprescindibles para el desarrollo de infraestructura y las actividades extractivas y generadoras de energía, por no mencionar el impacto sobre la actividad financiera. Sin duda el gobierno entrante deberá corregir esos artículos del reglamento. Son pocos, pero tremendamente dañinos para la estabilidad jurídica.

Hablando de SUCAMEC, resulta necesario recordar que es, en esencia, un registro especializado; característica que debe tenerse clara al momento de designar al nuevo superintendente, sin caer en el reiterado error de considerar a SUCAMEC una suerte de agencia policial. Su función es ayudar al ciudadano y empresa formales, mejorando el control a través de la simplificación del camino para el cumplimiento de la ley.

Otra ex dirección del Mininter, que goza hoy de autonomía y poder es la ONAGI, ente que al controlar a todos los prefectos y subprefectos. Debiera ser, en realidad, una fuente de inteligencia para que el gobernante pueda conocer rápidamente y con claridad, qué es lo que acontece en las localidades más alejadas. Pero desde su independización del Ministerio de Interior, se ha convertido en una agencia de empleos para nacionalistas, con presencia de personajes ligados a la industria ilegal de la coca, y controlada por un ex ministro con evidente ambición de permanencia en la política. Es una entidad a la que el nuevo gobierno deberá poner mucha atención.

Otra entidad esencial en el control de flujos subversivos encubiertos es APCI. la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que flota al garete desde hace mucho. Esto ha permitido que intereses diversos (incluso de productores competidores en el extranjero) financien la manipulación tendenciosa de la legítima preocupación de los pueblos por el medio ambiente, para oponerse al desarrollo extractivo y energético de nuestro País.

Espero que PPK tenga claro que no solo es el Gabinete al que hay que prestar atención.

Dardo López-Dolz