Lector biométrico, ¿contribuye a la parálisis?

Los peruanos hemos sido acostumbrados a regirnos por mandatos, creados para robotizar a las personas. Las cargas regulatorias –madres de todas las informalidades– han sido inventadas para detener en lugar de avanzar y, asimismo, para ser violentadas por la viveza nacional. A un lado quedó la iniciativa personal, pura y razonada.    

En el sector minero las normas son establecidas por burócratas que nunca estuvieron vinculados con el aprovechamiento de los minerales. Cerca de 240 normas fueron impuestas en los últimos 20 años. Además los gobiernos locales, regionales e instituciones públicas establecen las suyas duplicando las existentes. En Chile toma unos meses iniciar un proyecto, en Perú son necesarios más de cinco años.  

Los que nunca se atrevieron a militar formalmente en un partido político se atreven a regular su desenvolvimiento. Y así como las regulaciones mineras y del aparato productivo son normadas en exceso, así también la política, con el fin de detener a los partidos y destruirlos. Esa burocracia desapareció la simplificación y el silencio administrativo instaurado en los noventa, útiles para dinamizar la economía y el devenir ciudadanos. La progresía, esa casta autoproclamada “institucionalizadora” desde Valentín Paniagua, se dedica a estropear el andar de los peruanos. 

Lo sucedido, entonces, con el expresidente Alberto Fujimori –varado por horas, entre la libertad y la prisión– es un evento “normal”. Otra clara demostración de la parálisis social y económica promovida por los burócratas. La huella digital de Fujimori, por su edad, está borrada, irreconocible para el llamado “lector biométrico”. En esa circunstancia no funcionó la discrecionalidad del funcionario público encargado de atender su identificación antes de ser excarcelado. Discrecionalidad es la capacidad de resolver imprevistos, fuera de la regla, de acuerdo al criterio de la autoridad encargada del evento. No se activó esa potestad excepcional que pudo agilizar lo evidente a simple vista: que el Fujimori de carne y hueso es Fujimori y no otro.

Los casos de huella digital borradas son frecuentes desde la aparición de los lectores biométricos, la pesadilla de miles de personas adultas, incluso enfermas, obligadas a gestionar –con todo lo que esto demanda- el documento que los exonere de dicha prueba de identificación virtual. Notarios y funcionarios públicos y privados no se arriesgan a certificar la identidad ni el buen estado mental de las personas, a pesar de las evidencias mostradas. A eso se suma la desidia, porque somos un país de mentirosos, falsos, tramposos, estafadores: honrados y farsantes son medidos con la misma vara. ¿Cómo distinguirlos?

Les cuento que en 2011, haciendo trámites notariales, me enteré de que la huella digital de mi madre –en aquel entonces, de 77 años– había desaparecido y, además, necesitaba de un certificado psiquiátrico para sustentar su buen estado mental. La notaria a la que acudimos, con buen ánimo, mientras revisaba y constataba documentos, evaluaba a mi madre mientras conversaba con ella de manera amigable. Ambas totalmente desconocidas. Minutos después, con una firmeza digna de ser imitada, la señora notaria dijo claramente: “Con la autoridad del cargo, certifico la identidad y el buen estado mental de su madre”. 

Está claro que muchas normas y procedimientos establecidos hasta en el sector privado sirven para estropear el recorrido a la agilidad. Muchas rigen sin otorgar discrecionalidad alguna. Obviamente, esa excepción tendría que ser sensata y libre de cualquier manipulación criminal. Es difícil dar fe. En este contexto, el uso del lector biométrico y el certificado de salud mental libera a los notarios de esa discrecionalidad que puede ser burlada.   

Pero la pregunta subsiste y queda en el aire: ¿por qué, sabiendo que Fujimori es Fujimori, no fue identificado sin más trámite? ¿Por qué a miles de adultos mayores se les pide demostrar lo evidente?