¿Es también la SUNAT culpable de la informalidad?

Urge una segunda generación de sinceramiento y credibilidad

 

Quien ha manejado o maneja un mediano, pequeño o micro negocio, y que ha lidiado con personal de la Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT), sabe que en los módulos de orientación al contribuyente no existe una misma línea, que no hay posibilidades de un entendimiento más allá de la norma y que las multas no tienen correspondencia con la falta u omisión a una declaración informativa o declarativa, o a un determinado proceso tributario. Tanto así que para algunos la SUNAT es una de las causantes del 70% de la informalidad nacional; como lo son también la falta de trabajo, la rigidez de la ley laboral y la “tramitología” que detiene toda gestión para obtener permisos y licencias de funcionamiento.

 

Para subsanar de alguna manera ese carácter coercitivo del ente tributario, la Ley de Alertas Educativas para las Mypes, que propone el congresista Miguel Torres, ofrecerá —dependiendo de la falta al Código Tributario—, estipula una o seis capacitaciones al contribuyente que cometa por primera vez una falta o infracción, antes de que se aplique una multa. La Ley busca evitar que se perjudique la situación económica de los pequeños y microempresarios (cuyas ventas no superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias-UIT) por un error involuntario o por desconocimiento de las normas (que los podrían inducir a evadir o migrar hacia la informalidad). Con la ley de Torres se evitarán, además de las multas, la incautación de mercadería, el internamiento de vehículos, el cierre de local y hasta la suspensión de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por entidades del Estado.

 

El proyecto de ley, que antes del dictamen respectivo tuvo la aprobación en dos comisiones del Congreso —de Economía y Producción— y que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso, fue observado por el Ejecutivo. Según ha trascendido, “porque afectaría los intereses del Estado”. Y vemos que, entre los años 2013 y 2015, la SUNAT ha reportado que la recaudación por multas ha descendido drásticamente.

 

Vale recordar que hasta antes de 1990, la situación tributaria en el país era un desastre. La otrora Dirección General de Contribuciones (DGC) no tenía capacidad para controlar el fraude y la evasión tributaria generalizados, situación que terminó liquidando todo aliento contable sano. En 1988, durante el primer gobierno de Alan García la DGC se transforma en la SUNAT, pero no llega a implementarse por la fuerte hiperinflación y recesión de ese tiempo. En 1991, con la SUNAT reorganizada, se elimina la Libreta Tributaria y 80 tributos, quedando cinco esenciales. Por primera vez, y después de muchos años, se sinceran los procedimientos de recaudación y la credibilidad de la población en la institución es creciente.

 

Por entonces, tener un Registro Único de Contribuyente (RUC) era sinónimo de formalidad y modernidad. Personas naturales y jurídicas se contagiaron del ánimo nacional y comenzaron a ordenar y a disciplinar sus actividades económicas. Con los años de empoderamiento, la SUNAT fiscaliza como “meta de producción” y emite normas que confunden a los contribuyentes. Y es así que —por multas impagables— muchos abandonan el RUC obtenido, obtienen otro con otra razón social o comienzan a trabajar dentro de la informalidad.

 

Es urgente, entonces, una segunda generación de sinceramiento y credibilidad para combatir la informalidad.

 

Manuel Gago