La democracia y la educación están indefensas

Más allá de su incapacidad de gestión y la corrupción que brota por donde se pone el dedo, el gobierno de las izquierdas, encabezado por Pedro Castillo, será recordado por haber ocasionado la mayor indefensión del país. No solo está empobreciendo a millones de ciudadanos que habían superado esta situación, tras largos treinta años de arduo trabajo y disciplina fiscal, sino que está descabezando las principales instituciones que garantizaban las políticas que redujeron la pobreza y fueron construyendo una clase media cada vez más robusta.

Al profesor Castillo ya lo abandonó la Universidad César Vallejo –de propiedad de César Acuña—, al señalar que la tesis para optar el grado de magíster conjuntamente con su esposa es un burdo plagio. Los miles de estudiantes y egresados de dicha universidad han sido puestos en cuestión ante la opinión pública en sus competencias y en la legitimidad de la obtención de sus grados académicos.

Es decir, la clase media, forjada como consecuencia de la expansión económica iniciada en los años noventa, que optó por brindarle una mejor formación académica a sus hijos y jóvenes, viene siendo estafada por algunos centros de enseñanza que no reúnen las calificaciones adecuadas o cuyos directivos han caído en actos de corrupción, como el reseñado previamente. Presentar como suyo un documento que ha sido elaborado por un tercero es un engaño al país, porque las universidades entregan títulos “a nombre de la nación”, y no de la institución que los emite.

En la pasada campaña electoral hemos tenido un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convalidó la candidatura de un profesor que se presentó como magister y se ha demostrado que no reúne las competencias para ostentar dicho grado. Dicho JNE tampoco no se percató de que la plancha presidencial estaba incompleta, y sobraban señales de que algo andaba mal en Perú Libre, si su líder había sido sentenciado judicialmente. Además, una de las integrantes de la plancha presidencial formaba parte del sistema electoral y, por consiguiente, lo lógico era que no participara porque rompía el principio de imparcialidad de los organismos electorales. Pero igual se le dejó participar. La ONPE dijo que todo estaba bien y fue la primera oportunidad en que no se les permitió a los miembros de las Fuerzas Armadas custodiar el desenvolvimiento del proceso electoral ni se les proporcionó copia de las actas de las mesas de sufragio, ¿por qué? 

La democracia peruana está indefensa frente a quienes dirigen estos organismos electorales. Así como se es capaz de cometer fraude en la presentación de una tesis de maestría, que compromete a la institución que lo validó, todo indica que también se cometió fraude en el proceso electoral. Es una conducta reiterada, la figura constitucionalmente reconocida de “incapacidad moral”. Y el Congreso no debe seguir convalidando un gobierno que a todas luces ha devenido en ilegítimo ante la opinión pública.