Entre la proporcionalidad y la legítima defensa

El conflicto en Oriente Medio muestra la coexistencia de narrativas y reivindicaciones contrapuestas, dificultando soluciones pacíficas. El sentimiento de injusticia y opresión motiva la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de una de las partes; mientras los otros sienten preocupación por la seguridad, supervivencia y una sensación de amenaza constante. Estas perspectivas, legítimas en sus contextos, dan lugar a acciones y reacciones que transgreden principios éticos y legales internacionales.

El uso de tácticas no convencionales para eludir un enfrentamiento directo contra fuerzas militares superiores; con métodos de guerrilla, terrorismo, ataques sorpresa, incluyendo asesinatos, mutilaciones, violaciones, torturas y rehenes, constituyen a todas luces graves violaciones al derecho internacional humanitario, marcando un punto de inflexión.

El derecho a la legítima defensa, reconocido internacionalmente, debe sujetarse al principio de proporcionalidad. La intensidad y escala de muchas respuestas bélicas suscita debates, ya que el bombardeo indiscriminado sin proporcionalidad tiene como consecuencia víctimas civiles y destrucción de infraestructura. En escenarios de guerra densamente poblados la situación es compleja, pero los actores ocultos en instalaciones civiles para dificultar operaciones militares convencionales son igualmente responsables.

Desde la perspectiva ética, el desarrollo de instalaciones militares en entornos civiles o los ataques desproporcionados, transgreden los principios éticos y legales establecidos para proteger a los no combatientes, sin importar la gravedad de las agresiones. Pero el derecho a la legítima defensa convierte el conflicto en un círculo vicioso sin fin.

Immanuel Kant, desde un enfoque filosófico, afirmaba que es moralmente inaceptable el uso de personas como medios para un fin. El imperativo categórico kantiano establece que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos, y nunca como medios para alcanzar objetivos particulares. Usar a civiles o instalaciones civiles como escudos o como instrumentos de presión política violan este principio fundamental.

La intervención de múltiples actores no estatales complica el panorama. Hezbolá no es Líbano, las milicias chiitas no son Irak, los hutíes no son Yemen y la Yihad Islámica tampoco es Gaza. Sus ataques ponen en peligro a naciones enteras. Respaldados por Irán, actúan como estados al interior de otro estado, con agendas propias. Estos actores no gubernamentales exacerban la violencia, haciendo peligrar a los civiles.

Los ataques que no discriminan entre objetivos militares y civiles son acciones éticamente reprobables. Por ello la instrumentalización de civiles es condenada por atentar contra la dignidad humana; diferencia valorativa aprovechada por grupos terroristas, que usan a civiles –incluyendo rehenes– para evitar represalias.

La comunidad internacional, en medio de la polarización, impide la búsqueda de soluciones al conflicto. Los países toman partido en base a afinidades, intereses políticos o económicos restando objetividad, reforzando las posturas extremas. La incapacidad para condenar las violaciones al derecho internacional humanitario de cualquiera de los actores involucrados contribuyen a la perpetuación del conflicto. La ausencia de crítica hacia grupos terroristas o la violación de derechos humanos, crea un vacío moral y legal que favorece la impunidad, perpetuando la violencia.

El conflicto en Oriente Medio es un reflejo de cómo las narrativas contrapuestas y las acciones basadas en la deshumanización del otro conducen a una espiral de violencia y sufrimiento donde todos los civiles son las verdaderas víctimas. Una efectiva negociación de paz requiere un enfoque multidimensional, que aborde las raíces del problema con una postura imparcial y coherente, pero sobre todo la capacidad de condenar las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional independientemente de quién las cometa.