Imagen crítica de la representación (otra vez)

El Perú se considera una democracia representativa con participación ciudadana en los asuntos públicos mediante prácticas electivas con “el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes” (Art. 31 de la Constitución Política). La electividad, esa facultad de elegir y ser elegido, está garantizada por el sistema electoral, que “tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa” (Art. 176 CP).

La electividad conduce naturalmente a generar la representación, esto es, a la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos a través de representantes elegidos de entre ellos. Será irrisorio considerar que la calidad de la representación elegida no se corresponda con la calidad ciudadana de los electores.

En esta columna he reiterado mis opiniones sobre lo que sigue siendo considerado el sustrato de la crisis política presente: la idea del deterioro de la representación.

Al respecto he señalado que los ciudadanos (es un sustantivo amable) que repudian por la más alta mayoría a sus gobernantes en el Ejecutivo y a sus representantes en el Legislativo, parecen suponer que unos y otros no hubieran sido elegidos por ellos mismos; una situación reveladora del impulso a sustraerse de la responsabilidad electoral por cuya voluntad se ha producido los resultados que repudian. Los electores responsabilizando a sus elegidos de las consecuencias de un acto propio, lo que algunos pretenden justificar alegando que “los electores son engañados”, “los electores no saben bien a quién eligen” o “los electores suelen optar por el mal menor”. Lo que sugiere la gran tarea pendiente de forjar una ciudadanía consciente de sus responsabilidades electorales que no sea arreada, como ha sido dicho, a optar “entre la sífilis y la lepra” en cada elección.

En la misma línea he señalado, otra vez, que persiste en observadores y analistas la intención de enclaustrar en la “clase política” lo que en realidad es responsabilidad de los electores. Se quiere transferir la responsabilidad de éstos como si fuese de aquéllos. Porque es un hecho indudable que los elegidos lo son sólo en virtud de sus electores, que cada cierto tiempo optan entre unos y otros elegibles no por sus valores, sino porque aparecen como “es el mal menor” o porque “es alguien como yo”. Calificaciones que revelan la falta de ciudadanía de los electores, es decir, su irresponsabilidad como electores, la que es transferida a los actos u omisiones de sus elegidos, y condenada en éstos. Para decirlo con dureza: la responsabilidad esencial del decaído -deteriorado, desvirtuado, corrompido- sistema político que padecemos y repudiamos no es principalmente de quien hemos elegido sino de nosotros como electores. Una responsabilidad que estaría clara para ciudadanos, no así para votantes que se creen que lo son y es lo que hay en la historia republicana del Perú.

Sin embargo, hay observadores y analistas insistiendo en que la calidad ciudadana del elector no es determinante, ni siquiera influyente, en la calidad de quien elige como “su” representante, y para defender esta tesis peregrina deben acudir a formas expresivas pueriles de la reducción al absurdo, como esa de burlarse de la que denominan “una equivalencia ingenua entre elección y representación”, denostándola como objeción aldeana e inválida “porque cree que el problema representativo puede solucionarse eligiendo mejor. Cuando, justamente, es casi imposible elegir bien donde hay una crisis de representación” (Alberto Vergara en el diario La República). Aquí es donde el razonamiento toma, como se dice, al rábano por las hojas, al afirmar que la “crisis de representación” es antecedente y causante de la imposibilidad “de elegir bien”. El mundo de las cosas al revés, exactamente.

Pero el mismo autor perfora su argumentación porque le es imposible desconocer que en el Perú de hoy coexisten, o más bien interactúan en simbiosis o en un mutualismo parasitario, la colectividad de electores y la “clase política” que compite por representarla: la una alimenta a la otra, con beneficio mutuo, o eso se quiere creer.

Mencionando a Danilo Martuccelli, Vergara se obliga a reconocer como “la mejor interpretación pública sobre el Perú contemporáneo en muchos años”, la del sociólogo proponiendo que, más que una crisis de representación en el Perú lo que hay una “democratización” plebeya del poder político (en el Legislativo, por ejemplo) la que ha sustituido a la representación elitaria preexistente; eso ha ocurrido en el lapso de unos 40 años desde que se impuso con Alberto Fujimori en el gobierno; y se manifiesta articulado a una democratización igualmente plebeya de la sociedad. Me parece claro que se refiere a la que celebra el emprendedurismo y el cultivo de la elusión de la formalidad, y que ha optado por el clientelismo prebendario con el recurso a “organizarse, alquilar un grupo de congresistas y conseguir que produzcan una legalidad a la medida de su negocio” (cito a Vergara).

En este sentido aparece como veraz y muy escasamente cuestionable afirmar que la mayormente plebeya clase política en la representación parlamentaria actual tiene raíces en la democratización igualmente plebeya de la sociedad que aporta el electorado.

Vistas así las cosas, parece desdibujarse la tesis de que en el Perú de hoy se presenta una crisis de representación que explicaría el estado de crisis política que está normalizado. Pero sería un error. La crisis de representación no radica en la calidad feble de los elegidos como representantes políticos (en el Legislativo y Ejecutivo) sino en la pobreza de valores y la falta de conciencia en una amplia mayoría del colectivo social, acerca de derechos en equilibrio con deberes, que cimenta la figura de la ciudadanía. Hay los electores que eligen a sus representantes con predominante irresponsabilidad, esto es, sin considerar las consecuencias de su elección, frecuentemente a favor del “mal menor”, y después tienen el desparpajo de abominar de ellos, descomprometiéndose de su propio voto.

Lo más extravagante (bizarro, dicen los franceses) en este tema es que una parte significativa de ese electorado irresponsable es considerada o se considera a sí misma como sub-representada en la escena política. Hay una narrativa floreciente de la “cancelación política de los sectores sociales insatisfechos. Una parte del Perú está muy subrepresentada: crítica y ausente”, alega Vergara.

¿Quiénes serían esos peruanos subrepresentados y cancelados políticamente? Tal vez los haya en pueblos con escaso o nulo contacto con la sociedad política, en algún extremo remoto del territorio nacional. Porque los descontentos de hoy con la clase política que padecemos son todos, precisamente, quienes han elegido a sus representantes con una decisión propia de carácter “especular”: eligen alguien que les parezca muy próximo a su propia imagen, ese que parece “un peruano como tú”, o el que refleja mejor sus anhelos de emprendedor exitoso y que por eso se presenta como de “una raza diferente”. ¿Serán acaso sub-representados los electores de un Pasión Dávila en Pasco, de una María Agüero en Arequipa, congresistas de la República? ¿Lo serán los electores de Richard Hancco en Puno, Wilfredo Oscorima en Ayacucho, gobernadores regionales por el voto popular?

Hay una confusión que encubre la segmentación casi a niveles moleculares de intereses representados por los elegidos en la escena política, con lo que se quiere presentar como subrepresentación. Que en nuestro país haya actualmente más de tres decenas de organizaciones partidarias que se aprestan a disputar por el voto del electorado es, verdaderamente, una fractura profunda de la representación, pero no porque haya sectores sociales subrepresentados, cancelados políticamente, “invisibilizados”.

En este momento, los agentes de los movimientos regionales que han sido impedidos de postular electoralmente ya de seguro han negociado su incorporación a una de esas agrupaciones partidarias, más bien empresas políticas, con miras a las elecciones del 2026. La difusa segmentación del electorado que retribuirá otorgando o negando su voto a su elegida de la constelación de organizaciones partidarias, dice mucho de la segmentación de los intereses y aspiraciones del propio colectivo elector que nunca consiguió conformar una estructura de clases sociales que impulse la edificación de un sistema de partidos políticos consolidados para competir por el ejercicio alternado y estable del poder político.