Facultades para legislar en Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) ha preparado un proyecto de ley “que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Salud” por 120 días. Aún no se ha debatido ni aprobado por el Consejo de Ministros, pero ha trascendido su contenido. La finalidad sería “la reorientación del Sistema Nacional de Salud” y el “fortalecimiento de la orientación estratégica sectorial” para “avanzar hacia un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo”. Además, las materias de delegación serían cuatro: reorganizar el Sistema Nacional de Salud y sus organismos públicos, reorientar el Sistema Nacional de Salud hacia la Atención Primaria de Salud, fortalecer la gestión de inversiones públicas en salud y, por último, fortalecer la regulación del mercado de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Cada una de las cuatro materias de delegación, contienen un número variable de normas. Sumadas ascienden a por lo menos 30 futuros decretos legislativos. En ese sentido, sería una reiteración amplificada del “paquetazo” de 23 decretos legislativos que se promulgaron el 2013-2014 que es conocido como Reforma de Salud. En aquella ocasión, a pesar de que el gobierno gozaba de una mayoría en el Congreso de la República, la delegación de facultades tuvo una votación magra, con una diferencia de solo un voto a favor del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Asimismo el Minsa tuvo que excluir del pedido de delegación de facultades toda referencia a EsSalud o a la seguridad social. 

En esta oportunidad la situación es distinta. El contexto político es complicado por la polarización extrema, con un Congreso de mayoría opositora, con denuncias de corrupción al más alto nivel de gobierno, y por el proceso de vacancia presidencial. Un sector amplio de la población siente desconfianza ante la orientación estratégica, política, económica y social en las decisiones del gobierno. Por si fuera poco, el presidente de la República presenta conflictos con la bancada del partido político que lo llevó al gobierno, y que también tiene resquebrajamientos en su interior. Una complicada situación la de los congresistas que al emitir su voto deberán, también, otorgar confianza al gobierno en la orientación estratégica de esta reforma política tan profunda y complicada sobre el Sistema Nacional de Salud, y cuya repercusión marcará el destino de la vida y la salud de los habitantes del país. 

Por razones de espacio, nos referiremos solo a la cuarta “materia” de delegación de facultades que plantea “fortalecer la regulación del mercado de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios” que se encuentra desglosadas en cinco probables normas. El proyecto de ley “habilita” que el gobierno intervenga en el mercado farmacéutico para “garantizar” el acceso de medicamentos. Arguye que la libre competencia “debe ejercerse en armonía con las finalidades sociales del Estado”. Sin embargo, omite señalar que cada uno de los 8,300 establecimientos de salud públicos que existen en el país, posee una farmacia, que en general se encuentra desabastecida, no solo de los productos innovadores sino también de aquellos que son de uso corriente en las recetas de los médicos y que en vano busca la población en el sistema público. También, el proyecto faculta al Minsa “para definir la política, establecer la metodología y los mecanismos para la regulación de precios de medicamentos, así como, la regulación de los márgenes de distribución y comercialización”.

Es obvio que para mantener estas regulaciones o controles se hace indispensable aumentar los mecanismos de control burocrático, por tanto, “faculta al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) a realizar la fiscalización y sanción” en la regulación de precios de medicamentos, y en “cualquier eslabón de la cadena de suministro”. En ese contexto, también es necesario tomar en cuenta que en la primera materia de delegación de facultades se propone la creación de un organismo técnico especializado encargado de la fiscalización en materia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, salud ambiental, alimentos y salud ocupacional.  Asimismo, plantea transferirle “la competencia de protección a los consumidores relacionados a la salud pública” que ahora realiza el Indecopi.

Esta propuesta, es una versión actualizada del Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas (Conamad), que existió durante el lustro 1985-1990 del expresidente García. La creación de este nuevo organismo técnico especializado (OTE), tipo Conamad, se encuentra en el paquete de los futuros decretos legislativos de la adscripción de EsSalud al Minsa, de la creación del fondo público único de salud, que una y gestione los dineros de EsSalud, sanidades militares, Sanidad Policial y del Seguro Integral de Salud (SIS), que el proyecto denomina “Seguro Público de salud y Seguridad Social en Salud”; así como, de la creación del Fondo de Alto Costo, para las llamadas enfermedades catastróficas como el cáncer, enfermedades raras o huérfanas, trasplantes, etc. 

La cuarta “materia” de delegación de facultades incluye la modificación del Decreto Ley 22095 (“Ley de represión del tráfico ilícito de drogas”), promulgado por el gobierno militar, el 21 de febrero de 1978, que contiene, entre otros, el listado de drogas sometidas a fiscalización. Sin embargo, el proyecto de delegación de facultades no justifica el pedido y tampoco detalla cuáles serían esas drogas o medicamentos ahora controlados, que el gobierno pretende facilitar su dispensación (venta o suministro). Por último, el proyecto ha agregado un ítem, “otras medidas en el marco de la cuarta materia de delegación de facultades”, que bien podría convertirse en una verdadera caja de Pandora. ¡Cuidado!