La pandemia que va y la crisis que viene

I

Los detentadores del poder endurecieron la cuarentena y el toque de queda. Señal inequívoca de que saben algo que nosotros no sabemos y que, al amparo de nuestro derecho a la información, deberíamos saber. Aunque la empinada curva oficial de contagios y muertes revela que las buenas intenciones, el voluntarismo, la superchería y la pseudociencia no han respondido, como era de esperar, al desafío de la pandemia de Covid-19.

Envueltos en los interesados sahumerios de una prensa acrítica, no vieron que el diagnóstico de la situación era la primera y más importante tarea por cumplir. Tristemente, esa tarea sigue aún pendiente de ejecución. Tampoco reaccionaron inmediatamente al ver cómo escalaba el problema en China y se trasladaba a otros lugares del mundo. No compraron al menos un par de millones de pruebas moleculares y los equipos necesarios para procesarlas. Tarde y mal optaron por adquirir unas pruebas que servirán para hacer seguimiento epidemiológico, pero no para diagnosticar lo que está en curso.

La verdad desnuda es que, gracias al pasmo de los detentadores del poder, no conocemos el número real de personas contagiadas de Covid-19. Las cifras oficiales no son confiables porque carecen de una muestra representativa. A la par, se cierra los ojos ante la comorbilidad –es decir, la asociación de COVID-19 a enfermedades preexistentes–, que puede estar originando un subregistro de muertes. Así, un significativo número de víctimas no diagnosticadas podría estar siendo atribuido a otras afecciones médicas.

La experiencia comparada muestra que la derrota de la pandemia depende de la construcción de una estadística confiable. También del empleo de Big Data. Ninguna de ambas existe aquí. No es posible saber, por tanto, si los detentadores del poder se engañan con sus cifras o pretenden engañarnos con ellas. El punto es que, andando a ciegas, no tardaremos en tropezar con la realidad.

II

La ausencia de data confiable llevó a adoptar medidas por imitación y exageración. Si los chinos y otros países asiáticos tuvieron éxito con el distanciamiento social obligatorio, pues aquí se impuso el aislamiento social obligatorio. Claro está, nadie pensó ni por un segundo en que las naciones que impusieron esas medidas tienen una muy baja tasa de informalidad y, correlativamente, una presencia estatal muy fuerte.

Se optó por presentar como irresponsables e indisciplinados a quienes desacataron las medidas, sin reparar en la gran mayoría de peruanos que si no trabaja no come. Ni ellos ni sus familias. Las bromas macabras menudearon en la red para satanizar a los millares de detenidos por las fuerzas del orden, pues es muy fácil reírse del toro asesino de la informalidad mientras uno se esconde tras el burladero de la formalidad.

No es que no haya habido quienes desacataron la cuarentena o el toque de queda por necedad. Los hubo, los hay y los habrá. Pero, nadie buscó saber quiénes hicieron eso y quiénes cedieron a la desesperación de ganarse la vida. El sentido común obliga a preguntar qué hacen para subsistir esos millones de personas debajo de la línea de pobreza a los que no llegaron los dichosos trescientos ochenta soles que ofreció el Estado como compensación. La respuesta es obvia: Quebrar la cuarentena para buscar qué comer.

Los desobedientes fueron castigados apiñándolos en las carceletas de las comisarías, produciendo el efecto exactamente inverso al buscado por los detentadores del poder. Además, ninguno de ellos –según todo indicar– fue sometido a pruebas que descartaran la posibilidad de que haya contraído Covid-19 y, consecuentemente, contribuido a esparcirla.

Para colmo, el autoritarismo –siempre irreflexivo y refractario a las razones– ha dispuesto que, en un país cuya justicia penal está en colapso y los casos tardan años en decidirse, se registre a los infractores y se entregue ese registro al Ministerio Público para que los lleve ante la justicia. No es remoto el peligro de que miles de estas personas acaben en prisiones preventivas por obra y gracia de jueces de la especie justiciera que surgió hace algún tiempo por aquí.

