La verdad se corrobora

Todo empezó con un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incompleto, cuyo presidente (un comunista) tenía doble voto. Este ente electoral  permitió inscribir un partido con un ideario antidemocrático, con una plancha que incluía un sentenciado por corrupción y a una funcionaria pública (esta última incapacitada para la vicepresidencia por no haber renunciado en el plazo de ley). Luego de las inmensas dudas sobre el proceso y su evidente manipulación, el presidente Sagastegui se negó a convocar una auditoría internacional,  y más bien llamó a Vargas Llosa para que avale los resultados.

En cientos de actas de mesas en las que la candidata Keiko Fujimori tuvo importantes votos en primera vuelta, en la segunda vuelta aparecen con cero votos para esta candidata (un imposible estadístico), al margen de votos de difuntos y niños, y abundantes firmas suplantadas. Nada importó, el plan seguía adelante. Luego de proclamados triunfadores, en un derroche de altanería y soberbia, apareció el mensaje sectario, confrontacional y vengativo. Ningún llamado a la unidad, a la paz o a la generación de riqueza.

Ungido presidente, y haciendo alarde de sencillez y humildad, el pobre maestro y campesino crítica el Palacio de Gobierno como símbolo aristocrático y decide escabullirse en el secretismo de Sarratea. Se arroga la representación del pueblo, habla por el pueblo, piensa por el pueblo y siente por él. A partir de ahí serán algunos valientes periodistas los que realizarán las labores de investigación. 

Descubiertos por la prensa aparecen Karelin López, Zamir Villaverde y los sobrinos del Presidente. Pronto se descubre el tráfico de influencias, los US$ 20,000 de su secretario personal escondidos en un baño de Palacio de Gobierno, así como un desfile de empresarios visitantes que luego ganaban licitaciones. El silencio de Castillo es elocuente: calla y otorga.

En el par de oportunidades en que concede entrevistas a periodistas locales, estos lucen como comparsas, sin reflejos ni repreguntas. Tuvimos que esperar a que un brillante Fernando Rincón desnude los silencios de Castillo y su visión de una patria plurinacional y una salida al mar para Bolivia sobre territorio peruano, pretendiendo reemplazar los tratados de soberanía –escritos con la sangre de nuestros héroes– por consultas plebiscitarias. 

Luego de los evidentes delitos cometidos por su entorno íntimo y familiar, y de haber escuchado los testimonios de López y Villaverde, los abogados y congresistas exigen que estas declaraciones sean corroboradas. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo. ¡Era verdad todo lo que dijeron! A estas alturas quedan pocas dudas de que Castillo lidere una organización criminal, y que no es ninguna coincidencia que el descubierto Juan Silva, el de “los 100 grandes”, el alfil de Castillo, se haya mantenido inamovible en el cargo durante cuatro gabinetes distintos.

Dice  el art. 118 de la Constitución que el presidente tiene responsabilidad tutelar de dirigir la política general de Gobierno. Pero no se dirige  la política nacional nombrando personas incapaces para el cargo , que sin embargo pueden ser útiles en  una organización criminal. Probado está el robo de su tesis y probado el lucro indebido que este engaño les generó a Castillo y a su esposa. Esta impunidad avalada por el Congreso  explica el enorme desprestigio que también arrastra a los congresistas. Castillo se merece la sanción política por su incapacidad moral permanente desde el inicio de su gobierno.

Las competencias deben dar reglas iguales que garanticen el resultado sin favoritismos; en los deportes, en las aulas académicas y, sobre todo, en la política. Este gobierno y, sobre todo, los congresistas se rasgan las vestiduras y exigen pruebas de su corrupción; pruebas que tendrán los fiscales que documentar para sostener una acusación penal. Sin embargo la incapacidad moral no requiere más pruebas que su sinuosa conducta.

Mantener durante cuatro gabinetes al descubierto Silva no hace sino confirmar la responsabilidad de Castillo. Se delega autoridad, jamás se delega responsabilidad. Entonces resultó corroborado lo dicho por López y Villaverde: que Silva, con la anuencia presidencial, lideró una mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Juzgamos  a Castillo por su poca capacidad de gestión, por su ignorancia, por su falta de locuacidad, por su secretismo, por haber deteriorado la economía, espantado la inversión privada y no tener derrotero frente a la eminente crisis de alimentos que se avecina, así como por azuzar los conflictos sociales. Es un desastre como gobernante pero debemos reconocer que estos juicios políticos no le importan ni son parte de su agenda. El y sus subalternos no vinieron a gobernar para el pueblo –para combatir la pobreza, buscar el bienestar de la sociedad y construir más escuelas, hospitales e infraestructura–, solo ejercen el poder para enriquecerse a través de la corrupción y la impunidad. Nada más.

No nos  engañemos,  no es un gobierno comunista al que censuramos , censuramos a una organización criminal que ha tomado el poder y pretende perpetuarse en él, disfrazados de demócratas.