La accidentada previa del inicio de clases

Recuerdo mis años mozos, cuando las clases comenzaban en abril y marzo era el periodo de planificación y preparación para el inicio del año escolar. Durante ese tiempo, se convocaba a padres y autoridades para garantizar que los estudiantes encontraran, a su retorno, espacios adecuados y en buenas condiciones. Se realizaban tareas de limpieza, arreglo y pintado de aulas y mobiliario, se aseguraba el funcionamiento de los servicios higiénicos y se erradicaban focos de vicio cercanos a las instituciones. Mientras tanto, los maestros, tras la distribución de secciones en primaria y horarios en secundaria, organizaban la planificación de sus cursos, programaban exámenes de recuperación y coordinaban el proceso de matrícula. Los directores, por su parte, se encargaban de completar la nómina de docentes y de recibir materiales, que en aquel entonces no eran demasiados. Lo cierto es que, a pesar de algunas necesidades no resueltas, el primer día hábil de abril las clases comenzaban con un ambiente de seguridad interna y externa.

Esta "previa" involucraba a docentes, padres de familia, autoridades locales e incluso a estudiantes de grados superiores. Era una verdadera movilización social que despertaba emociones y esperanzas. En la mente de muchos resonaba la consigna convertida en lema: "Estudia y triunfarás". Esta preocupación por la educación no era exclusiva de nuestro entorno; en distintos lugares se compartía la misma convicción, reflejada en la famosa frase de Nelson Mandela: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo".

Hoy, como ayer, se realizan actividades previas y ajustes para garantizar un buen inicio escolar. Los esfuerzos de directivos, maestros y padres de familia continúan demostrando un fuerte compromiso con la educación. Sin embargo, nuevas amenazas ponen en peligro no solo el comienzo y la continuidad del servicio educativo, sino también la vida de quienes forman parte de la comunidad educativa. La extorsión y el cobro de cupos a los propios maestros representan una afrenta al país. A esto se suman las erráticas normas emitidas por el Congreso, que atentan contra la meritocracia, las decisiones poco severas del Poder Judicial y la falta de firmeza de la Fiscalía. Además, algunas directrices mal elaboradas o incorrectamente aplicadas desde el propio Ministerio de Educación contribuyen al clima de inseguridad e inestabilidad.

En el caso de las extorsiones a instituciones educativas, siendo un problema delincuencial, corresponde en primer lugar al Poder Ejecutivo garantizar las condiciones básicas para el retorno de más de seis millones de estudiantes. Como asunto de seguridad interna, la responsabilidad recae en el Ministerio del Interior, y la ciudadanía debe estar atenta a su desempeño. En segundo lugar, el Poder Legislativo debe dejar de socavar la meritocracia con leyes populistas que benefician a minorías, permitiendo la permanencia de profesionales que han perdido su estatus por deficiencias propias. Además, debe cesar la promulgación de normativas que fomentan la corrupción y la delincuencia. En tercer lugar, el Poder Judicial debe actuar con firmeza en la defensa del Estado de derecho. Finalmente, la población debe mantener una vigilancia activa y cumplir con sus responsabilidades ciudadanas.

Es imposible ignorar el papel de los maestros en este contexto. La dirigencia gremial debe comprender que, en tiempos de crisis, lo determinante no son las circunstancias, sino las decisiones que se tomen ante ellas. Es crucial que se liberen de una visión exclusivamente economicista y adopten un compromiso ciudadano más amplio. Esto implica mejorar su presencia en el debate público, involucrarse en los resultados académicos y participar en decisiones locales, regionales y nacionales que trasciendan intereses sectoriales.

Esta "previa" es más compleja de lo que parece y exige un mayor entendimiento político, especialmente frente al crecimiento de la inseguridad y la corrupción, que amenazan directamente la formación de nuestros hijos. Los desafíos no radican solo en los obstáculos visibles, sino en las decisiones que tomemos ante ellos.

Si entendemos, como señala la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que los sistemas e infraestructuras esenciales para el desarrollo del país deben considerarse "activos críticos", es imperativo exigir que la educación y sus componentes básicos sean declarados como tal. Su protección debe convertirse en una prioridad nacional.

El futuro del país está en juego. Una educación de calidad no se negocia. ¡Respondamos todos a una!