La tragedia en Trujillo y la absurda reacción de las autoridades

La semana pasada, el techo del patio de comidas de un importante centro comercial en Trujillo colapsó, dejando un saldo fatal de seis personas fallecidas y numerosos heridos, entre ellos menores de edad.

Tras la tragedia, además de la preocupación por la salud de los sobrevivientes y el dolor de los familiares de las víctimas, emergieron innumerables "expertos" y "opinólogos". Con o sin conocimientos en estructuras y construcción, se apresuraron a buscar responsables de un desastre que enlutó al país y desplazó nuestra ya desgastada agenda política a un segundo plano.

Como era de esperarse, las autoridades, incapaces de reconocer su posible responsabilidad o de confiar en la idoneidad de su trabajo y el de sus colegas, reaccionaron con una medida drástica: casi todas las municipalidades de las provincias y regiones del Perú que cuentan con un centro comercial iniciaron inspecciones de seguridad. Sin embargo, lejos de un análisis técnico serio, lo que se percibe es una "cacería de brujas". De pronto, descubrieron que muchos de estos establecimientos no cumplían con las condiciones de seguridad adecuadas y comenzaron a clausurarlos masivamente.

Ante esta sobrerreacción, cabe preguntarse si estas inspecciones masivas —que han resultado en cierres temporales y clausuras— responden a criterios técnicos objetivos o simplemente forman parte de un show mediático que busca proyectar una falsa imagen de eficiencia. Si el sábado pasado estos centros comerciales operaban sin problemas, ¿qué ha cambiado de un día para otro tras el colapso en Trujillo?

Nadie niega que los centros comerciales y grandes tiendas deben ser objeto de fiscalización. Pero, ¿era necesario inspeccionarlos todos en un solo día? Si ocurriera un accidente de autobús, ¿deberían todos los buses del Perú pasar revisión técnica al día siguiente? ¿Acaso de repente todos los permisos de operación del sector retail son irregulares? La falta de un análisis pausado y riguroso convierte estas acciones en un sinsentido, sobre todo porque aún no se han determinado las causas exactas del colapso en Trujillo.

Por otro lado, ¿alguien cree que los empresarios son lo suficientemente negligentes como para invertir millones en centros comerciales de mala calidad, arriesgándose a perder sumas mayores que la propia inversión? En un país sísmico como el Perú, ¿valdría la pena construir infraestructuras que podrían derrumbarse con un sismo de mediana intensidad? Difícil de creer.

Es cierto que un pequeño porcentaje de estas estructuras podría no haber sido construida con los más altos estándares. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar la seguridad de las edificaciones no recae solo en los empresarios, sino también en las autoridades municipales y los profesionales de la construcción. Son ellos quienes deben supervisar y aprobar las obras, asegurándose de que cumplan con los requisitos legales y los estándares de seguridad. Si estos establecimientos han recibido licencias y certificados de conformidad, ¿no será que el verdadero problema está en los organismos que los otorgan?

Lo ocurrido en Trujillo no es un evento cotidiano, ni puede considerarse una muestra del funcionamiento habitual de nuestra sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación han adoptado una narrativa que sugiere que, sin importar los esfuerzos del grupo empresarial involucrado, estos siempre serán insuficientes. Se induce a la opinión pública a creer que los empresarios son los villanos de la historia. Si bien es posible que algunos lo sean, es injusto generalizar y asumir que todos operan de manera irresponsable.

Antes de caer en reacciones exageradas y medidas populistas, nuestras autoridades deberían enfocarse en realizar investigaciones serias, identificar a los verdaderos responsables y tomar medidas correctivas que realmente contribuyan a la seguridad de los ciudadanos. De lo contrario, seguirán siendo parte del problema en lugar de la solución.