La formación de los operadores de justicia

Una de las señales esenciales de haber llegado a la edad adulta es la aceptación de que todo hecho u omisión tiene consecuencias. El Perú lleva ya 18 meses pagando el costo de la omisión de un planeamiento realista de las necesidades en materia de seguridad ciudadana. El miércoles pasado se conoció una de las medidas policiales más absurdas que me ha tocado observar, la orden de retirar de sus funciones, por algunas horas del día, a policías dedicados a la investigación para enviarlos a ¨agilizar¨ el tránsito vehicular. Es decir, exactamente lo contrario a lo que dicta la lógica en un país en el que el crimen organizado viene creciendo; como lo evidencia ya no solo la proliferación del sicariato, sino la súbita multiplicación de asaltos a los bancos.

El despropósito tiene además efecto de carambola. Todos los conductores somos testigos del caos que ocasionan policías bisoños (que además probablemente jamás han conducido un auto) a pararse debajo de un semáforo con la expresa instrucción de darle la contra a las luces. Estamos en el siglo XXI, el tránsito se agiliza con vías de la amplitud necesaria y semáforos con sensores de densidad de tráfico, no denigrando profesionalmente a un policía que ha invertido varios años de su vida en su formación, la cual ha costado bastantes miles de soles más que el precio de un semáforo (pagados ambos con nuestros impuestos).

La internacionalización y sofisticación creciente del crimen contemporáneo requieren repensar la selección, formación y control de los operadores de justicia, llamados a ser la primera línea de defensa activa de una sociedad frente a la ofensiva criminal. Los viejos criterios de selección, formación, entrenamiento y capacitación permanentes, equipamiento y control de policías, fiscales, jueces y agentes penitenciarios devinieron en obsoletos hace mucho. Mal hace la sociedad insistiendo en obtener resultados diferentes de la repetición de prácticas de probada ineficacia actual.

La lentitud de los procesos judiciales se traduce en la inexistencia de justicia. Pensemos, por ejemplo, en un arrendatario moroso que priva de su único ingreso al anciano propietario; o en el ciudadano que ante la negación pertinaz del funcionario a acatar la ley, debe esperar más de tres años para conseguir que una sentencia consentida que obligue al funcionario. O en el funcionario que se niega a reglamentar o redactar el procedimiento, y se ampara en su inexistencia para incumplir impunemente la ley.

La selección de candidatos a cadetes o alumnos de las escuelas de policías requiere, por un lado, una eficiente labor de inteligencia respecto a los antecedentes y vínculos del postulante; y por otro, niveles iniciales de conocimiento (como poseer brevete y licencia para portar armas, usar con eficiencia un procesador de textos y una hoja de cálculo) y un determinado nivel de comprensión y expresión verbal, que hagan más sencilla y eficaz su formación.

Todos los operadores de justicia y sus cónyuges podrían, por ejemplo, ser obligados (ya que los segundos gozarán de algunos beneficios que proveerá la institución) a autorizar el levantamiento de su secreto bancario y a monitorear aleatoriamente sus interacciones sociales reales y virtuales. Así mismo, como medio disuasivo, no sería mala idea que —al menos en el caso de estos operadores— la sentencia firme en casos de corrupción o delitos para los que se haya valido de su situación, sea el embargo de la pensión. Sin duda lo pensarían, mucho más que hoy, antes de delinquir.

El mundo cambia velozmente. Es obligación del Estado adaptarse.