III

Las medidas de compensación también han ido por la ruta de la imitación, aunque no de la exageración. Mientras los países desarrollados lanzan paquetes de estímulo que oscilan entre el 10% y el 20% de su PBI, aquí todavía se desconoce la magnitud de la respuesta estatal. El BCR, por lo pronto, ha anunciado un paquete de S/ 30,000 millones, cuyos detalles conoceremos en los próximos días. La novel ministra de Economía, por su parte, pretende convencernos de que, por arte de birlibirloque, el Estado que no puede ejecutar más del 60% del presupuesto público ha gastado S/ 6,000 millones desde que empezaron la cuarentena y el toque de queda.

Con 73% de la PEA en el sector informal, los detentadores del poder baten sus puños en el pecho porque harán llegar S/ 380 a dos millones de personas. Si se recuerda que el primer reparto del auxilio económico acabó en manos de autoridades ediles y personas por encima de la línea de pobreza, no es para nada desdeñable el peligro de que la falla se quintuplique.

Las pequeñas empresas, por otro lado, languidecen asumiendo los costos de una parada en seco de sus actividades, exactamente después que la potente locomotora de la actividad privada fue paulatinamente frenada por la ineptitud económica que campea desde el 2011 hasta la fecha. La tasa de crecimiento económico venía encogiéndose progresiva y sostenidamente hasta que chocamos con el iceberg Covid-19.

El gobierno –que ahora cuenta con el socorro del BCR– debería modificar el Fondo de Apoyo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa para que la lista de las beneficiarias comience por las que venían cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Al menos con la obligación de declarar. El préstamo debería ascender a dos meses de facturación mensual, sin garantías y con un interés no mayor del 5% anual, en el peor de los casos. Tendría que ser pagadero en tres o cinco años.

IV

Todos los pronósticos económicos anuncian que una recesión sucederá a la pandemia. Nadie puede decir si durará un mes, tres, seis o muchos más. No es posible predecir lo que vendrá. Todos coinciden, sin embargo, en que la crisis podría ser más poderosa que la de 1929. A la luz de sus paquetes de estímulo, los gobiernos del Primer Mundo se preparan para un impacto muy fuerte en sus economías.

Algo aprendieron de la crisis del 2008 ,y eso se nota por el énfasis que los paquetes de estímulo están poniendo en las personas y en las pequeñas empresas. Los detentadores del poder en el Perú deberían percibir eso. Aunque hasta el momento no dan muestras haberlo hecho. La liberación de una porción de la cuenta individual en las AFP así lo demuestra.

La pandemia golpeó las inversiones de las AFP y redujo sustancialmente el saldo de nuestras cuentas individuales. Dejarnos retirar una porción hoy es perpetuar esa pérdida, sin darnos oportunidad para recuperar lo perdido. También es invitar a la quema de inversiones para conseguir la liquidez que se necesita para cubrir el retiro. ¿No era más sencillo dar un préstamo sin intereses, con garantía a sol por sol sobre la cuenta individual y pagadero en tres o cinco años? ¿El Estado no posee recursos suficientes para un esfuerzo como ese? Sí, pero es más importante hacer creer al aportante que se sintoniza con él.

La locura legislativa se ha desatado. Aparecen como hongos los proyectos de ley sobre controles de precios, suspensiones de pagos, modificación de contratos y de cuanta intervención económica pueda ocurrírsele a los devotos de la carísima demagogia barata. También están los que, a las puertas de una crisis, proponen gravar el capital con mayores impuestos. La proclividad al populismo que padecen los detentadores del poder hace temer que, como en el caso del retiro de la cuenta individual de la AFP, muchos de estos proyectos se vean adelantados por el Ejecutivo, que hoy tiene facultades legislativas.

Epílogo

A la pandemia de Covid-19 le sucederá una crisis de impredecibles proporciones. Los detentadores del poder deberían ir preparando un paquete de compensación y estímulo económico que alcance el 20% del PBI, como con grandes reflejos ha anunciado Sebastián Piñera en Chile. También tendría que destrabar los proyectos de inversión minera que el miedo a las revueltas ha paralizado. Si frente a los revoltosos hubiera mostrado la decisión que ha exhibido frente a los desesperados que buscaban ganarse la vida en medio de una cuarentena dictada por imitación y exageración, otra sería la situación del país. Tienen que decantarse por soluciones de mercado y no por medidas populistas que causarán más daño que bien. Aunque, valgan verdades, para ello sería necesario que la prensa asumiera una actitud crítica, que las necesidades de suplir la caída de la inversión publicitaria privada no parecen facilitar.