La hora decisiva ha llegado: el orden contra el caos

La decisión que el Perú tomará el 7 de junio no admite indiferencia, pues llega en un momento en que el país todavía carga el lastre de haber elegido mal en 2021. Repetir un error de esa magnitud terminará por sepultar a nuestro Perú en una crisis cuyos resultados ya vivimos, pero de la que aún estamos a tiempo de salir.

Para quienes aún no dimensionan la importancia de esta elección, conviene explicar qué se está eligiendo. El presidente de la República es la cabeza del Ejecutivo, el poder que administra el presupuesto nacional, conduce la política económica, ejecuta la inversión pública, da la señal de confianza que orienta las decisiones del sector privado y representa al país ante el mundo. Es muy distinto al Congreso, que fiscaliza y legisla, pero no decide construir puertos, no destraba los proyectos mineros paralizados, no negocia con inversionistas extranjeros, no define si los proyectos hídricos que el norte agrícola lleva décadas esperando se ejecutan o se archivan, ni implementa políticas públicas de empleo, salud y educación. Todo esto lo hace el Ejecutivo, y lo hace durante cinco años. Por eso es tan importante la estabilidad de un mandato presidencial: no es un título que se cambia al capricho, sino una institución que debe poder gobernar para que el país funcione.

No obstante, cuando el presidente es uno que gobernó con 59 cambios ministeriales en 16 meses, destruyó la estabilidad multisectorial del país, lo saqueó, ocultó su botín en lugares cuanto menos pintorescos e intentó un golpe de Estado, es evidente que merece ser vacado. Ese presidente fue Pedro Castillo, y sus números hablan con una precisión que hasta un ciego puede ver: el Perú dejó de percibir más de 2.800 millones de dólares en crecimiento económico; la inflación llegó alrededor del 8,6% en 2022, la más alta en dos décadas; la inversión privada cayó en 2022 y continuó hundiéndose hasta contraerse 7,3% en 2023, su peor desempeño en tres lustros al margen de la pandemia; once minas paralizadas; más de 600.000 peruanos regresaron a la pobreza; una moneda debilitada y una clase empresarial que miraba el horizonte con miedo a invertir porque nadie sabía qué iba a decir el presidente la semana siguiente. Esta es la herencia de un gobierno sin capacidad técnica, sin cuadros serios y sin proyecto de país coherente. Las mismas cualidades que hoy repite el candidato de los “dignos”, Roberto Sánchez.

Esta caracterización al abanderado de Juntos por el Perú es más que merecida, pues él mismo ha reivindicado a Castillo y miembros de su mandato durante toda la campaña, acaba de presentar un nuevo plan de gobierno para la segunda vuelta apenas días antes de la elección y cuya propuesta central es una nueva Constitución, un proceso que en la práctica significa años de incertidumbre institucional que paralizarían la inversión exactamente cuando el Perú necesita lo contrario. A ello se suman sus tradicionales banderas de izquierda: aumentos generalizados del gasto público sin un correlato claro de ingresos permanentes y un rol mucho más intervencionista del Estado en sectores estratégicos, con mayor control político sobre la regulación económica y sobre los recursos naturales, fórmulas que allí donde se han aplicado han terminado espantando inversión, precarizando el empleo e hipotecando el crecimiento futuro. Es más, el respaldo activo de Antauro Humala, un etnocacerista y asesino de policías de quien Sánchez fue incapaz de deslindar en un debate televisado ante millones de peruanos, define el tipo de alianzas sobre las que descansa esta candidatura. Por esto, cuando uno se pregunte quién está detrás de uno de los candidatos, en el caso de Sánchez la respuesta es de terror: un asesino, izquierdistas radicales con ideas bolivarianas, políticos ligados a movimientos afines al terrorismo y técnicos que en la experiencia que han tenido en el Estado han dado más sombras que luces.

El contraste con la visión de Keiko Fujimori no requiere idealizaciones para ser claro. El plan "Perú con orden" tiene propuestas sectoriales articuladas y verificables: Chavimochic III y Majes Siguas II como proyectos hídricos de ejecución concreta para la agricultura de exportación, la consolidación del Megapuerto de Chancay como eje de integración al Pacífico y plataforma logística para la región, una política minera que combina promoción de la inversión con respeto al agua y consulta comunitaria, destrabe de proyectos que el aparato burocrático lleva años postergando, reforma de Sunat y Sunafil orientada a la formalización sin criminalizar el emprendimiento, impulso a Promperú como garante de desarrollo turístico y la reactivación de programas sociales educativos y sanitarios que sí lograron resolver parte de los problemas por los que fueron creados. Son propuestas con antecedentes en modelos que han funcionado fuera y dentro del país, en el período de mayor crecimiento sostenido. Pueden criticarse sus alcances y exigirse mayor ambición en industrialización o en distribución territorial de beneficios, pero tienen un sustento técnico que permite el debate racional, y eso marca una diferencia cualitativa enorme con la candidatura rival, que apela casi exclusivamente al factor visceral y a retóricas simplistas como “dictadura congresal”, “leyes procrimen” o “neoliberalismo”.

Cabe dedicar unas palabras al sector antifujimorista. Puede tener argumentos legítimos al criticar los excesos políticos del gobierno de Alberto Fujimori, como el daño a los partidos o las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, un rencor que va más allá de los argumentos políticos e institucionales, por justificado que pueda sentirse, no puede sustituir al análisis cuando lo que está en juego es el rumbo del país durante los próximos cinco años. Keiko Fujimori no es su padre, y los cuestionamientos que se le formulan —rumores sobre su vida privada, la imagen de su círculo familiar, propiedades declaradas— son exactamente el tipo de información que no determina la calidad de un plan de gobierno. Sánchez tampoco escapa a los cuestionamientos: su trayectoria en el sector estatal, sus alianzas, las afirmaciones que cambia de una semana a otra. Si el criterio para votar es la impecabilidad moral de los candidatos, esta segunda vuelta no tiene ganadores. Si el criterio es la capacidad técnica, la coherencia programática y el historial de los equipos que los rodean, la diferencia es reconocible.

El Perú ya pagó el costo de votar con el estómago y con la emoción. Ya vivió lo que significa tener un Ejecutivo que improvisa, que paraliza la inversión, que destruye la confianza institucional y que deja una herencia de caída económica que las generaciones siguientes tienen que pagar. El país no está en condiciones de absorber cinco años más de ese modelo. En este momento de la historia del Perú, es imperativo reconocer que el desarrollo, el empleo y la reducción real de la pobreza requieren condiciones que solo un gobierno con capacidad técnica y proyecto coherente puede generar. A posteriori habrá que exigir, fiscalizar y presionar: ese es el trabajo permanente de una ciudadanía activa. Pero primero hay que poner al frente del Ejecutivo a quien tenga las condiciones mínimas para hacer algo con él. La lucidez, hoy, es también una forma de patriotismo.