Hacia la destrucción del país

La guerra entre los principales poderes del Estado se cultivó desde la campaña 2015-2016, en la que compitieron una joven Keiko Fujimori (40) y el experimentado Pedro Pablo Kuczynski (77). La política novata y largamente favorita fue derrotada por un exitoso y refinado economista internacional, apoyado por el variopinto conglomerado antifujimorista, unido por el objetivo de evitar la reencarnación política del famoso “Chino” de origen japonés. Los planteamientos económicos convergentes de los candidatos se hicieron añicos por las polarizantes necesidades de una contienda electoral, en la que PPK contrató al argentino Maximiliano Aguiar como asesor de la campaña dirigida por Martín Vizcarra (desde febrero de 2016), sin pensar que se convertiría en el cerebro de su ruina.

Así nació la primera fase de las batallas campales Ejecutivo-Parlamento, que terminó con la renuncia y vacancia del desprolijo PPK, y la asunción del Primer Vicepresidente Martín Vizcarra. Su Premier in pectore, César Villanueva, orquestó meticulosamente el respaldo de la bancada de Fuerza Popular a la defenestración presidencial, y no se apiadó por un minuto de la inmisericorde suerte judicial del octogenario ex Presidente en manos de una Fiscalía politizada y disfuncional en sus más altas jerarquías.

Pero la abierta complicidad del fujimorismo en la elevación del señor Vizcarra fue tan fugaz como el cambio de pauta recomendado por la conveniencia política: transformar la sólida mayoría parlamentaria de Fuerza Popular en su Talón de Aquiles para convertir al Congreso en el enemigo público número uno. Crear al enemigo. La calculada y ascendente sucesión de combates culminó con la “disolución fáctica” del parlamento (un patético homenaje a la decisión que Fujimori tomó el 5/4/1992) y la serie de episodios lamentables que comenzaron a desbarrancar al Perú hasta la elección del remedo de “congreso” por el que votaron los siempre desconcertados e irresponsables ciudadanos del Perú. La estrategia de provocar para confrontar al Congreso se transformó en la piedra filosofal del dúo moqueguano Vizcarra-Zeballos, hasta que nos cayó la pandemia.

Pero en vez de buscar la colaboración con el Congreso y la verdadera unión de los peruanos, el Gobierno optó por instrumentar políticamente el Covid-19. Nombró al ex trotskista Víctor Zamora como Ministro de Salud y zar del quehacer gubernamental en la lucha contra el virus. Firmemente empoderado y jugando en tándem con el Primer Ministro, es el abanderado del hiper reglamentarismo con que se administra la frustrante reactivación de una economía que podría caer hasta el 20% (según el Instituto Peruano de Economía) y de la intromisión de Cuba, a través de su misión “médica”, en las regiones peruanas regidas por gobernadores radicales.

El extremo al que ha llegado esta confrontación adolescente ha sido consecuencia de la intencionada provocación del Ejecutivo a un Congreso que compite en populismo. En esta lid irresponsable se aprobaron las desestabilizadoras reformas constitucionales perpetradas la semana pasada, poniendo “El Estado a la deriva”, como reza el título de la columna de Roberto Abusada en El Comercio de ayer, que analiza y diagnostica la situación crítica que atravesamos.

La metástasis de la confrontación Presidente - Parlamento ha logrado que el virus pandémico haya mutado, amenazando con la ruina al enclenque sistema político con el que (mal)administramos nuestra democracia de papel. Las trampas recíprocas urdidas alrededor de la inmunidad parlamentaria y los mini requisitos exigibles a los candidatos al Congreso han derivado en reformas constitucionales desesperadas: en vez de eliminar o recortar su inmunidad, los congresistas la han ampliado, mientras han dejado sin fuero ni protección al Presidente de la República y Ministros de Estado, al Presidente del Poder Electoral, y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Alegremente, han ignorado que ésta es la instancia suprema para interpretar la Carta Magna y resolver los procesos que protegen nuestros derechos y garantías constitucionales fundamentales, así como las contiendas de competencia entre los poderes públicos, lo que será la “cúspide” de las gravísimas ineficiencias y corruptelas de nuestro sistema de justicia (Poder Judicial y Fiscalía de la Nación). Como si no fuera suficiente, también han levantado la inmunidad del Defensor del Pueblo, privándonos de la protección ciudadana consagrada por la Constitución de 1993, que están decididos a liquidar.

El último elemento de este muestrario virológico lo ponen los electores peruanos, campeones en votar irresponsablemente y en contra de su propio destino colectivo, al que –Dios no lo quiera– podrían asfixiar de nuevo cuando se inaugure el tercer siglo de la Nación.