Berit Knudsen
Hordas que asesinan
Incluso las fuerzas armadas tienen derecho a la defensa propia

Una partida de 800 personas persigue a una patrulla de 20 jóvenes militares en el distrito de Juli en Puno. Los manifestantes los insultan, les tiran piedras y “avellanas”, y los acorralan al pie del puente del río Ilave que había sido bloqueado, obligando a los soldados –que tienen orden de “no disparar”–, a lanzarse al río para salvar sus vidas. Estando ya en el río, los “manifestantes” continúan con el ataque.
Pero Amnistía Internacional manifiesta: “Perú: Crisis en el país debe ser abordada con pleno respeto a los derechos humanos”. ¿Los derechos humanos de quién? Dicen además que: “Las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza para responder a las manifestaciones que se extienden en el país, así como garantizar los derechos a la protesta pacífica”.
Días antes, “protestantes pacíficos”, promovieron otro enfrentamiento, atacando e incendiando la Comisaría de Chucuito y varios vehículos, poniendo en peligro la vida de 43 efectivos policiales en el mismo distrito de Juli. Otros “pacíficos manifestantes” atacaron la Base Militar donde se encontraban sus familiares, mujeres y niños.
Pero otra reciente edición de Amnistía Internacional dice: “Perú, la represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina”. Continúan narrando que: “Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes.”
Este es solo un ejemplo de los incontables artículos periodísticos de esa prensa irresponsable que recaba información parcializada sobre los conflictos en el Perú. Las protestas no son mayoritariamente pacíficas, tampoco incluyen ciertos elementos violentos focalizados; las piedras pueden matar y si se lanzan con hondas –artesanales o no– la probabilidad es mayor; y eso que llaman cohetes, se denominan “avellanas” que son explosivos artesanales que contienen dinamita y perdigones que al explotar se disparan en diferentes direcciones.
Al margen de la problemática política y social del país, la prensa extranjera y las oenegés tienen que ser objetivas en sus investigaciones e informes. Parecen no entender que los Derechos Humanos son inherentes a “todos” los seres humanos. Los militares y las fuerzas del orden están ahí para proteger la vida y Derechos Humanos de 33 millones de peruanos, entre los que incluimos a los mismos policías y militares.
Tomen nota señores de Amnistía Internacional, los “manifestantes pacíficos” dejaron un saldo de 37 heridos tras el ataque a la base militar y el incendio de la comisaría de Juli durante esta semana. Cabe recordar que en enero incendiaron otras dos comisarías –Zepita y Macusani– en Puno. Tres días más tarde murieron seis militares, que tenían la orden de no atacar a la población; pero muchos no entienden que incluso las fuerzas armadas tienen derecho a la defensa propia, derecho que no ejercen para no ser condenados por “organizaciones de Derechos Humanos” que lanzan acusaciones irresponsables.
Es responsabilidad de la fiscalía esclarecer las muertes de todas y cada una de las víctimas de estos conflictos sociales; civiles y militares incluidos. Y los casos de negligencia deberán ser condenados. Pero no es posible permitir que las oenegés y la prensa internacional irresponsable siga protegiendo y promoviendo el vandalismo y el terrorismo en nuestro país.
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