La dura realidad

La pandemia ha permitido descubrir que todo ese paraíso de ensueño que era el Estado protector, ofrecido por la propaganda progresista, no era más que un timo. Detrás de los discursos había solo carencias, abandono, suciedad, ineficiencia y corrupción. Y no hacía falta una pandemia para comprobarlo. Era cosa de darse una vuelta por cualquier hospital, pedir una cita en Essalud, llamar a un teléfono de emergencia y –si respondían– pedir una ambulancia. Cosas tan elementales pero que nunca han funcionado en este país, y a nadie le importó jamás un comino. Y tampoco nos sorprende ver a la corrupción saltando en plena pandemia. El Estado es solo una ficción hecha de discursos y promesas.

Y no me digan que la pandemia los desbordó. ¿Nunca vieron las enormes colas de gente esperando por una consulta desde las tres de la mañana? No solo es cuestión de hacer hospitales, sino de tener un sistema de salud que opere con eficiencia. En el esquema del Estado peruano eso resulta imposible debido a la clase de burocracia en la que nadie asume responsabilidad alguna, pues esta se va diluyendo a lo largo de una cadena de funcionarios medios, hasta acabar en la simple irresponsabilidad sin nombre. Son cargos ocupados no por méritos sino por partidismo, argolla o tarjetazo. Y se mantienen protegidos por aberrantes leyes laborales que sacralizan el empleo con el absurdo concepto de “estabilidad laboral”, una patente de corso que incentiva y facilita la ineficiencia y la corrupción bajo la complicidad de una mafia sindical. Allí nunca hablan de reformas, porque así es como lo quieren.

La mayor parte de los muertos que ocasione esta pandemia de covid-19 no serán culpa del virus, sino de la inoperancia del sistema público de salud. Es decir, del Estado. En los mejores sistemas del mundo la letalidad del virus bordea el 1%, pero en el Perú sobrepasa el 6%. El objetivo de la cuarentena no es protegernos contra el virus, como repiten los medios. El virus ya está circulando por todo el planeta y nada evitará que tarde o temprano nos choquemos con él. La cuarentena tiene como único propósito proteger al Estado, evitando que su sistema de salud colapse. Sin embargo, en contraparte, la cuarentena está haciendo estragos en la sociedad de diversas maneras.

La cosa es simple: si no nos mata el virus lo hará la cuarentena. Es ridículo confinar a todos en sus casas paralizando la actividad económica para postergar un contagio inevitable. Se sabe que el 80% de los contagiados no tienen síntoma alguno. El 17% requiere tratamiento para superarlo y el 3% fallece. Esas son las cifras que se manejan. No parece más letal que otras enfermedades que ya afectan a los humanos. De todos modos, esta pandemia solo terminará cuando el virus mute a formas inocuas o los humanos aprendamos a convivir con él, produciendo anticuerpos naturales, vacunas y tratamientos adecuados. No hay otra salida. 

La cuarentena da al sistema de salud tiempo para organizar una respuesta, pero tampoco podemos darle tanto tiempo porque los efectos mortales en la economía van a ser mayores que los del virus, para no hablar de los efectos adversos en la salud mental de la población. En pocas palabras, estamos ante el dilema de exponernos a un virus no tan letal, morir de hambre por el desempleo o volvernos locos. Escoja usted. Y yo creo que la gente debería tener la libertad para elegir qué riesgo prefiere correr y qué precauciones debe tomar. Eso es mejor a someternos a los caprichos de una burocracia iluminada que ya empezó a jugar al diseño social con experimentos ideológicos. No estamos para eso.

No tiene mayor sentido prolongar esta cuarentena que impone a la población más riesgos que soluciones. Los problemas sociales están apenas empezando y van a crecer hasta salirse de control, sin ninguna duda. La olla de presión está calentándose y no estamos para aguantar comisiones de notables caviares definiendo nuestro futuro. De ninguna manera. Hay que recuperar pronto los empleos y la vida normal, dentro de una nueva normalidad cautelosa. Lo que se necesita ahora son protocolos para trabajar y circular con seguridad. Hay que pasarle a la sociedad el control de su propia existencia. Que sean las empresas, gremios, profesionales y técnicos independientes los que asuman directamente la responsabilidad. Ellos no son menos hábiles que los políticos o las comisiones de notables caviares. Todo lo contrario.

Hay que decirlo con claridad: no confiamos en el Estado ni en los políticos. Y mucho menos en las comisiones de caviares.