¿Es pertinente hablar de terrorismo urbano?

Un acto terrorista es violencia planificada, sistematizada y con contenido político destinado a desestabilizar al Estado y a la sociedad. Preguntamos entonces, ¿está la población aterrada? Respondemos que sí. En todo momento y lugar la población puede ser asaltada y golpeada, víctima de un balazo o artefacto explosivo. 

¿Los extorsionadores actúan en banda? Respondemos que sí. Muchas extorsiones se planifican en las cárceles, con numerosos cómplices en las calles. ¿Los asaltantes son bandas? Respondemos que sí. Incluso menores de edad se integran a las bandas criminales, manejan vehículos y son parte de insospechadas “marcaciones” ciudadanas. ¿Los sicarios son parte de esas bandas? Respondemos que sí. Son el brazo armado, los asesinos de la organización criminal. Entonces, la actual ola criminal es planificada y sistematizada. Pero sigamos.  

Esta ola delincuencial no es espontánea y tampoco ajena al espíritu tan peruano inclinado por la informalidad e ilegalidad. En política nada es coincidencia. Por la manera como se presentan ahora los actos criminales no solo en Perú sino en la región, es evidente una abierta intervención extranjera, una mano siniestra actuando contra los intereses nacionales. Preguntamos, ¿hay un plan político desestabilizador? Respondemos que sí. Cuba está detrás del vendaval bolivariano anunciado en 2019 por Diosdado Cabello, el número dos de la dictadura venezolana. La exportación del socialismo es la principal y gran tarea del régimen cubano. Las izquierdas locales están coludidas y son parte medular del plan de destrucción de las instituciones nacionales.

Es cierto, miles huyeron de la dictadura chavista, pero la oleada migrante no fue un estallido natural sino organizado. Solo un gran poder político y económico pudo movilizar a miles desde Venezuela hacia destinos determinados: Colombia, Perú y Chile. En la actual ola criminal participan migrantes venezolanos, ¿acaso muchos de ellos infiltrados del chavismo? Entonces, la ola criminal tendría un contenido político. Nuestra democracia de baja intensidad no puede seguir siendo tan boba, incapaz de identificar las artimañas del enemigo principal.

Preguntamos finalmente, ¿la actual ola criminal es una variante de “la guerra popular del campo a la ciudad” ideada por el maoísmo con el fin de arrinconar al Estado y hacer de la desesperación ciudadana una palanca electoral? Respondemos que sí. El senderismo fracasó en el intento de asaltar el poder con las armas y, aún cuando avanza grandemente desde los últimos 20 años, encuentra resistencia ciudadana contra su embestida cultural y espiritual. ¿Qué le queda entonces? Respondemos: agudizar la violencia social y la desesperación ciudadana por intermedio de la criminalidad. Crear “alarmas sociales con fines políticos”. Punto.

Para vencer este inusual fenómeno se requieren inusuales recetas experimentadas con éxito en los noventa, por intermedio de comités de autodefensa organizados por las fuerzas del orden en los poblados alejados, vulnerables a los ataques senderistas. La victoria contra el terrorismo senderista y emerretista dejó enseñanzas. Las personas se defendieron con sus herramientas de trabajo, piedras y palos, y con armas de fuego entregadas por el Gobierno de entonces.

La actual ola criminal tendrá que ser tratada, entonces, como terrorismo. Esta posibilidad no puede ser descartada si se pretende vencer a extorsionadores y sicarios. Pero esta estrategia no es del agrado de las izquierdas. Desde bares barranquinos se oponen, dicen que elevará los niveles de violencia. Cuesta creer que la falta de valentía es consecuencia de una ideología.

Las oenegés de derechos humanos –de la mano de la Fiscalía y el Poder Judicial– acusaron, procesaron y sentenciaron a militares y policías que actuaron valientemente contra toda desestabilización social. Y lo siguen haciendo, siempre serviciales a los intereses contrarios a los del país.