Heriberto Bustos
Informalidad y educación
Existe una relación directa entre el bajo nivel educativo y la informalidad
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Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) indican que en el año 2022 la informalidad laboral afectó a cerca de 13.4 millones de trabajadores, lo que corresponde al 75.7% de los empleos a nivel nacional. Y se acentúa más en el área rural (95.3%), dado que las actividades agropecuarias resultan más afectadas por su baja productividad. Importa señalar que los datos señalados no han sufrido variación sustantiva a la fecha.
Ocurre entonces que somos un país económicamente informal. Y los costos individuales y sociales de esta situación se ven reflejados en los salarios, la inseguridad laboral y ciertamente en la falta o ausencia de protección social, tanto en salud, como en pensiones. Productivamente se manifiesta en el bajo rendimiento y la evasión de impuestos, entre otros, lo que genera un escenario de incertidumbre e inseguridad, eleva los índices de pobreza y acentúa el clima de inseguridad social.
La decisión gubernamental de elevar de S/ 1,025 a S/1,130, el monto del salario mínimo legal que los empleadores deben pagar a sus trabajadores, beneficia, como podrá entenderse, tan solo a los empleados que laboran en actividades formales que, como se ha señalado, asciende en promedio a un 25%, quienes han incrementado tres soles con cincuenta centavos (3.5), su ingreso diario, ahondando la brecha salarial entre formales e informales. La valoración en términos de mejora económica, incremento de la productividad, al igual que el impacto en la disminución de la pobreza, es un ejercicio que me permito trasladar al lector.
La informalidad es un fenómeno en el que participamos directa o indirectamente todos los peruanos, porque ha invadido la estructura social, cultural y política del país; y demanda un tratamiento que trasciende lo netamente económico. Compromete a decisores de políticas, poderes del Estado y ciudadanos, a realizar acciones que, tras comprender la magnitud de la situación, distinguir y sancionar a los que causan daño a la economía, afectan los valores mínimos de vida en colectividad, lindan con la corrupción y el sicariato, como el narcotráfico y la minería ilegal; evite polarizar las actividades formales e informales, ubicándose en extremos que en definitiva no ayudan a resolver los problemas del país, abonando sí, al desgobierno.
Entender y atender la informalidad, pasa por la búsqueda de salidas reales a esta situación, más no por su protección, so pretexto de que atienden o cobijan a los más vulnerables. En esa direccionalidad, la superación de la informalidad requiere tanto la adopción de políticas económicas y sociales como de medidas para fortalecer la institucionalidad; trazándose como norte en términos económicos: mejorar la producción y las condiciones de vida, a fin de reducir los niveles de pobreza, incentivar el paso de empresas a la formalidad, realizar innovaciones en cuanto a tecnología, fomentar inversiones en sectores rentables, como la minería, apostar por la afirmación de una democracia descentralizada, dar sentido a la relación entre ética y política, asumir como meta el respeto del bien común, entre otros.
Afirmaciones serias señalan que, en nuestro caso, la informalidad es resultado de la combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que constriñe a las empresas formales; ella incrementa su peligro, cuando el desarrollo de capacidades producto de la educación es deficiente y por tanto desfasada de una realidad acelerada de por sí. Muchas veces la informalidad se encuentra asociada a la falta de formación, si bien la educación no es garantía de acceso a un empleo formal, es una condición fundamental, debido a que el desarrollo de habilidades y capacidades son factores esenciales para la transición a la economía formal, ya que mejoran las competencias y, por consiguiente, la empleabilidad de las personas.
Entonces no debemos ignorar que, en el fondo de esta realidad, está presente la relación entre el bajo nivel educativo y la informalidad; toda vez que un buen porcentaje de la población, en especial los de reducido nivel de formación educativa y mujeres, son atraídos por la informalidad; situación que nos convoca con insistencia a desarrollar acciones educativas que incidan en el cierre de brechas de capacidades productivas.
Aminorar la informalidad, requiere llevar a cabo mejoras en la educación y en el nivel de cualificación de la población, en momentos que el país reclama mayor inversión económica y trabajo.
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