La aparente disyuntiva entre política y economía

En opinión de Berzosa “la política y la economía son dos esferas del ámbito social que tienen un grado relativo de autonomía, pero entre las que se establece una relación de interdependencia” (2013). Observando esta íntima relación, Acemoglú y Robinson señalan que “en muchos (países), una élite (formal o informal) diseña instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la mayoría de las personas” (2012).

Siguiendo esa línea de razonamiento, para Acemoglú y Robinson “la perpetuación en el poder motiva –y a la vez facilita– a sus detentores a mantener las cosas como están, bloqueando el crecimiento y evitando que la sociedad mejore sus condiciones, pues esto último requeriría cambiar las instituciones (que son excluyentes) a un modo más bien incluyente, lo cual supone repartir el poder y perder los privilegios que ostenta la élite (formal o informal; es decir los más poderosos, ya sea política o económicamente), en el país”. 

En el Perú del siglo XXI estos grupos de poder han cambiado muchísimo. Y para comprobarlo basta mirar la composición del Congreso de la República y la de los propios partidos políticos, cada uno de ellos articulado alrededor de un gran poder económico, sea éste formal o informal. Se podría argumentar que el poder político hoy lo ostentan las nuevas clases más poderosas de este país: las familias que hicieron fortuna a fines del siglo XX, que cuentan con empresas formales e informales, en distintos sectores económicos y que han optado por la representatividad política, basada en promesas de campaña demagógicas y oportunistas, para legitimar su poder económico. 

No obstante, esta legitimidad es inestable debido a que, como afirma el sociólogo peruano Julio Cotler, el denominado sector informal en el Perú es tan grande que puede crear las condiciones para el surgimiento de un “golpe tecnocrático” que organice autoritariamente el país (2014). En efecto, el 70% de la población económicamente activa (PEA) se desempeña en la llamada informalidad. En tal sentido, Cotler señala que “la razón de ser de los partidos políticos es la articulación de los intereses de la población, pero al encontrarse las dos terceras partes en la informalidad, este objetivo resulta (prácticamente) imposible”. 

Esto último explica la aparición de movimientos políticos de corta vida, que tratan de representar intereses de grupos, la gran mayoría informales; de manera que sus prioridades y necesidades cambian rápidamente. No obstante, la precariedad del equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la poca disponibilidad de los intelectuales peruanos para participar en la vida pública, impiden iniciar las reformas de carácter estructural, y limitan la capacidad de respuesta a las demandas de las poblaciones más vulnerables y el establecimiento de políticas de desarrollo para el crecimiento sostenido del país.

Así mientras el 29 de abril Colombia –que cuenta con planes estratégicos de largo plazo (CONPES) que no son alterados por los gobiernos de turno, pues equivalen a los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)– ingresó a la OECD, Perú se quedó atrapado entre los países “tropicalizados”, envuelto en la demagogia de quienes ganan más votos, a costa de hipotecar el futuro del país.