Entusiastas, como todo cangrejo

En mis días de estudiante de pregrado fui advertido de la importancia de diferenciar lo político de lo económico. Como en muchos otros asuntos aprendí, con el tiempo, a desechar ciertas advertencias por sesgo, carga ideológica o simple y sencillamente porque los tiempos cambian. Asimilé también —parafraseando a Henry Hazlitt— que el arte de la política económica implicaba las soluciones de largo plazo y el bien común, y no necesariamente al corto plazo ni los intereses de algún grupo de privados.

Nótese aquí, pues, que lo político y lo económico —cuando hablamos de acciones gobierno— están consistentemente interrelacionados.Resulta tan equivocado diseñar acciones de gobierno basadas aisladamente en planos políticos, cuanto hacerlo basados solo en criterios económicos que no incorporen en el análisis el peso de las restricciones políticas o de otro tipo. Así, toda prescripción económica exitosa se basa en un diagnóstico multidimensional, cuidadoso y abierto.

En la discusión cotidiana o politiquera posiblemente se continúe contraponiendo lo económico versus lo político. Y también se habla de salidas políticas (decisiones fundamentadas solo por aristas políticas) versus salidas económicas o dizque técnicas (decisiones fundamentadas básicamente por razones políticas). Pero si analizamos las cosas con algo de tiempo descubriremos que usualmente ni las supuestas salidas políticas ni las técnicas tienen mucho vuelo. Las restricciones políticas o económicas irrespetadas hacen que al poco tiempo se descubra que la supuesta salida no solucionó el problema, sino acaso lo agravó.

Establecidas estas precisiones nos interesa enfocar el lado económico de un ruidoso paso político reciente. Me refiero a la iniciativa presidencial de exigirle al Congreso que se avance de inmediato —vía sendos referendos— en una reforma política de tres elementos.

Aquí no me refiero a la discusión mediática de las últimas horas —dentro de la cual se cambia casi todo acomodaticiamente—, sino puntualmente a la prohibición de la reelección de los congresistas, la introducción de un régimen de bicameralidad en el Poder Legislativo y la iniciativa de los que contribuyentes financiemos a ciertos partidos políticos. Dada la accidentada performance del grueso de nuestros congresistas, la pobre cultura ciudadana del electorado y la incendiaria campaña de los ciertos medios contra el Congreso de la República (luego de promulgada la ley de prohibición de la Publicidad estatal), las tres iniciativas resultan hoy tremendamente populares.

Algunos observadores mal pensados asocian el proyecto vizcarrista a una necesidad desesperada por ganar popularidad a como dé a lugar. Tal vez estos observadores no tengan mayor fundamento, pero la drástica recuperación de la popularidad del señor Vizcarra en las encuestas posteriores al discurso presidencial por Fiestas Patrias sugiere que si esta fue la intención, entonces la cosa le salió muy bien.

Económicamente hablando, esta propuesta de reforma política ¿es acaso una buena idea para el país? Las tres iniciativas (prohibir la reelección de los congresistas, ampliar la burocracia legislativa y subsidiar selectivamente a ciertas agrupaciones políticas privadas, vedando o acotando asumo el financiamiento privado-) implican un indeterminado incremento del gasto fiscal. Nadie lo dice pero este previsible mayor gasto —ceteris paribus— implicará mayores cargas tributarias, mayor endeudamiento público o asignar menores recursos para otros pliegos en áreas como salud, educación, defensa o seguridad ciudadana.

Así, al prohibirse la reelección de congresistas (en la cámara de diputados), pero permitirse su reelección (en la cámara de senadores), solo se infla la burocracia legislativa y se mantiene o profundiza las prebendas para muchos de los estrambóticos legisladores de estos tiempos.

Nótese aquí que frente a estos mayores desembolsos, nadie establece perfiles profesionales lógicos para los puestos.

Finalmente, en el plano del financiamiento público o subsidio a ciertos partidos —entes privados—, la iniciativa implicaría tanto una mayor rentabilidad de candidatear per se, cuanto un mayor número de candidatos perdedores. Sobre este punto merece destacarse que la reforma se plantea sin precisar acciones dirigidas a recapitalizar los entes burocráticos electorales y sus necesarios apoyos policiales y judiciales. Si no se calibra significativamente el monitoreo de las campañas y sus recaudaciones de fondos, prohibir es un saludo a la bandera. Será previsible también el aumento de los candidatos con financiamiento electoral ilegal o extranjero.

Más allá de que la propuesta presidencial configura un impulso efímero a la popularidad del presidente, como toda iniciativa popular en el corto plazo, implica un retroceso. Estaríamos gastando mucho más por reducir libertades de elección y ampliar la burocracia sin mayores garantías de mejora.

Y una precisión de cierre. La aludida propuesta presidencial no implica nada parecido a una reforma que mejore el statu quo. Solo se gastará más y se beneficiará a ciertos privados, mientras se recortan adicionalmente las libertades del elector, quien —de acuerdo a las encuestas— parece hasta aliviado con ello. En términos largoplacistas: menores libertades políticas acompañadas de mayor dispendio fiscal.