¿Hacia dónde vamos?

 

La gran incógnita de la ciudadanía es hacia dónde vamos.  Por un lado, el Poder Ejecutivo argumenta que existe obstruccionismo a su gestión por parte del Legislativo; y, por el otro, se exhibe documentación que demostraría lo contrario. Entonces, ¿existe o no un enfrentamiento de poderes, o alguien ha decidido seguir un camino distinto?

El presidente Martín Vizcarra, en su pasado mensaje a la nación de 28 de julio, ha propuesto –entre otras cosas– adelantar las elecciones generales para el 2020, ante la crisis política e institucional. Hay mayor descrédito en algunas instituciones del Estado, sí, pero todos los representantes fueron elegidos en procesos democráticos que se llevaron a cabo para consultar la opinión de la ciudadanía.  

En el pasado, la intervención de algún poder del Estado sobre otro no significó una garantía de mejora de la administración pública. En 1990, el descrédito del parlamento era muy significativo, el clamor popular fue el cierre del Congreso, el fujimorismo lo hizo y cometió –quizás– el mayor error de su gobierno.   El Congreso de entonces –como el actual– tampoco fue de los mejores, se desprestigió por hecho propio. Pero también por omisión y acción de terceros, que en dicho caso provino del Ejecutivo, el cual se encargó de atizar la indignación popular. Diez años después, la crisis económica internacional, la corrupción y la pretensión de perpetuarse en el poder por parte de Alberto Fujimori determinaron que inclusive las buenas acciones de su gobierno –como el control de la hiperinflación, la apertura de la economía al mercado internacional y la derrota del terrorismo– sean puestos en tela de juicio.

Anticipar la elección presidencial, así como el recambio de los congresistas no garantiza que los próximos ejecutores sean mejores gobernantes ni que los futuros congresistas también lo sean, máxime si el recambio será a la integridad de los actuales parlamentarios. Es decir, la ciudadanía tendrá que elegir entre políticos sin experiencia. ¿Eso augurará un mejor proceder? 

Otro, el adelanto de las elecciones hará inviable la implementación de la reforma política, porque la Ley Orgánica de Elecciones impide realizar cambios con un año de anticipación.  En consecuencia, la reforma política deberá ser abordada por la administración del 2020 al 2025, lo que añadirá algunos años más de incertidumbre.

Otra de las propuestas del mandatario fue el proyecto de una Nueva Ley General de Minería. Argumentó que la actual tiene cerca de 30 años y que, por consiguiente, debe ser adecuada a nuestra realidad. ¿Qué puede significar lo señalado? No lo sabemos con certeza, pero podría tratarse de una propuesta para mejorar la distribución de la renta minera, el incremento de las tasas impositivas actuales, la creación de nuevos tributos o, también, la reducción de esos tributos. 

Recordemos que la administración de Ollanta Humala cambió el “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo” –conocido como “Aporte Voluntario”– del segundo gobierno de Alan García, por el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y, luego, bajó en dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto a la Renta. Lo cierto es que el Aporte Voluntario resultó más exitoso en su ejecución y supervisión, dado que fue implementado por las empresas mineras.  En tanto que el IEM recaudó mucho más de manera directa a favor del Ejecutivo y la expectativa generada otra vez fue defraudada.

La tendencia de los últimos 13 años de gobierno ha sido la exacción de mayores recursos generados por la actividad minera y la postergación de inversiones que en conjunto suman más de US$ 50,000 millones. Difícilmente, algún inversionista tomará la decisión de traer sus capitales al Perú si no sabe siquiera el pensamiento de quienes podrían asumir responsabilidades de gobierno en el plazo de un año. 

¿Cuál será la tentación política en contra de la actividad minera? Pues, que quien ofrezca imponerle mayores cargas resulte electo y, una vez en el ejercicio del poder, genere otra crisis política porque la inversión se contraerá aún más y la pobreza se incrementará. Recordemos que el mediano y el pequeño inversor siguen los pasos del mayor.  Cuando los gastos del Estado sean mayores y los ingresos empiecen a disminuir, las opciones de gobierno serán: 1) Disminuir gastos corrientes para evitar la inflación o, 2) Realizar emisiones inorgánicas, es decir, incrementar los índices de precios al consumidor, inflación.

No está demás expresarlo, la izquierda que se opone al desarrollo de la actividad empresarial (entre ellas la minería), desprecia todo tipo de inversión, la califica de capitalista y producto de la exacción de unos respecto de otros. En consecuencia, generar riqueza no es su preocupación; igualar en la pobreza y mantenerse en el poder, sí.  

Por el contrario, si el resultado electoral le fuese adverso a la izquierda, a sus promesas electorales, esta buscará frenar todo intento de consolidación del proceso de reducción de la pobreza, porque se quedaría sin electores. Recordemos que la sostenibilidad del sistema democrático se basa en la eficacia de los gobiernos que emergen de ella.

¿Por qué la izquierda parlamentaria saludó con euforia la propuesta de adelanto de elecciones? O considera que surge una oportunidad para ser gobierno, o desea establecer una alianza para dar inicio a un cogobierno, o es parte de una estrategia que desconocemos.

El panorama del Perú se ensombrece.