La suerte del próximo presidente

Si en los próximos días el JNE confirma el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales, el candidato de Perú Libre tendrá dos factores positivos muy importantes a su favor, de cara a los objetivos de una reactivación económica. El primero, como caído del cielo, referido al espectacular aumento de los precios de los metales (cobre, oro, hierro, zinc y plata), lo cual dará holgados estándares en la balanza comercial y aumento de los ingresos para el fisco. El segundo, como legado de su predecesor, Francisco Sagasti, es que por lo menos cinco millones de peruanos, de más de 50 años de edad, ya estarán vacunados conra el Covid-19, con lo cual pueden incorporarse a la labor económica a plenitud. Además, tendrá disponible otras 50 millones de vacunas para extender la inmunización y, por los menos tres contratos, en plena negociación, por un total de 15 millones de vacunas adicionales. 

El precio del cobre ya pasó la barrera de los US$ 10,311 la tonelada, mientras que el hierro superó los US$ 202.65, según el índice de referencia elaborado por S & P Platts. El oro, ya se encuentra arriba de los US$ 1,800 la onza, y el zinc se ubica por arriba de los US$ 2,986 la tonelada. Según diversos analistas, estos precios y de otros metales seguirán al alza o se mantendrán en esos estándares en vista que la necesaria reactivación económica global, por los efectos de la pandemia, lo cual, garantiza una alta demanda en por lo menos de los dos años siguientes. Se trata del repunte de un modelo para la economía pospandemia, en la que los cuellos de botella de la oferta empujan los precios hacia arriba a medida que la actividad se reanuda. Muestra cómo el océano de liquidez creado por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ha arrastrado sin pensar a los mercados financieros de todo tipo. Quizás es muy pronto para un excesivo optimismo, pero gran parte de la explicación radica en los productos básicos que requiere China para garantizar su alto crecimiento.

La economía de China depende más del gasto de los consumidores y menos de la construcción de booms financiados por cada vez más grandes deudas. Es obvio porque, a pesar de este objetivo declarado, China sigue siendo el mayor comprador mundial de los productos industriales que requieren los metales señalados. Casi todo el comercio marítimo de mineral de hierro va para allá. Si los precios de los metales están subiendo, es una apuesta justa porque algo está pasando en China. Las fábricas de acero trabajan a toda máquina. En la primera semana de junio, los altos hornos de acero de China funcionaban al 92% de su capacidad. Eso está muy por encima de los índices del 80%-85% considerados normales. Gran parte del acero fabricado en China es para edificios e infraestructuras, como puentes, ferrocarriles y líneas de metro. Y parece que esa tendencia se mantendrá en los próximos años. 

Este crecimiento de los precios de los minerales volverá a poner en agenda la aceleración de los diversos proyectos mineros, sobre los cuales la eventual gestión de Castillo tendrá que decidir si quiere que la minería potencie los ingresos económicos. Según la última estadística del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la actual Cartera de Proyectos en Construcción cuenta con un total de 46 proyectos, de los cuales 36 son proyectos de minas nuevas y suman una inversión conjunta de US$ 51,100 millones. Los proyectos que sobresalen en este grupo son Quellaveco (US$ 5,300 millones) y Mina Justa (US$ 1,600 millones), por encontrarse en etapa de construcción y ser considerados proyectos de interés nacional. Adicionalmente, se encuentran los proyectos Ampliación Shouxin, Chalcobamba Fase I (proyecto de reposición de Las Bambas) y Pampacancha (proyecto de reposición de Constancia), así como los proyectos Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada y San Gabriel. 

El compromiso electoral para un replanteamiento de las reglas de juego sobre la inversión minera que permita aumentar los ingresos del Estado sobre los nuevos proyectos que pasarán a la fase de explotación no tiene por qué estar en entredicho con el fomento a la inversión minería por parte del sector privado. Eso sí ocurriría si la gestión de Pedro Castillo opta por el plan de Vladimir Cerrón, en el propósito de que esos nuevos proyectos extractivos sean realizados por empresas estatales y bajo dominio de los gobiernos regionales, lo cual sería un desastre. Si opta por lo que viene anunciando el economista Pedro Francke, quien descarta una vía estatista en la inversión y explotación minera, dejándola en manos privadas, la situación sería diferente. En ese caso, el asunto radicaría en establecer nuevos parámetros de negociación sobre el impuesto a la renta, regalías mineras, contribuciones al desarrollo de las comunidades (a fin de elevar la contribución al Estado) y los beneficios directos de las comunidades y de las poblaciones de las áreas influencia.

Si Pedro Castillo opta por la receta de Pedro Francke, bien podría lanzar un gran debate y convocatoria internacional sobre los 46 proyectos mineros señalados. Y es evidente que en un escenario donde los precios internacionales están cuesta arriba, cualquiera de esos proyectos mineros será rentable, tanto para el Estado como para la inversión privada. Sin embargo, ese proceso de negociación del Estado con el capital privado debe sacar conclusiones de lecciones negativas de la experiencia de Bolivia, donde si bien gran parte del capital privado no abandonó ese país, si se han detenido los proyectos de exploración, por la incertidumbre jurídica. Esto hace insostenible en el tiempo a la actividad en el país del altiplano, e incluso los recursos que ahora recibe. Pero Castillo podría recoger propuestas más innovadoras, como la del economista Hernando de Soto, quien propone un cambio más radical, convirtiendo a las comunidades en socias y accionistas en los diversos proyectos mineros, potenciando la incorporación de amplios sectores a los beneficios de una economía de mercado. 

La cuestión más complicada para un eventual gobierno de Pedro Castillo sería lidiar con la alta conflictividad social existente en los actuales proyectos mineros ya en explotación y en aquellos que se encuentran en fases de exploración o próximos a las firmas de los términos contractuales para ingresar a la fase de explotación. En este ámbito, la gestión de Castillo requiere realizar una modificación sustantiva sobre el enfoque reactivo que hasta ahora tiene el Viceministerio de Gobernanza territorial de la PCM y los ministerios del ramo, para prevenir con tiempo los conflictos sociales y establecer políticas públicas sostenibles y creíbles que generen confianza en las comunidades donde se ubican los diversos proyectos mineros y de hidrocarburos. Ahí urge modificar, de un modo transversal en todo el Estado, el comportamiento vegetativo e ineficiente de una burocracia estatal que no ha logrado crear en el Perú un sistema potente y ágil de negociación de conflictos.